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El plan piloto con el que se implementaría la entrega de unos “carnets de habitante fronterizo” por parte de la Dirección General de Migración (DGM) a los pequeños comerciantes haitianos que participan en los mercados binacionales en la frontera, ha sido suspendida debido a la situación socioeconómica que vive Haití.

Durante una visita al director de Listín Diario, Miguel Fanjul, el director general de Migración, Enrique García, explicó que  esos carnets estaban supuestos a ser expedidos el mes pasado y no el día de la Independencia Nacional, como había sido difundido.

“Ese carnet no se pondrá en vigencia por el momento debido a la situación de inestabilidad vivida en la vecina nación, además de algunas situaciones técnicas que nos faltan por estudiar; la entrega estaba supuesta a realizarse el 27 y el 28 de enero pero decidimos suspenderla hasta tanto mejoren las condiciones de la vecina nación”, detalló García al expresar las razones de la suspensión.

El funcionario agregó que no se tiene una fecha de cuándo se iniciaría con el plan piloto de la entrega de ese carnet pero sí enfatizó que a su entender, el mismo es un “primer intento” para controlar esa zona fronteriza con los mercados binacionales. “Yo sí creo que ese es el primer paso para controlar la frontera, ese es un simple carnet que no da ningún derecho al ciudadano haitiano…ellos no pueden dormir aquí, ni podrán salir de la demarcación que les toque”, manifestó García, tras agregar que tampoco les da derecho a trabajar fuera de su lugar en el mercado donde laboren.

El plan piloto
Los carnets fronterizos están establecidos en la resolución número 09-2021, que a su vez fue creada según la Ley General de Migración. Su objetivo es establecer el diseño y la implementación del “Plan Piloto de Ejecución de la Subcategoría Migratoria del Habitante Fronterizo”, para los extranjeros de nacionalidad haitiana, con el fin de colaborar con el buen desenvolvimiento de las actividades socio comerciales que se realizan en esa zona del país.

Estatus temporal
“El estatus temporal bajo la subcategoría de habitante fronterizo es una figura que nace en la Ley General de Migración 285-04 con el fin de dar un estatus temporal dirigido a la población residente en el área de Haití, limítrofe al territorio dominicano, y busca generar el registro de información de esta población migrante y otorgar un beneficio temporal de regularización a quienes cumplan con los requisitos”, indica la resolución 09-2021.

Establece que el estatus de habitante fronterizo tendrá una vigencia de un año; asimismo, la Dirección de Migración podrá cancelar el carnet cuando el habitante fronterizo viole los perímetros de circulación o las condiciones de permanencia, la violación al ordenamiento jurídico dominicano y por incurrir en infracciones a la normativa migratoria con posterioridad al otorgamiento del estatus temporal otorgado.

“Si el carnet dice que una persona está carnetizada para estar en Dajabón y es encontrado en Pedernales, se le cancelará su carnet y será deportado inmediatamente, pero repito todo eso está parado por ahora”, manifestó García, quien estuvo acompañado del encargado de comunicaciones de esa entidad, Carlos Batista.

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Sepa más
La frontera  es zona sensible
La publicación.
Listín Diario publicó ayer en primera plana la información sobre la entrega del carnet especial, que daría paso libre a los haitianos para trabajar y realizar otras actividades comerciales sin la intención de quedarse en República Dominicana.

Denuncias de robos.
Ganaderos y agricultores de la zona fronteriza denuncian el robo de su producción, por parte de de haitianos que cruzan de manera ilegal o los que trabajan en esas demarcaciones de manera informal.

Inestabilidad.
En Haití ha prevalecido un situación de inestabilidad en los últimos años, que se agravó luego del asesinato de su presidente Jovenel Moise, cuya investigación todavía no finaliza.

El registro de casos y positividad del virus del Covid-19 mantiene una reducción sistemática durante 14 días consecutivos en el país, de acuerdo a los registros epidemiológicos, mientras ayer se notificaron cuatro nuevos fallecimientos elevando a 4,336 el total de fallecidos a nivel nacional.

Ayer se registraron además 1,324 nuevos casos positivos de los virus distribuidos en diferentes provincias del país y la hospitalización de 257 pacientes en camas regulares Covid.

El doctor Ronald Skewes, director Nacional de Epidemiología, indicó que la variante ómicron sigue predominante en el país, pero que ya su pico de incidencia terminó, por lo que se espera que la positividad baje abruptamente en los próximos días, tal como ha estado ocurriendo con la incidencia de las últimas cuatro semanas.

Dijo que, aunque hay varias provincias donde todavía la incidencia es alta, en la mayoría ha disminuido y pidió evitar participar de eventos de gran magnitud donde se aglomera gran cantidad de personas y seguir utilizando la mascarilla de manera indispensable en lugares públicos para evitar contagios.

“En el mes de enero se registró hasta un 40 por ciento en la positividad de las muestras aplicadas, pero gracias a las acciones del Ministerio de Salud la situación ha ido disminuyendo hasta los valores que vemos hoy”, dijo.

Manifestó que las provincias de mayor densidad poblacional aportan un número de casos más alto, representando el 69% de los contagios, no obstante, explicó que la positividad está disminuyendo y colocándose en valores menores a cuando inició la pandemia en el país.

En tanto, el boletín 692 del Ministerio de Salud Pública, reportó que tras procesar 9,194 muestras de laboratorio en las últimas 24 horas fueron detectados 1,324 casos positivos.

Reporta una ocupación del 11 por ciento de las camas regulares Covid-19, del 15% en las de Cuidados Intensivos (UCI) y de 11 por ciento en el uso de ventiladores.  Hasta la fecha en el país se han procesado 3,013,224 muestras de laboratorio para diagnosticar el virus, equivalentes a 288,388 por millón de personas.

Con la entrada al sistema de cuatro nuevos fallecimientos, se elevan a 4,336 los decesos registrados, para una letalidad en 0.77 por ciento y una mortalidad por millón de habitantes de 414.99.  Hasta ayer se notificaron 4,262 casos activos del virus y un acumulado de 565,791 registros positivos y 557,213 recuperados.

La positividad diaria se situó en 27.20% y la de las últimas cuatro semanas en 18.63%.  En las últimas 24 horas se hicieron 211 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) del total de muestras procesadas, y 8,983 de antígeno, de las que 4,868 se hicieron por primera vez, y 4,326 subsecuentes.

El notario público del sorteo de la lotería denominada La Primera, celebrada este miércoles a las 12:00 del mediodía, realizó una hazaña poco convencional, a la vista de todos los televidentes y las demás autoridades que se encontraban en el set de grabación.

Ramón Andrés Ávila, notario público bajo la matricula 4804, al momento de “certificar el sorteo”, como le llamó la presentadora, se acerca a la primera tómbola del globo A, toma en sus manos un bolo, lo observa y vuelve a echarlo en la tómbola para proceder a menearla y sacar el número 54, denominado como el primer premio.

Otra de las situaciones poco usuales con el sorteo, es observar cómo la tómbola del bolo correspondiente al tercer premio, mientras es enfocada por la cámara, nunca enciende el aire que genera el movimiento de los bolos, por lo que se cambia de cámara hacia la presentadora Gabriela de la O.

En este sorteo el primer premio lo obtuvo el número 54, el segundo premio 12 y tercero 36.

En el sorteo también participó una representación del Ministerio de Hacienda, Pedro Luis Berrroa; de la Firma de Auditores Externos Consultores DB & Martínez, Nicole Ramírez.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, planteó una \”pausa\” en las relaciones con España, que manifestó su \”sorpresa\” frente a esta sugerencia alentada por fricciones entre el mandatario y empresas españolas.

\”La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos (…), pero no queremos que nos roben\”, dijo el mandatario izquierdista este miércoles en su conferencia matutina.

López Obrador aclaró, sin embargo, que esto no significa una ruptura diplomática o un retiro de embajadores. \”No, no, para nada, es nada más irnos despacio, nos conviene una pausa, un tiempo\”.

Desde Lyon (Francia), el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, expresó su \”sorpresa\” por esos comentarios.

\”El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo\”, aseguró Albares, según declaraciones transmitidas a la prensa por su despacho.

La \”pausa\” reclamada por el presidente mexicano, informó el ministro español, \”no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo\”.

\”Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir\”, instó Albares.

El gobernante mexicano ya había adelantado que no se comunicaría de manera formal la necesidad de esta \”pausa\”.

– Tensa relación –

Tras asegurar que \”ahora no es buena la relación\” con España, López Obrador arremetió una vez más contra firmas españolas como Repsol e Iberdrola, con inversiones en México en los sectores petrolero y eléctrico, respectivamente.

Las acusa de haber pagado en el pasado sobornos a cambio de contratos, con la complicidad de gobiernos de España y México.

\”Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España (…). México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Vale más darnos un tiempo, una pausa\”, insistió.

Pero el ministro español sostuvo que la de España y México \”es una relación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas\”.

\”Lejos de la pausa, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos, debemos acompañar\”, añadió.

En particular, las críticas a Iberdrola se han intensificado en medio del trámite legislativo de una reforma impulsada por López Obrador, que prevé ampliar el control estatal en el sector eléctrico.

El proyecto plantea reservar al menos 54% de la producción de electricidad a la estatal CFE, contra el 38% actual y el 62% que detenta el sector privado, incluida Iberdrola.

España es el primer socio comercial europeo de México con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales de 2020.

Matizando sus declaraciones, López Obrador sostuvo que no se \”se trata de pelearnos\” y que su planteamiento era apenas \”un comentario\”. ¿Ya no puedo hacer un comentario entonces?\”, expresó.

La cancillería mexicana no ha respondido a preguntas de la prensa, vía electrónica, sobre el alcance de las afirmaciones del mandatario.

Tras la llegada del líder izquierdista a la presidencia, en diciembre de 2018, las relaciones de México con España se han tensado además ante reclamos por la violencia ejercida durante el período de la conquista.

En marzo de 2019 el presidente dirigió una carta al rey Felipe VI demandándole que pidiera disculpas a México por la conquista, una solicitud que fue ignorada por Madrid.

México fue defensor de la República española y rompió relaciones con el gobierno de Francisco Franco en 1939. Se restablecieron hasta la muerte del dictador, en 1977.

Pandillas cibercriminales se están volviendo cada vez más adeptas en el hackeo y son cada vez más profesionales, estableciendo incluso un sistema de arbitraje para resolver disputas sobre pagos entre ellas, de acuerdo con un reporte preparado por Estados Unidos, Australia y el Reino Unido que ofrece una imagen sombría de las tendencias del ransomware.

Las pandillas de ransomware, que hackean objetivos y retienen su información por medio de codificación, causaron amplios problemas el año pasado con ataques prominentes contra la mayor empacadora de carne en el mundo, el mayor oleoducto en Estados Unidos y otros blancos. Los gobiernos occidentales han dicho que combatirán a las criminales digitales, que operan mayormente en Rusia, pero no han conseguido mucho avance.

El nuevo reporte sobre tendencias del ransomware en 2021 resalta la creciente madurez y la especialización de ese mercado, con operadores interdependientes cubriendo ese lucrativo segmento. Los especialistas van ahora desde los hackers que pueden acceder a las redes o crear ransomware hasta los operadores no técnicos que negocian pagos con las víctimas. El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido dijo que ha visto a algunas pandillas ofrecer un centro de ayuda 24/7 a las víctimas para acelerar los pagos y recuperar la información encriptada.

Existen incluso árbitros que resuelven disputas de pagos entre los diversos ciberdelicuentes, dice el reporte.

“El mercado criminal es increíblemente eficiente y evoluciona constantemente”, dijo John Hultquist, vicepresidente de análisis de inteligencia en la firma de ciberseguridad Mandiant. “El hecho de que pueden operar de esa manera es evidencia de nuestra incapacidad para controlar el problema”.

El reporte describe además las crecientes capacidades técnicas de las pandillas de ransomware, que han conseguido atacar la infraestructura de la nube —promovida a menudo como una alternativa más segura que guardar datos localmente— y han podido desarrollar códigos para frenar procesos industriales. Las autoridades estadounidenses dicen que han visto ataques con ransomware en 14 de 16 sectores designados como infraestructura crítica, incluyendo base industrial militar, de agricultura y tecnología de información.

“Cuando la infraestructura clave es puesta en peligro por hackers extranjeros que operan desde lugares seguros en un país adversario, eso es un problema de seguridad nacional”, dijo en un comunicado Rob Royce, director de ciberseguridad en la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), y añadió que responder al ransomware es “un foco significativo” de la NSA.

El reporte conjunto fue emitido el miércoles por el FBI, la NSA y la Agencia de Seguridad en Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, así como por los Centros Nacionales de Ciberseguridad de Gran Bretaña y Australia.

El reporte dijo que luego de hackeos al oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos en mayo y el procesador brasileño de carne JBS SA en junio, “grupos de ransomware sufrieron tropiezos de parte de las autoridades estadounidenses a mediados de 2021” y han dedicado su atención a blancos medianos para reducir el escrutinio.

Pero las autoridades británicas y australianas dicen que no han visto una tendencia similar en sus países. Kaspersky Labs reportó en diciembre que incidentes de ransomware en 2021 representaron el 47% de su respuesta global, comparado con 38% el año previo. En Estados Unidos, sin embargo, los ataques con ransomware detectados por su agencia bajaron 33% en 2021 respecto de años previos. Eso se compara con un aumento de 30% a nivel mundial.

En el último mes, las víctimas de ransomware han incluido almacenes de combustible marítimo en Bélgica y Alemania y organizaciones de prensa en Portugal. Un hackeo contra la compañía celular Vodafone en Portugal esta semana tenía todas las características de ransomware, aunque el director general de la compañía en el país dijo que no había recibido una demanda financiera.

Como resultado de una larga lucha de organizaciones feministas, el gobierno salvadoreño liberó a una mujer que cumplía una condena de 30 años de cárcel después de sufrir una emergencia obstétrica durante su embarazo. Primero fue acusada de aborto y al final fue procesada por el delito de homicidio agravado.

“Celebramos que Elsy ha sido liberada después de estar injustamente en la cárcel un poco más de diez años. Su errónea sentencia de 30 años por homicidio agravado ha terminado”, dijo el miércoles a The Associated Press Morena Herrera, que dirige la organización sin fines de lucro Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto.

Elsy es la quinta mujer que ha sido liberada desde diciembre de 2021 de las 17 salvadoreñas que Herrera dijo han sido “encarceladas injustamente por sufrir emergencias obstétricas”.

“Salió por conmutación de pena y se le restituyen todos sus derechos”, agregó.

Elsy se reunió el miércoles con su familia en el municipio de Yayantique, departamento de La Unión, en la zona oriental del país.

El 15 de junio de 2011, Elsy, una madre soltera de 28 años, se encontraba trabajando como empleada doméstica cuando sucedió la emergencia de salud y buscó ayuda, pero en lugar de recibir atención médica fue arrestada de inmediato bajo sospecha de tener un aborto y después de un proceso judicial, que los activistas señalan estuvo lleno de irregularidades, fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado.

El colectivo feminista asegura que Elsy no contó con una defensa que vigilara sus derechos; únicamente con un defensor público.

Herrera explicó a la AP que, aunque la Corte Suprema de Justicia resolvió conmutar la condena a Elsy y el Ministerio de Justicia lo avaló, el Juzgado de Vigilancia se negó a proceder con su libertad, por lo que se interpuso un recurso de apelación y una Cámara Superior ordenó su libertad inmediata.

El 23 de diciembre, el gobierno del presidente Nayib Bukele otorgó libertad a Karen, Kathy y Evelyn, y el 17 de enero de 20221 fue liberada Kenia tras pasar nueve años injustamente en la cárcel. Las tres mujeres habían recibido condenas de 30 años de prisión.

En las últimas dos décadas, cerca de 181 mujeres que han experimentado emergencias obstétricas han sido perseguidas penalmente en El Salvador. Desde 2009, con la luca de del colectivo feminista 61 han sido liberadas.

En diciembre se impulsó la campaña “Nos Faltan Las 17”, que tiene como objetivo crear conciencia sobre el trato injusto que reciben las mujeres que sufren complicaciones en el embarazo en El Salvador.

La campaña publicó un video con varias celebridades estadounidenses, entre ellas, América Ferrara, Mila Jovovich, Katheryn Hann, Paola Mendoza y Reshma Saujani, pidiendo al presidente Nayib Bukele y a la sociedad salvadoreña en general que hagan posible que estas mujeres regresan a casa.

El pasado 30 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró responsable al Estado salvadoreño por violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, quien fue detenida en 2008 luego de ser acusada de provocarse un aborto. La mujer murió en 2010 mientras cumplía condena, dejando huérfanos a sus dos hijos.

La Corte consideró que “Manuela” era una mujer de bajos recursos económicos y analfabeta. En febrero de 2008, mientras vivía en una zona rural junto a su familia, sufrió una emergencia obstétrica y fue atendida en un hospital público en la zona oriental del país, donde fue denunciada por el personal médico que la atendió durante la emergencia y fue detenida. Fue condenada posteriormente a 30 años de prisión.

Organizaciones defensoras de las mujeres sostienen que “Manuela” fue juzgada sin una defensa judicial efectiva y que fue condenada injustamente. Dicen que además se le negó atención médica para enfrentar el cáncer mientras se encontraba en la cárcel.

Activistas han señalado que, en El Salvador, en su gran mayoría las mujeres procesadas son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana.

El Salvador es inflexible con las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado. Sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas victimas de violación, la ley lo castiga.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga a las mujeres como a los médicos. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a los ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 30 años de prisión.

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se declaró el miércoles en huelga de hambre en su celda a un día de que se le inicie un juicio por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes cuando tomó el mando del país.

En 2019 Áñez fungía como senadora y se proclamó presidenta interina después de la crisis que detonó un estallido social con 37 muertos y precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019) tras unos comicios denunciados como fraudulentos.

Once meses después, Áñez llamó a nuevas elecciones que fueron ganadas por el heredero político de Morales, Luis Arce, cuyo gobierno impulsa juicios contra opositores a los que acusan de haber llevado a cabo un “golpe de Estado”.

“Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce. Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas serán para demostrar que estos hombres, machos del poder, no podrán ocultar de la historia el fraude que cometieron”, expresó Áñez mediante una carta que leyó a los medios su hija Carolina Ribera.

Ribera aseguró que la medida de su madre será hasta las “últimas consecuencias”. “Dios quiera que las autoridades, tanto de justicia como el gobierno, se pongan una mano al pecho y vean que primero hay que priorizar la vida de una mujer, de una madre, dejando a un lado la política y la venganza”, agregó.

Áñez, de 54 años, tiene otros cuatro procesos, entre ellos, por sedición y terrorismo. Otro de esos procesos es por dos masacres perpetradas por las fuerzas del orden en las que murieron 20 seguidores de Morales.

Arce ha reiterado en varias oportunidades que su gobierno busca que se haga justicia, pero 21 expresidentes de América Latina señalaron que la exgobernante tiene derecho a gozar de un juicio en libertad y a un debido proceso.

El miércoles por la tarde una corte negó nuevamente su pedido para defenderse de las acusaciones en libertad. En la audiencia la exmandataria expresó que se trata de un juicio político y no uno de responsabilidades.

“Tengo derecho a un proceso justo, señor juez, con un tribunal competente, como es el Tribunal Supremo de Justicia, si la Asamblea Legislativa lo aprueba con dos tercios de los votos de sus miembrosW, sostuvo la exgobernante en su audiencia.

Un grupo de expertos internacionales que investigó los hechos de 2019 concluyó que la responsabilidad de la crisis y de las muertes recae en los gobiernos de Morales y Áñez y reclamó una reforma pronta para evitar que el Poder Judicial y la Fiscalía sigan siendo usados por el poder político con fines de “persecución”.

En el mismo caso también están acusadas nueve personas que fueron altos mandos militares y policiales, entre ellos, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón. Ambos están prófugos de la justicia.

En 2021, el puerto admiistrado por la empresa consecionaria Haina International Terminals (HIT) transitaron más de 1,587 buques en un momento en el que se inspeccionaban 40 contenedores cada 24 horas, sin embargo, ahora la terminal portuaria podrá supervisar cerca de 1,000 contenedores en un día, gracias a la instalación de un nuevo equipo Rayos X.

En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se ofrecieron detalles sobre este escáner que permitirá inspeccionar entre 40 a 50 contenedores en menos de dos horas.

El equipo, que fue donado por HIT a la Dirección General de Aduanas (DGA), pertenece a la serie de acciones que buscan impulsar el programa Despacho en 24 Horas de entidad estatal y conllevó una inversión de tres millones de dólares.

Para el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, el puerto Rio Haina es la arteria comercial fundamental de la economía dominicana y de la región del Caribe, por lo que la puesta en funcionamiento de este escáner es un gran avance para lograr el objetivo de posicionar a República Dominicana como un Hub Logístico de clase mundial.

“Lo anunciamos, lo trajimos, lo instalamos, capacitamos al personal y 10 meses después está funcionando a plenitud”, agregó Sanz Lovatón.

El escáner Rapiscan modelo Eagle P60-S de fabricación norteamericana facilitaría y reduciría los procesos de inspección de mercancías y el tiempo de los contenedores en el puerto ubicado en Haina y que fue el primero en obtener la certificación Operador Económico Autorizado (OEA).

Al pronunciar un discurso, la vicepresidenta Raquel Peña, destacó que con el uso de esta tecnología de Rayos-X, se reforzará el programa de Despacho en 24 Horas, el cual ella valoró como “muy eficaz” por parte de la DGA.

Peña consideró, además, que estas estrategias son una muestra de  eficiencia, burocracia cero y transparencia.

El CEO de HIT, Erik Alma, destacó que este puerto compite en el ámbito internacional, por lo que es un orgullo poder continuar con el compromiso del desarrollo de la terminal portuaria con la inauguración de este escáner.

¿Cómo funciona el escáner?

De acuerdo con la DGA, el despacho ágil de los contenedores es posible gracias a que este dispositivo evita la apertura en rampa y la verificación física de estos, sobre todo para las cargas que no representan riesgos.

La integración entre el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), el Sistema del Puerto NAVIS y Rapiscan permiten hallar la Declaración Única Aduanera (DUA) y el manifiesto de la carga, los cuales son presentados en la pantalla del analista de imagen junto a la imagen generada por el equipo.

Mientras se realiza el proceso de escaneo los camiones deben mantener una velocidad de entre 5 y 10 kilómetros por hora constantes, por lo que no necesitan detener su marcha para que el sistema realice el proceso.

Movimiento
El despacho diario promedio del Puerto Río Haina era de 400 contenedores

Proceso
En estos últimos 10 meses se ha estado trabajando en el proceso de ingeniería y entrenamiento del personal que operará la máquina.

La vice
La vicepresidente Raquel Peña destacó los esfuerzos y desempeño de Aduanas y Eduardo Sanz Lovatón, por reducir los tiempos de despacho y aumentar las recaudaciones.

La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo volvió a rechazar el recurso contencioso del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) contra la decisión del Instituto de Aviación Civil (IDAC) declarando lesivo al interés colectivo esa infraestructura y que ordenaba la paralización de los trabajos de construcción de la misma.

Con esa decisión, la tercera en contra el interés de construir esta terminal aeroportuaria, se caen los argumentos de los proponentes de ese proyecto, al disponer la autoridad judicial la paralización indefinida del mismo.

De forma unánime, los tres magistrados que conforman la sala, legitimaron así el paso dado por el IDAC y que efectivamente impide a los patrocinadores del AIB desarrollar el proyecto.

La sentencia fue evacuada el 28 de enero y en su inciso 37 estipula, además, que a la fecha el Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, SAS., no ha realizado depósito de “los documentos e informes técnicos pertinentes para la continuación de la obra aeroportuaria, actuando en franca violación a la Ley 47-20…”

La decisión del TSA está ampliamente sustentada y toca puntos cruciales que dejan en entredicho la posibilidad de que ese aeropuerto pueda obtener la aprobación oficial en vista de los requerimientos incumplidos.

En las consideraciones, se descarta un potencial reclamo en daños y perjuicios por parte del AIB al establecer que “no se ha iniciado ningún tipo de construcción y que de hecho no se había cumplido con la normativa relativa a la acreditación de los títulos de propiedad…lo que implica, al respecto, que el otorgamiento de autorización inicial de hecho no ha podido producir efectos”.

A juicio del tribunal, el AIB ha transgredido las normas del debido proceso administrativo jurídicamente protegido con rango constitucional”, y es otra de las razones que avalan el rechazo del recurso contencioso administrativo, y “en consecuencia, se confirma la Resolución de fecha 22 de diciembre del año 2020 emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)”.

Para evitar tropiezos jurídicos, la declaración de lesividad por parte del IDAC se ciñó a la comunicación número 2293, de fecha 11 de agosto del año 2020, dictada por ese mismo organismo, que formaliza el inicio el proceso de construcción y fiscalización del AIB. La invalidez de la comunicación prohíbe la continuidad del proyecto presidido por Abraham Hazoury.

En las consideraciones de la sentencia se hace notar que los patrocinadores del AIB nunca han presentado estudios de viento, estudios de temperatura para definir la dimensión de pista por un período de cinco años exigidos por el RAD-14, estudios que demuestren si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, y estudio relacionado al peligro de aves, ya que el proyecto operaría en una zona donde hay tres vertederos.

Dado que un aeropuerto privado implica al Estado la prestación de servicios que requerirán de fondos públicos, de manera novedosa la sentencia sitúa tales proyectos en el campo de las alianzas público-privadas, cuya dirección general considerará los documentos requeridos “en los que deberán identificar los flujos de recursos públicos y privados, firmes y contingentes, otros recursos públicos no presupuestarios, el costo de los estudios realizados y presentados, así como cualquier acción gubernamental requerida durante la vigencia de la alianza público-privada”.