Las APP y mecanismos de protección para las inversiones extranjeras
La recién promulgada Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas de fecha 20 de febrero de 2020 (“Ley APP”) tiene como objetivo regular las alianzas público-privadas (“APP”) para incentivar la inversión en República Dominicana.
La Ley APP define la alianza público-privada como “el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato” .
Las APP permiten que el gobierno dominicano proporcione las infraestructuras públicas y el desarrollo necesario, minimizando el gasto público y aprovechando la experiencia, especialidad e innovación que ofrece el sector privado. Por esta razón, las APP son clave para países en vía de desarrollo como la República Dominicana, ya que usualmente estos no cuentan con los fondos necesarios para operar y/o desarrollar proyectos de servicios públicos de interés social, sobre todo cuando debe concentrar recursos disminuidos a las áreas social y de estímulo a las empresas, como ocurrirá en los próximos meses resultado de la crisis provocada por la pandemia. Estos mecanismos de cogestión con inversionistas privados nacionales o extranjeros otorgan flexibilidad financiera a los Estados.
Legislación
Es importante notar que si bien siempre han existido estos acuerdos, la promulgación de la Ley APP brinda mayor seguridad y estabilidad a los inversionistas, y por tanto hace más atractiva la inversión en República Dominicana. Estos proyectos tienen un alcance amplio y pueden abarcar desde la construcción de vías públicas, acueductos, escuelas y hospitales, hasta el desarrollo de proyectos de generación de electricidad para cumplir con la demanda energética del país.
Ahora bien, la Ley APP por sí sola no necesariamente crea la certidumbre suficiente para promover la inversión extranjera; los inversionistas toman en cuenta otros factores antes de destinar sus recursos a un país distinto al propio, tales como la estabilidad del marco legal, político y fiscal.
