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La clasificación y recolección de los desechos sólidos hospitalarios se sigue realizando en medio de deficiencias, sin criterios apropiados y bajo riesgos, mientras los centros médicos no se detienen en generar diariamente grandes volúmenes de estos materiales biomédicos.

En el Gran Santo Domingo hay 37 hospitales públicos, de los cuales un total de 27 generan mensualmente 272,310 libras de desechos, equivalente a unas 123.50 toneladas cada mes.

Mientras unas 29 clínicas privadas de la misma demarcación producen al menos 202,815 libras, lo que representa 91.99 toneladas por mes, de acuerdo a datos obtenidos por LISTÍN DIARIO de la empresa recolectora Alianza Innovadora de Servicios Ambientales (AIDSA).

El 60% de los desechos biomédicos que recibe AIDSA corresponde a hospitales públicos, los cuales generan de 15 a 20 libras cada día y los centros privados entre 8 a 10 libras, detalló el propietario de la compañía, Luis Rodríguez.

Clasificación
Rodríguez se muestra insatisfecho con la clasificación de desechos en los centros de atención médica de República Dominicana. “No les gusta gastar dinero en equipos para los objetos cortopunzantes”, dijo sobre la necesidad de mejorar la segregación.

De acuerdo al Reglamento de los Desechos y Residuos Generados por los Centros de Salud que se creó mediante el decreto 126-09, los materiales desechables de quirófano, laboratorios y otros que se utilizan para dar asistencia única a los pacientes, deben de ser depositados en bolsas rojas y los objetos cortopunzantes en envases de material rígido.

No obstante, estas reglas no son aplicadas al pie de la letra por los trabajadores de la salud, relata Rodríguez desde su experiencia en el área, lo que dificulta el método de esterilización que utilizan antes de enviarlos  al relleno sanitario.

Hay hospitales que echan las agujas en envases plásticos e incluso en recipientes para detergentes, mientras otros las envían sueltas, narró impactado por la carencia de conciencia que tienen la administración y el personal médico.

“A veces los potes (envases) los mandan sin tapas y algunos envían las agujas sueltas; cuando un empleado toma esa funda y si se lastima tengo que mandarlo hacerse pruebas de VIH, a ponerle antitetánica y un montón de cosas”, expresó respecto a los riesgos que enfrentan sus empleados.

Vianela Taveras, gerente de la empresa, citó que los hospitales Vinicio Calventi, traumatológico Darío Contreras, Regional Marcelino Vélez Santana y el Francisco Moscoso Puello (este último cuando le prestaban servicios) son algunos de los centros públicos que peor segregación presentan.

“Si hacen énfasis en la clasificación y el manejo de esos desechos, en especial los hospitales, sería un éxito”, sostuvo tras resaltar que las pocas clínicas a las que  prestan servicios son más cuidadosas.

Manejo inadecuado
Otra empresa que se dedica a la recolección de estos desechos es PyD Recycling. Uno de sus operadores, Pedro Durán, considera también que el personal de salud carece de concientización en el manejo de esos desechos.

Citó incluso que en un determinado momento tuvieron que prescindir del contrato que tenían con el hospital General Docente de la Policía Nacional por la inadecuada clasificación.

“Ahí (hospital de la Policía) dejamos de recogerles porque cada vez que íbamos era un desastre y tirados en fundas rotas”, dijo.

Señaló que para algunos centros médicos, en especial los públicos, es más fácil depositar estos desechos junto a la basura común para que sean llevados al vertedero.

“Aquí (en el país) hay un problema con los desechos biomédicos porque a los hospitales no les gusta pagar; por ejemplo, el hospital Vinicio Calventi nos quedó debiendo casi un millón de pesos”, recordó.

Durán detalló que prestan sus servicios a aproximadamente 10 centros de salud, entre públicos y privados, incluyendo algunos laboratorios del Gran Santo Domingo.

Entre los hospitales citó la Maternidad de La Altagracia, de la Mujer Dominicana y el Juan Pablo Pina de San Cristóbal.

Servicio Nacional de Salud
Las doctoras Ana Núñez, directora del departamento de Salud Ambiental, y Ana Arias, coordinadora de gestión del Servicio Nacional de Salud (SNS), admitieron que en diferentes supervisiones han determinado “temas con la clasificación”. Y citan, por ejemplo, que algunos zafacones que deben de tener fundas rojas (para identificar los desechos peligrosos) tienen fundas negras (basura común).

Luego de estos hallazgos resaltan haber “desarrollado talleres de capacitación” en todo el país para el personal médico. No obstante, la valoración de los dueños y gerentes de las empresas recolectoras de estos desechos es que se trata de un proceso deficiente.

Desechos no biomédicos
La errónea segregación no deja de sorprender a las empresas. Rodríguez confesó que en ocasiones algunos hospitales les envían fetos y extremidades junto a los desechos hospitalarios, lo cual está prohibido por ley.

Una vez se percatan, los devuelven al centro médico junto a constancia dirigida al director para que éste aplique el procedimiento correspondiente. “Cuando se lo enviamos con una carta de una vez se ponen a las pilas”, dijo.

Especificó que las extremidades deben de llevarse al cementerio para que sean enterradas en una fosa común propiedad del hospital, luego de realizar un acta de defunción que certifica a la persona que pertenece.

“No podemos aceptar desmembramientos, fetos ni ninguna parte humana”, enfatizó.

Clínicas
En el sector privado la situación se agudiza un poco más, conforme a los testimonios de los entrevistados.

Algunos directores de las clínicas de la región Este y Sur profundo se han “opuesto” a la ejecución de una debida recogida de sus desechos infecciosos por el alto costo que tiene el servicio, detalló a LISTÍN DIARIO el director de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena.

Esta asociación tiene afiliadas aproximadamente 116 clínicas y se estima que a cada una les costaría entre RD$80,000 a RD$100,000 el servicio por mes.

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Opuestos.
Algunos directores de las clínicas de la región Este y Sur profundo se han “opuesto” a la ejecución de una debida recogida de sus desechos infecciosos por el alto costo del servicio, detalló a Listín Diario el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena. Esta asociación tiene afiliadas aproximadamente 116 clínicas y se estima que a cada una les costaría entre RD$80,000 a RD$100,000 el servicio por mes.

Decenas de familias colombianas aún piden justicia por sus muertos y el dolor se aviva con la llegada de un nuevo 28 de abril, cuando se conmemora el primer aniversario del llamado “Paro Nacional” que se convirtió en el ciclo de protestas antigubernamentales más grande de la historia reciente en el país.

Las pesquisas de las autoridades avanzan lento. Según Naciones Unidas, más de 40 personas perdieron la vida en las manifestaciones, aunque la Fiscalía señaló a The Associated Press que se documentaron 29 asesinatos. De éstos solo hay tres casos en juicio, dos más en etapa de investigación y los 24 restantes en indagación, una fase inicial en los procesos.

“No hemos llegado ni siquiera a una primera instancia. No hay ningún imputado, está en indagación”, dijo angustiada Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, un joven artista de 26 años que falleció en la madrugada del 3 de mayo de 2021 durante una manifestación en Cali, una ciudad al suroeste del país considerada el epicentro de las protestas y donde la violencia se agudizó.

El inconformismo en Colombia tomó forma en las calles en dos meses de protestas que generaron inestabilidad e incertidumbre. La presión de las manifestaciones logró que el gobierno retirara una reforma fiscal que consideraban injusta y que renunciara el ministro de Hacienda, pero no se detuvo, luego se convirtió en un reclamo generalizado por problemas estructurales como la inequidad, el desempleo, la pobreza y presunto exceso de la fuerza de la policía.

En Cali algunas calles fueron cerradas por barricadas y los accesos a la ciudad bloqueados dificultando el paso de alimentos y medicamentos. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas en todo el país, hubo actos vandálicos contra la infraestructura pública como el transporte y las estaciones de policía y la privada, como el incendio de algunos bancos. También se registraron disturbios y enfrentamientos con agentes antimotines, lo que no solo causó muertos, también más de 3.000 heridos, entre civiles y policías.

“Mi hijo fue impactado por un arma nueve milímetros en el lado izquierdo de su frente. Nosotros hemos aportado todas las pruebas, para mí es claro que lo mató la policía”, relató a la AP Guerrero, quien ha recibido amenazas por denunciar públicamente y liderar un grupo de víctimas.

Cientos volvieron a las calles el jueves -en manifestaciones menos concurridas que las de 2021- en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio, donde se realizaban homenajes a las víctimas y actividades culturales. En tanto, el gobierno desplegó un operativo de seguridad con más de 50.000 uniformados. En el balance de la jornada, las autoridades indicaron que fue mayoritariamente pacífica con “incidentes menores” e intervenciones de la policía antimotines en Bogotá, Medellín, Popayán y Tunja por disturbios. Fueron capturadas 14 personas, entre ellas una extranjera.

“Hay incumplimientos del gobierno con las reformas educativas, la seguridad en los territorios y las tierras para los pueblos indígenas y campesinos”, dijo a la AP Adelso Gallo, presidente de la Asociación Nacional Campesina durante una asamblea popular en Bogotá a la que asistían unas 200 personas. Gallo también rechazó la “impunidad” frente a las denuncias de violación a los derechos humanos en el marco de las protestas del año pasado.

El presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones en 2021 ha sido una denuncia constante no solo de las víctimas, sino también de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta última verificó que 46 personas perdieron la vida en las protestas -entre ellas dos policías- y señaló, en un informe divulgado en diciembre, que en 28 de estos casos los miembros de la fuerza pública serían los presuntos responsables.

Sin embargo, como respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía colombiana reportó que según sus investigaciones son 10 los casos en los que se encuentran vinculados miembros de la fuerza pública.

“La prueba más fuerte que tenemos es la de balística, porque muestra que la bala salió del arma del policía”, dijo a la AP Sandra Milena Meneses, madre de Santiago Murillo Meneses, de 19 años, quien falleció en la noche del 1 de mayo en Ibagué, una ciudad al oeste del país.

Su caso es uno de los más avanzados, el juicio está por iniciar. La Fiscalía acusó formalmente al mayor Jorge Mario Molano Bedoya, quien se encuentra detenido, por presuntamente disparar “su arma de dotación de manera indiscriminada y sin razón alguna, en el entendido de que los manifestantes se habían retirado” impactando a Murillo, quien caminaba solo rumbo a su casa y era ajeno a la protesta.

En una entrevista reciente con la AP, el presidente colombiano Iván Duque dijo que su gobierno tiene “cero tolerancia” con cualquier conducta ilegal de un miembro de la fuerza pública y aseguró que como consecuencia de investigaciones hay “varias personas (policías) que han recibido sanción de suspensión” o han sido alejados de su responsabilidad, sin embargo, no detalló de cuántos casos se trata.

Al ser consultada por medio de una solicitud de información, la policía no respondió cuántos uniformados han sido sancionados y cómo. Sin embargo, la Procuraduría, encargada de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos, aseguró que continúan activas 448 investigaciones contra policías, de un total de 1.205 quejas que se tramitaron.

Aunque del listado de investigaciones activas la mayoría tiene “reserva sumarial” y por tanto no hay acceso público al detalle del proceso, algunas fueron especificadas. En Bogotá hay un caso activo por presuntas agresiones de agentes antimotines a manifestantes durante disturbios y se está en proceso de ordenar una sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses, señaló la Procuraduría.

Ante los cuestionamientos, la policía asegura que ha promovido la capacitación en derechos humanos e implementado mejoras en sus protocolos para garantizar el derecho a la manifestación pacífica. En febrero el gobierno de Estados Unidos donó ocho millones de dólares a la policía colombiana para fortalecer los estándares de derechos humanos y la lucha contra la corrupción dentro de la institución.

Las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas antes. Durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, la policía estuvo presuntamente involucrada en la muerte de 11 personas, según un informe independiente y respaldado por Naciones Unidas. Las protestas contra la policía se desataron tras el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, quien fue reducido y golpeado por agentes de la policía pese a sus súplicas constantes para que se detuvieran.

Las madres de los jóvenes asesinados en varias ciudades del país no solo llevan el proceso judicial a cuestas, también buscan dejar en alto el nombre de sus hijos. “Ha sido un año donde todo cambió para nosotros, muy difícil por el duelo y también porque, aunque hemos tenido mucho apoyo, estamos llevando una presión social, una estigmatización en medio de una crisis política, aunque nosotros no somos políticos”, relató Meneses.

Las autoridades han dicho que algunas protestas estuvieron infiltradas por grupos armados, sin embargo, la Fiscalía contestó a la AP que en los casos de 15 víctimas mortales en las que se han “logrado esclarecer los hechos” no se ha establecido ningún tipo de relación con grupos al margen de la ley.

“Tengo mi esperanza siempre en la verdad y la justicia divina que todas las cosas se acomodan tarde o temprano y que todo tiene un límite”, dice entre lágrimas Meneses. “Me quitaron hasta el miedo, me quitaron a mi único hijo. No me voy a callar, tengo toda mi vida para esto”, agrega con convicción.

El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves, en segunda y definitiva votación, una ley que crea un sistema de reparación integral para los familiares de las víctimas de femicidio.

\”Hoy Costa Rica está reconociendo que un femicidio es una responsabilidad que el Estado debe asumir en su conjunto\”, dijo la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Guerrero.

La ley, aprobada de forma unánime por los diputados, tiene como propósito crear un régimen de reparación integral para personas que perdieron a una familiar a causa del femicidio y que deben afrontar un proceso psicológico, familiar, social y económico para el cual no estaban preparadas.

La ley cubre a los hijos de la víctima de femicidio, familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que convivía con la víctima, y personas adultas mayores o con discapacidad que eran dependientes de la víctima.

La iniciativa crea un fondo económico de reparación integral para las personas beneficiarias, que contará con recursos de varias fuentes de financiamiento.

Además, el proyecto busca brindar de forma gratuita y prioritaria a los familiares de las víctimas de femicidio asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continúa, becas de estudio, vivienda, asesoría y representación legal en los procesos administrativos y judiciales relacionados.

\”Esta respuesta integral pretende que las víctimas de estos femicidios puedan construir un nuevo proyecto de vida, aportando los recursos económicos para ello, brindando espacios de formación y educación continua y por supuesto, abordando las consecuencias psicológicas de la violencia”, declaró la ministra.

Según los datos oficiales, desde 2007, más de 517 hijas e hijos, 380 de ellos menores de edad, han perdido a sus madres víctimas de femicidio.

Una reforma a la Ley de Penalización de Violencia, que entró en vigencia el 23 de agosto pasado, introduce el concepto de \”femicidio en otros contextos\” con penas de hasta 35 años de prisión.

Esto aplica para aquellos casos en los que la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviera con la mujer víctima o bien, cuando el hecho hubiera ocurrido dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado.

Esta nueva tipificación podría ampliar la cantidad de femicidios con casos que antes se clasificaban diferente.

Las cifras del Observatorio de Género del Poder Judicial indican que 398 mujeres han muerto víctimas de femicidio desde 2007.

En 2021, hubo 13 femicidios y hay 37 casos pendientes de ser clasificados debido a que se encuentran en investigación.

En 2020, la cantidad de femicidios fue de 28.

La vida se paralizó en todo Israel durante dos minutos ayer jueves al son de las sirenas para recordar el día del Holocausto, en memoria de los seis millones de víctimas judías del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

A las 10H00 (07H00 GMT), los israelíes observaron un momento de silencio en las calles, en los balcones de sus casas y en la puerta de comercios y oficias.

Los automovilistas bajaron de sus coches y los autobuses se detuvieron. Los alumnos y estudiantes de todos los establecimientos escolares y universitarios respectaron también estos dos minutos de reflexión.

Todos los canales de televisión y las radios difunden desde el miércoles por la noche testimonios, documentales y filmes consagrados al genocidio.

Durante una ceremonia en el memorial de la Shoá en Jerusalén, Yad Vashem, el primer ministro israelí Naftali Bennett afirmó este miércoles que \”ningún acontecimiento, por más cruel que haya sido, es comparable al Holocausto\”.

\”El Holocausto es la expresión final y absoluta de los miles de años de antisemitismo\”, agregó.

En la ceremonia, supervivientes de la Shoá encendieron seis antorchas en memoria de los seis millones de judíos masacrados por la nazis.

De visita el miércoles en el Parlamento israelí en Jerusalén, la presidenta del Bundestag (el parlamento alemán) Barbel Bas estimó que \”la responsabilidad de Alemania\” en la lucha contra el antisemitismo \”no terminó\”.

\”Las lecciones del Holocausto exigen de nosotros que jamás toleremos el surgimiento y la difusión del antisemitismo\”, escribió Bas en el libro de oro del Knesset.

\”Estamos junto a Israel\”, agregó.

Según cifras oficiales, 161.400 supervivientes del Holocausto viven actualmente en Israel.

La Comisión de Amnistía del Gobierno brasileño negó este jueves el pedido de indemnización solicitado por la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) por haber sido víctima de persecución política durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Rousseff, que fue arrestada y torturada por su vinculación con un grupo de oposición a la dictadura, solicitaba el pago de una pensión de 10.700 reales (unos 2.140 dólares) mensuales como compensación por haber perdido su empleo en una empresa pública tras haber sufrido persecución política.

La Comisión de Amnistía, creada por el Gobierno en 2002 para atender las peticiones pecuniarias de las víctimas de la dictadura, rechazó la solicitud por considerar que Rousseff ya había sido beneficiada con una amnistía y una indemnización por ese mismo motivo por el Gobierno regional de Río Grande do Sul.

Los doce miembros de la comisión, en decisión unánime, concluyeron que la dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) ya es reconocida como víctima de la dictadura en cuatro diferentes estados, uno de los cuales, Río Grande do Sul, le concedió una indemnización por las pérdidas económicas que sufrió.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró la decisión en su retransmisión semanal por redes sociales y llegó a mofarse de la expresidenta.

\”Tal vez, más adelante, cuando algún izquierdista regrese al poder, lo que espero que no ocurra, consigas otra pensión\”, declaró el mandatario de forma irónica.

En el recurso que presentó hace cerca de 20 años, Rousseff alegó que su arresto le impidió retomar la facultad de Economía que cursaba en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFGM) y la obligó a renunciar a su cargo en la Fundación de Economía y Estadísticas de Río Grande do Sul.

La renuncia, de acuerdo con sus abogados, fue una exigencia del Servicio Nacional de Informaciones, uno de los órganos de represión de la dictadura.

Pero los miembros de la Comisión de Amnistía del Gobierno federal consideraron que los motivos citados por Rousseff para solicitar la indemnización son los mismos ya reconocidos por la Gobernación de Río Grande do Sul para concederle el estatus de amnistiada.

El relator del proceso de Rousseff en la comisión, el consejero José Augusto Machado, aseguró que la petición de la expresidenta era inviable porque todas sus exigencias ya habían sido atendidas.

\”La solicitante ya es reconocida como amnistiada política en cuatro estados. No tiene derecho a esa nueva reparación económica, incluso por la imposibilidad de acumular reparaciones\”, dijo.

Machado recordó igualmente que la dirigente socialista fue readmitida como funcionaria de la Fundación de Economía y Estadísticas de Río Grande do Sul en 1990.

Otro de los consejeros, Adriana Vieira, provocó protestas de la defensa por afirmar que Rousseff integró una organización que se alzó en armas contra la dictadura.

\”Ella fue detenida y juzgada por estar en la lucha armada, por pertenecer a un grupo que actuaba en la ilegalidad. No fue por motivación política que fue perseguida. Fue su opción pertenecer a una organización armada responsable por actos terroristas\”, agregó el general del Ejército Luis Eduardo Rocha Paiva, otro de los consejeros, al igualmente rechazar la indemnización.

La Comisión de Amnistía, creada en 2002 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, otra víctima de la dictadura, está actualmente vinculada al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.

Desde 2019, con la llegada al poder del ultraderechista Bolsonaro, un defensor de la dictadura, la Comisión, en la que los militares ganaron más participación, ha elevado las exigencias para atender peticiones de amnistía y llegó a plantear la posibilidad de suspender sus actividades.