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Reguladores de salud estadounidenses autorizaron el viernes un nuevo medicamento de anticuerpos que funciona específicamente contra la variante ómicron del COVID-19, una medida crucial para reabastecer el arsenal del país en el combate a esta enfermedad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) indicó que autorizó el fármaco de Eli Lilly para pacientes adultos y adolescentes con COVID-19 de leve a moderado. A finales del año pasado Lilly anunció que trabajaba en el tratamiento después de que pruebas mostraron que su terapia previa con anticuerpos era ineficaz contra la variante ómicron, que se ha convertido en la predominante.

El gobierno del presidente Joe Biden adquirió 600.000 dosis antes de la autorización y comenzará a enviar los suministros iniciales a las autoridades estatales de salud para su distribución.

Se trata de “un paso importante para responder a la necesidad de contar con más herramientas para atender pacientes en un momento en que siguen surgiendo nuevas variantes del virus”, dijo la doctora Patricia Cavazzoni, directora del centro de medicamentos de la FDA.

La agencia hizo el anuncio después de que los dos principales tratamientos con anticuerpos monoclonales en Estados Unidos resultaran ineficaces contra ómicron. Según datos, el medicamento de Lilly también funciona contra la nueva mutación BA.2, derivada de ómicron.

Lilly dijo que el contrato para su nuevo medicamento —de nombre bebtelovimab— es por un monto de al menos 720 millones de dólares.

Los anticuerpos monoclonales fabricados en laboratorio actúan en lugar del sistema inmunitario del ser humano, bloqueando un virus invasor. Los medicamentos deben ser aplicados vía intravenosa o inyección en la etapa temprana de la infección.

Pero el mes pasado la FDA revocó su autorización al uso de emergencia del medicamento de anticuerpos Regeneron, así como al de Lilly. Ambos fármacos habían sido el eje del tratamiento con anticuerpos, y los médicos se vieron en apuros para encontrar alternativas cuando advirtieron que no funcionaban contra ómicron.

Escasean las terapias alternativas, incluyendo las píldoras antivirales de Pfizer y Merck. Un medicamento de anticuerpos de GlaxoSmithKline que continúa siendo efectivo contra ómicron también está escaso.

Los científicos dicen que los tratamientos para el COVID-19 como los anticuerpos monoclonales no sustituyen a las vacunas.

El gobierno recibirá 300.000 tratamientos del nuevo medicamento de anticuerpos en febrero y 300.000 más en marzo, según el contrato con Lilly.

La fiscalía ingresó el viernes por sexta vez al palacio presidencial de Perú, epicentro de varias indagaciones preliminares por corrupción ligadas a funcionarios del gobierno, en tres de las cuales está investigado el presidente Pedro Castillo.

El ministerio público dijo, en un comunicado por sus redes sociales, que el allanamiento iniciado en la madrugada investiga un contrato de la petrolera estatal Petroperú que se “habría coordinado a través de una serie de irregularidades” gestadas en octubre de 2021 en el despacho presidencial.

Desde noviembre se ha convertido en una figura frecuente para los peruanos observar a miembros de la fiscalía ingresando al palacio presidencial en busca de pruebas por casos de corrupción. La indagación del viernes incluye a funcionarios, empresarios y al mandatario Castillo, quien recién será investigado al finalizar su mandato en 2026, según una decisión de la fiscal general Zoraida Avalos.

Castillo tiene otras dos investigaciones preliminares detenidas hasta el fin de su mandato: su presunta participación para favorecer a una empresa que ganó una licitación para construir un puente y otra presunta participación para intervenir en los ascensos de generales del Ejército.

La fiscalía ingresó tres veces en diciembre al palacio presidencial, en una de ellas interrogó al mandatario y en el resto para recabar pruebas documentales.

En enero la fiscalía ingresó a la sede del gobierno para verificar las cámaras de seguridad en otra investigación al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien presuntamente presionó a la agencia tributaria en favor de algunas empresas.

En noviembre la fiscalía anunció que halló 20.000 dólares en un baño del palacio presidencial que usaba el entonces secretario Pacheco, quien dijo que ese dinero eran parte de sus ahorros. Semanas después, añadió que era una suma enviada por sus hermanos para poder pagar su defensa legal.

En Perú casi todos los expresidentes de los últimos 37 años han sido investigados por corrupción. Uno está condenado, otro está detenido y a punto de ser extraditado desde Estados Unidos, mientras un tercero se suicidó poco antes de que la policía lo detuviera en su residencia en 2019.

Castillo, quien prometió combatir la corrupción que azota al país, también afronta una crisis política extendida por su descuido en nombrar a funcionarios claves.

En medio año de gestión cambió cuatro veces de gabinete y su popularidad cayó cinco puntos hasta 33%. Su impopularidad en enero es de 60%, mientras que 7% no precisa, según un sondeo nacional de la firma Ipsos Perú publicado el 14 de enero. El margen de error es de 2,8 puntos porcentuales.

Castillo inició su gestión el 28 de julio de 2021.

El Banco Central y las superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores, de Pensiones y de Seguros, anunciaron el lanzamiento del primer Hub de Innovación Financiera de la República Dominicana, cuyo objetivo es servir de apoyo, diálogo y consulta a los interesados -regulados o no- en el desarrollo de innovaciones tecnológicas para el sector financiero.

El Hub facilitará el desarrollo de innovaciones financieras y tecnológicas, armonizándolas con los objetivos de inclusión financiera, eficiencia del mercado, protección del consumidor y estabilidad financiera. Asimismo, proveerá asistencia personalizada e información sobre el marco regulatorio y de supervisión de los sistemas bancarios, de pagos, seguros, pensiones y mercado de valores.

Al acto de la firma del acuerdo interinstitucional asistió a través de modalidad virtual la representante en República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Katharina Falkner Olmedo, quien destacó que “se está haciendo historia con esta colaboración sin precedentes entre las instituciones reguladoras del sector financiero”. 

BID
Katharina Falkner Olmedo señaló que este acuerdo posibilitará el acercamiento de las Fintech y las Bigtech.

El presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa), Pedro Espinal, llamó la atención del Gobierno sobre la situación del sector arrocero del país, la cual indicó \”es preocupante, ya que los productores están viviendo angustia y desesperación\”.

“Definitivamente el arroz con la situación actual de los precios de los insumos y cómo se está vendiendo el arroz es insostenible, por eso estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de Fenarroz que prácticamente el sector arrocero está entrando a cuidados intensivos”, expuso Espinal haciendo un llamado al Gobierno para que vaya en su auxilio.

El gremialista indicó que el costo de producción al 2021 rondaba los RD$7,000 y al día de hoy alcanza los RD$9,200 la tarea, lo que dijo representa cerca de un 30% de aumento.

“Nos unimos a lo que fue la declaración de Castañuela del inicio de la semana por las demandas y reivindicaciones que exige el sector arrocero organizado”, manifestó Espinal señalando que se hace imprescindible buscar una solución urgente al tema de los precios de la fanega de arroz.

Sostuvo que Animpa está de acuerdo con el precio propuesto para la fanega corta de 100 kilos que es de RD$2,700 y la fanega larga de 120 kilos se venda a RD$3,200.

Agregó que desde el año pasado han estado llamando la atención sobre la estabilidad del sector arrocero y la sostenibilidad de los productores y aseguró que si el Gobierno no va en auxilio de este reclamo definitivamente puede venir un colapso de la producción arrocera nacional y una quiebra masiva de nuestros arroceros.

Las clínicas privadas no es­tán violentando la ley cuan­do cobran depósito o antici­pos a pacientes al momento del internamiento, asegu­ró ayer el presidente de la Asociación Nacional de Clí­nicas y Hospitales Privados (Andeclip), quien atribuyó las dificultades que afectan a los pacientes a que no se aplica la Ley de Seguridad Social.

El doctor Rafael Mena aseguró que la responsabi­lidad de las clínicas es es­tabilizar a todo paciente que llega a sus servicios de emergencia, lo cual se ha­ce siempre, pero que al mo­mento de ingresarlo debe tener una garantía de finan­ciamiento, porque esos cen­tros no reciben subsidio del Estado; no reciben el ajus­te por inflación por los ser­vicios que brindan a afilia­dos y en ocasiones, aunque tienen carnet de seguro, no tienen la cobertura del ser­vicio que se les brinda.

El presidente de Ande­clip respondió así a las fre­cuentes quejas que han sur­gido en los últimos días en el país de parte de pacientes que van desde indiferencia y otras manifestaciones de des­humanización en la atención hasta la exigencia de depósi­to económico para el ingreso y dificultades de acceso a una cama de hospital y medica­mentos.

Dijo que esas quejas y de­bilidades que tienen los pa­cientes y de que adolece el sistema es fruto de la no apli­cación de la ley, y a que en el Consejo Nacional de la Segu­ridad Social (CNSS) los acto­res que conocen y les duelen los pacientes, no tienen voto ni poder de veto.

Señaló que la situación económica de los centros de salud no les permite ingre­sar pacientes sin la garantía de pago, sobre todo porque, aunque la Ley de Seguridad Social establece que deben revisarse y ajustarse las tari­fas de los servicios prestados a los afiliados de acuerdo al índice por inflación, eso no se hace.

Dijo que la ley dice que to­do paciente que llega a emer­gencia el centro de salud está la obligación de estabili­zarlo y eso se hace en las clí­nicas, pero no habla de inter­namiento.

“Es un problema que si se quiere resolver hay que sentarse con la cabeza fría y tratar de que los actores par­ticipen apegados al cumpli­miento de lo que dice el siste­ma”, dijo Mena.

Dijo que aunque la ley es­tablece que las tarifas de ser­vicios a los prestadores debe irse ajustando de acuerdo a la inflación, eso no se hace, lo que limita económicamen­te a los centros de salud y les genera dificultades económi­cas.

Señaló que desde hace 20 años Andeclipp está pidien­do que se aplique ese ajuste y no se hace, por lo que el gre­mio anunciará próximamen­te a cual ARS empezará a pa­ralizarle los servicios de sus afiliados, para que las auto­ridades del sistema cumplan con lo establecido en la ley.

“Si a nosotros nos hubie­sen hecho caso, hace tiempo que esos problemas no exis­tieran, porque nosotros tene­mos años luchando porque se aplique la ley 87-01 y no se nos ha hecho caso”, seña­ló Mena.

Entiende que en ese or­ganismo deben participar los actores que juegan papel importante y que conocen el sistema.

ADARS lamenta barreras
Sobre el tema, el presiden­te ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administra­doras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Var­gas, entiende que todos los actores del sistema deben ponerse de acuerdo en bene­ficio del paciente, sobre todo en momento en que todavía se vive bajo el impacto de la pandemia del Covid-19.

Recordó que el ajuste por inflación es una disposición que debe adoptar el CNSS tras la revisión de la inflación del último año.

En torno al cobro de depó­sito en los centros de salud, dijo que las autoridades de­ben hacer valer lo que está establecido en la ley, porque si un paciente llega con su carnet de seguro y la patolo­gía a tratar forma parte de la cartera de cobertura, no de­bería exigirse depósito.

Entiende que los prestado­res deben ponerse de acuer­do con las autoridades para que no haya esas barreras de acceso al servicio de sa­lud que va en perjuicio del paciente y del afiliado al sis­tema.

La disposición
La Resolución Administrati­va 00156-2008 emitida por la Superintendencia de Sa­lud y Riesgos Laborales (Si­salril) dispone en su artícu­lo primero que “ Se ordena a las Administradoras de Ries­gos de Salud (ARS) garanti­zar a partir de la presente re­solución, que en ningún caso o circunstancia las Presta­doras de Servicios de Salud (PSS) contratadas por éstas, exijan a los afiliados del Se­guro Familiar de Salud (SFS) pagos por concepto de anti­cipos o depósito como garan­tía por los servicios de aten­ción médico-quirúrgicos que estos requieran, o nieguen el servicio por no realizar dicho depósito o anticipo”.

Consultado en torno a las diferentes quejas externa­das por pacientes y familia­res tanto a través de diversos medios y redes sociales co­mo en entrevistas con redac­tores de Listín Diario, el día anterior el viceministro de Salud Colectiva del Ministe­rio de Salud Pública, Eladio Pérez, había señalado que se investigarán las denuncias.

Recordó que el Ministerio de Salud Pública es rector del sistema de salud dominica­no, por lo que se harán des­censos en centros donde se hacen denuncias de cobros irregulares o debilidades en la calidad de la atención para indagar al respecto.

Señaló que las esperas en las emergencias se registran en ocasiones por la sobrede­manda de servicios en algu­nos centros de salud.

SEPA MÁS
Las quejas
Aunque se trata de que­jas que por años han es­tado presentes como “punto negativo” de la atención médica en el país, es en esta última semana cuando han surgido denuncias de pacientes y familiares que describen la crude­za con que en ocasiones reciben los servicios.

Rebotes
Entre las denuncias fi­guran indiferencia y otras manifestaciones de deshumanización en la atención; exigencia de depósito económico para el ingreso; “rebo­tes” o alegación de fal­ta de camas al momen­to de un referimiento y largas horas en emer­gencias en espera de camas, son parte de las quejas y denuncias que hacen pacientes y fami­liares.

El dirigente del Parti­do de la Liberación Domi­nicana (PLD), José Dan­tés Díaz, aseguró que en el partido opositor se en­cuentran debatiendo la propuesta. Igual plan­teó el presidente del Re­formista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún.

Mientras en la Fuerza del Pueblo, su secretario general Antonio Florián, recalcó la posición de ese partido de no aprobar una modificación a la Carta Magna, al entenderla “in­necesaria” .

El vocero de ese partido en la Cámara de Diputa­dos, Rubén Maldonado, expresó que la Fuerza del Pueblo, que encabeza Leo­nel Fernández, está vigi­lante ante cualquier intento del gobierno del presidente Luis Abinader, de reformar la Constitución.

El presidente del Partido Revolucionario Dominica­no (PRD), Miguel Vargas, sostuvo que esa organiza­ción se opone a una modi­ficación de la Constitución.

“El país lo que espera en este momento no es refor­ma, sino que se resuelvan los problemas más acucian­tes que tiene el pueblo do­minicano, aquí hay un al­to costo de la vida, hay una carestía que se hace más in­accesible constantemente y a eso es que tenemos que contribuir a buscar solucio­nes”, sostuvo Vargas.