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La construcción de varias de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que se anunciaron en diferentes provincias avanza lenta, mientras crecen las expectativas de los ciudadanos en esos lugares.

Por ejemplo, el recinto que se construye en Hato Mayor, desde hace dos años está paralizado por falta de pagos de cubicaciones reportadas desde mayo que se le adeudan al ingeniero y contratista, José Polanco. En el mismo mes la obra fue reiniciada por el peresidente Luis Abinader.

La obra se levanta en terrenos adquiridos para esos fines por el Patronato de Apoyo a la Educación Superior y Técnica de la provincia y está contratada para ser construida a un costo de RD$400 millones de pesos en dos etapas. Mientras que la segunda etapa comprende otros dos edificios que ya fueron licitados, adjudicados y que se tenía previsto iniciarlos en este mes de agosto.

Expectativas
La edificación está pautada construirse en 12,520 metros cuadrados de construcción y acogerá una matrícula de 4,000 estudiantes de la provincia y zonas aledañas. Esta supuestamente se encuentra en un 50 por ciento de edificación. Por su lado, el senador Cristóbal Castillo, ha visitado en varias ocasiones la obra con fines de supervisión y gestionar que se agilicen los trabajos.

Los planos de Neyba
Mientras que la empresa que construirá la Ciudad Universitaria en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, se encuentra a la espera de los planos para dar inicio a la construcción, ya que el Gobierno habría entregado el avance de la partida correspondiente.

“Nosotros estamos listos esperando la entrega de los planos para arrancar, los planos siempre hay que revisarlos bien”, indicó el ingeniero Juan Carlos Montero. El inicio de la obra sse formalizó durante un acto el mes pasado encabezado por el presidente Abinader.

Esta semana varios hombres accionaban en el levantamiento de un campamento donde se construirá la infraestructura, mientras, un equipo de LISTIN DIARIO observó un furgón y maquinarias pesadas que serán utilizadas en los trabajos.   El mandatario prometió también que dispondrá de medios de transporte para los estudiantes de la unidad académica que residen fuera de la jurisdicción donde se construirá la sede.

Remueven tierra en Baní
En su visita número 6 a Baní, el 13 de julio pasado, el presidente Abinader, en medio de un nutrido acto de funcionarios, autoridades y militantes del PRM, colocó el primer block en los terrenos del centro UASD-Baní.

Dejó así iniciados los trabajos de construcción de la Ciudad Universitaria aquí.Ayer en la tarde una retroexcavadora removía volúmenes de tierra que luego depositaba en la caja de un camión volteo para nivelar el terreno.

Solo trabajaban un obrero, el operador de la retroexcavadora y su máquina, así como unos tres choferes que en sus camiones volteos retiraban la tierra removida del amplio terreno, donde ya se evidencian los profundos huecos del trabajo de varios días. Un par de capataces, intervinieron al notar la presencia de este reportero, para preguntar, qué buscaba, sin permiso.

El operador de la máquina que remueve los terrenos informó entre dientes, “esta mañana estaban todos los ingenieros y el personal que puede dar información sobre estos trabajos”, y luego siguió en lo suyo.

En su visita el presidente Abinader observó los planos para la construcción, que se levanta en un área de 910 mil metros cuadrados,  tendrá un costo de RD$980 millones y beneficiará a unos 2,000 estudiantes.

Instalaciones.
El Ministerio de La Vivienda y Edificaciones (MIVED) es la responsable de las instalaciones para la UASD subcentro Neyba que será construida en un período de 18 meses, según informó en ese municipio el presidente Abinader durante su visita.

Recintos en marcha.
Abinader ha prometido llevar la UASD a Santo Domingo Este, Dajabón, Elías Piña, Neyba, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez (Cotuí), Hato Mayor, Azua, Peravia (municipio Baní) y San Cristóbal, entre otras comunidades.

Con la puesta en operación de 18 drones, la Policía Nacional se sitúa en mejores condiciones para combatir la delincuencia y disminuir los niveles de inseguridad en el país, porque puede tener una visión más adelantada de la situación en el terreno.

Según explicó el detective Emmanuel Jiménez a periodistas de Listín Diario, estos instrumentos forman parte de un plan piloto y servirán como guía para los uniformados en operativos especiales.

“Tenemos muchos desaprensivos que huyen o intentan atacar a las patrullas desde las azoteas o desde los callejones y el agente no tiene contacto visual, en esos casos el dron puede ir incluso tres kilómetros adelante del perímetro y ofrecer un chequeo rápido del panorama minutos antes de que llegue el agente”, dijo Jiménez.

Por otro lado, el también presidente de la Asociación Dominicana para el Desarrollo Policial, detalló que estos drones podrán ser utilizados en operativos de búsqueda de personas desaparecidas o rescates.

“Con un dron de estos se podría agilizar este trabajo”, agregó.

Características drones
Sin ahondar en el costo presupuestario que supone para el Estado la adquisición y el mantenimiento de estos aparatos, Jiménez explicó que cuentan con tres tipos de drones, dependiendo de su alcance. Los drones de alto alcance podrán recorrer una trayectoria de cinco kilómetros y una altura de 500 pies, aunque en realidad tienen capacidad para volar a una altura máxima de 6,000 metros por un tiempo de 31 minutos.

Mientras que los de mediano alcance cuentan con una altura aproximada de 300 a 400 pies y pueden recorrer una distancia de dos a tres kilómetros.

El equipo que integra la unidad táctica móvil de vigilancia dio una demostración a reporteros de este rotativo sobre la manera en la que se manipulan los instrumentos.

Según sus indicaciones, el uniformado a cargo de controlar el mando puede ver, desde su pantalla con resolución 4K, la trayectoria que sigue el dron, así como su ubicación y altura en tiempo real.
Este control incluye un micrófono que capta el sonido y lo reproduce directamente en el aparato como una especie de altoparlante, dándole así la oportunidad a la policía de dar instrucciones a la multitud, evitando el contacto “cuerpo a cuerpo” con la ciudadanía.

El grupo de pilotos que operan desde el pasado jueves los 18 drones, se compone de unos 42 agentes que se prepararon y certificaron previamente para la tarea.

“Es una herramienta de apoyo con miras a ampliarse, pero aún está en fase piloto”, aclaró el detective.

Distribución
Jiménez dijo también que los drones están distribuidos  entre el Palacio de la Policía Nacional, Unidad Táctica de la SWAT (por sus siglas en ingles Armas y Tácticas Especiales), la regional de Santiago y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Cámaras de seguridad
Además de esta nueva unidad táctica de vigilancia con drones, desde hace varios meses la PN cuenta con unas 339 patrullas policiales con cámaras de seguridad integradas.

El vocero de la entidad castrense, Diego Pesqueira, también resaltó como parte de las ejecutorias que se contemplan para la mejora del trabajo policial, que en la actualidad, unos 240 agentes realizan sus servicios con cámaras corporales. “Esto servirá para corregir malas actuaciones y resaltar las buenas (…), muchas veces el ciudadano denuncia un mal comportamiento del policía y viceversa y eso genera un punto de análisis, entonces con las cámaras nos ayudan con eso”, dijo Pesqueira.

Es parte de la Reforma

Este jueves, el presidente Luis Abinader encabezó la puesta en operación de una nueva unidad táctica de vigilancia que se ejecutará mediante drones, sumándose a otras medidas que han implementado para contener actos delictivos.

Esta otra medida, según el mandatario, que forma parte de la “reforma y modernización de la Policía Nacional”, la cual catalogó como un compromiso “irrenunciable” por el cual están haciendo “todos los esfuerzos posibles”.

“La reforma de la Policía Nacional es también un clamor del pueblo que se merece contar con un cuerpo policial profesionalizado, cercana al ciudadano, que vele en todo momento por el bienestar general de los dominicanos”, agregó Abinader.

La Policía de Nicaragua le impuso el viernes el arresto domiciliario al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y envió a una prisión policial a varios de sus colaboradores tras acusarlo de incitar al odio y organizar grupos violentos. Las detenciones son el colofón de semanas de creciente tensión entre la Iglesia católica y el gobierno de Daniel Ortega.

En un comunicado la policía informó que realizó un operativo en la Curia episcopal de Matagalpa, en el norte del país, y trasladó a Managua a Álvarez y a sus acompañantes para realizar “indagaciones de ley”. No precisó cuántos eran los otros detenidos ni dio detalles de su identidad.

“El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital”, agregó el documento. Las demás personas “continúan cumpliendo las diligencias respectivas en la Dirección de Auxilio Judicial”, conocida como la cárcel de El Chipote, donde están encerrados varios líderes opositores al gobierno de Ortega.

Según la prensa local el grupo de colaboradores de Álvarez lo conforman cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.

Álvarez y sus allegados permanecieron 15 días en la Curia de Matagalpa rodeados por efectivos y patrullas de la policía, que anunció que investiga al obispo por “incitar al odio” y “organizar grupos violentos”.

La policía adujo que esperó durante días una “comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse”. Según el informe, el operativo se realizó porque persistieron “las actividades desestabilizadoras y provocadoras” por parte del religioso.

El comunicado aseguró que monseñor Álvarez se ha reunido con familiares y fue visitado por el cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, y que en la Curia de Matagalpa permanece “sin ninguna restricción policial o de movilidad” el vicario monseñor Oscar Escoto.

“Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes”, dice el comunicado.

A primera hora del viernes la diócesis de Matagalpa publicó en las redes sociales el mensaje: “#SOS #Urgente. A esta hora la Policía Nacional ha ingresado a la Curia episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”.

En un mensaje de Twitter, “con el corazón indignado y dolido”, el exiliado obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, condenó “el secuestro nocturno” de Álvarez y exigió información sobre su paradero.

“¡Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo! ¡Que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen! De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico”, escribió monseñor Báez, a quien el Vaticano retiró de Nicaragua en 2019.

El arresto del prelado también mereció una condena del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al gobierno nicaragüense su “liberación inmediata” y garantizar “su vida e integridad personal”.

Almagro también exigió en su cuenta de Twitter la libertad inmediata de todos los “presos políticos”.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica”, dijo el portavoz Farhan Hag en rueda de prensa.

Varias conferencias episcopales en Latinoamérica, entre ellas de Costa Rica y Perú, se solidarizaron con el obispo Álvarez y demás religiosos detenidos, el pueblo y la Iglesia católica nicaragüense. “La violencia nunca ha construido, solamente ha sembrado las semillas de la pobreza y del odio”, señaló la Conferencia Episcopal Peruana en una carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez.

Los obispos costarricenses llamaron al “respeto a la libertad religiosa, a la dignidad de las personas y a la misión de la Iglesia que en Nicaragua llevan adelante fieles laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos”.

El gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes. Decenas de líderes políticos de la oposición fueron arrestados el año pasado, incluidos siete posibles candidatos para desafiarlo a la presidencia, y fueron condenados a prisión en juicios rápidos y cerrados al público.

A su vez el Congreso, dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, ordenó el cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa.

En un mensaje de vídeo, Pablo Cuevas, abogado del no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos, condenó la detención de Álvarez pero dijo que no era inesperada. “Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez”, afirmó.

Edwin Román, un sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos, tuiteó: ”¡DIOS MÍO! Qué barbaridad, se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él”.

Álvarez ha sido una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega llevó a una represión que dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

Según Ortega la revuelta social fue un “fallido golpe de Estado” con apoyo extranjero y de la Iglesia católica nicaragüense. La oposición sostiene que en el país hay al menos 190 “presos políticos”, pero Ortega asegura que son “delincuentes y terroristas”.

Un mes después del estallido de las protestas Álvarez reclamó reformas electorales que garantizaran elecciones libres, justas y transparentes con observación internacional.

El obispo ha mantenido esos llamados a la democracia durante los últimos cuatro años, lo que enfureció a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Anteriormente, el gobierno había cerrado ocho radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua. Siete de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia católica.

Días atrás la Arquidiócesis de Managua expresó su apoyo a Álvarez. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “acoso constante” al pueblo y a la Iglesia nicaragüense.

Sin embargo, el Vaticano guardó silencio público durante casi dos semanas, lo que provocó las críticas de intelectuales latinoamericanos y activistas de derechos humanos.

El viernes pasado monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a las partes que “busquen vías de entendimiento”.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ortega ha tenido una relación complicada con la religión predominante de Nicaragua y sus líderes durante más de cuatro décadas. El exguerrillero marxista enfureció al Vaticano en la década de 1980 pero gradualmente forjó una alianza con la Iglesia mientras intentaba recuperar la presidencia en 2007 después de un largo período fuera del poder.

Inicialmente invitó a la Iglesia a mediar en las conversaciones con los manifestantes en 2018, pero desde entonces ha tomado una posición más agresiva.

Días antes de las elecciones presidenciales del año pasado -en las que obtuvo un cuarto mandato consecutivo mientras sus más fuertes opositores estaban encarcelados-, acusó a los obispos de haber elaborado una propuesta política en 2018 “al servicio de los yanquis” y consideró que los prelados eran ”terroristas”.

En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en el país.