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La construcción de varias de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que se anunciaron en diferentes provincias avanza lenta, mientras crecen las expectativas de los ciudadanos en esos lugares.

Por ejemplo, el recinto que se construye en Hato Mayor, desde hace dos años está paralizado por falta de pagos de cubicaciones reportadas desde mayo que se le adeudan al ingeniero y contratista, José Polanco. En el mismo mes la obra fue reiniciada por el peresidente Luis Abinader.

La obra se levanta en terrenos adquiridos para esos fines por el Patronato de Apoyo a la Educación Superior y Técnica de la provincia y está contratada para ser construida a un costo de RD$400 millones de pesos en dos etapas. Mientras que la segunda etapa comprende otros dos edificios que ya fueron licitados, adjudicados y que se tenía previsto iniciarlos en este mes de agosto.

Expectativas
La edificación está pautada construirse en 12,520 metros cuadrados de construcción y acogerá una matrícula de 4,000 estudiantes de la provincia y zonas aledañas. Esta supuestamente se encuentra en un 50 por ciento de edificación. Por su lado, el senador Cristóbal Castillo, ha visitado en varias ocasiones la obra con fines de supervisión y gestionar que se agilicen los trabajos.

Los planos de Neyba
Mientras que la empresa que construirá la Ciudad Universitaria en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, se encuentra a la espera de los planos para dar inicio a la construcción, ya que el Gobierno habría entregado el avance de la partida correspondiente.

“Nosotros estamos listos esperando la entrega de los planos para arrancar, los planos siempre hay que revisarlos bien”, indicó el ingeniero Juan Carlos Montero. El inicio de la obra sse formalizó durante un acto el mes pasado encabezado por el presidente Abinader.

Esta semana varios hombres accionaban en el levantamiento de un campamento donde se construirá la infraestructura, mientras, un equipo de LISTIN DIARIO observó un furgón y maquinarias pesadas que serán utilizadas en los trabajos.   El mandatario prometió también que dispondrá de medios de transporte para los estudiantes de la unidad académica que residen fuera de la jurisdicción donde se construirá la sede.

Remueven tierra en Baní
En su visita número 6 a Baní, el 13 de julio pasado, el presidente Abinader, en medio de un nutrido acto de funcionarios, autoridades y militantes del PRM, colocó el primer block en los terrenos del centro UASD-Baní.

Dejó así iniciados los trabajos de construcción de la Ciudad Universitaria aquí.Ayer en la tarde una retroexcavadora removía volúmenes de tierra que luego depositaba en la caja de un camión volteo para nivelar el terreno.

Solo trabajaban un obrero, el operador de la retroexcavadora y su máquina, así como unos tres choferes que en sus camiones volteos retiraban la tierra removida del amplio terreno, donde ya se evidencian los profundos huecos del trabajo de varios días. Un par de capataces, intervinieron al notar la presencia de este reportero, para preguntar, qué buscaba, sin permiso.

El operador de la máquina que remueve los terrenos informó entre dientes, “esta mañana estaban todos los ingenieros y el personal que puede dar información sobre estos trabajos”, y luego siguió en lo suyo.

En su visita el presidente Abinader observó los planos para la construcción, que se levanta en un área de 910 mil metros cuadrados,  tendrá un costo de RD$980 millones y beneficiará a unos 2,000 estudiantes.

Instalaciones.
El Ministerio de La Vivienda y Edificaciones (MIVED) es la responsable de las instalaciones para la UASD subcentro Neyba que será construida en un período de 18 meses, según informó en ese municipio el presidente Abinader durante su visita.

Recintos en marcha.
Abinader ha prometido llevar la UASD a Santo Domingo Este, Dajabón, Elías Piña, Neyba, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez (Cotuí), Hato Mayor, Azua, Peravia (municipio Baní) y San Cristóbal, entre otras comunidades.

Con la puesta en operación de 18 drones, la Policía Nacional se sitúa en mejores condiciones para combatir la delincuencia y disminuir los niveles de inseguridad en el país, porque puede tener una visión más adelantada de la situación en el terreno.

Según explicó el detective Emmanuel Jiménez a periodistas de Listín Diario, estos instrumentos forman parte de un plan piloto y servirán como guía para los uniformados en operativos especiales.

“Tenemos muchos desaprensivos que huyen o intentan atacar a las patrullas desde las azoteas o desde los callejones y el agente no tiene contacto visual, en esos casos el dron puede ir incluso tres kilómetros adelante del perímetro y ofrecer un chequeo rápido del panorama minutos antes de que llegue el agente”, dijo Jiménez.

Por otro lado, el también presidente de la Asociación Dominicana para el Desarrollo Policial, detalló que estos drones podrán ser utilizados en operativos de búsqueda de personas desaparecidas o rescates.

“Con un dron de estos se podría agilizar este trabajo”, agregó.

Características drones
Sin ahondar en el costo presupuestario que supone para el Estado la adquisición y el mantenimiento de estos aparatos, Jiménez explicó que cuentan con tres tipos de drones, dependiendo de su alcance. Los drones de alto alcance podrán recorrer una trayectoria de cinco kilómetros y una altura de 500 pies, aunque en realidad tienen capacidad para volar a una altura máxima de 6,000 metros por un tiempo de 31 minutos.

Mientras que los de mediano alcance cuentan con una altura aproximada de 300 a 400 pies y pueden recorrer una distancia de dos a tres kilómetros.

El equipo que integra la unidad táctica móvil de vigilancia dio una demostración a reporteros de este rotativo sobre la manera en la que se manipulan los instrumentos.

Según sus indicaciones, el uniformado a cargo de controlar el mando puede ver, desde su pantalla con resolución 4K, la trayectoria que sigue el dron, así como su ubicación y altura en tiempo real.
Este control incluye un micrófono que capta el sonido y lo reproduce directamente en el aparato como una especie de altoparlante, dándole así la oportunidad a la policía de dar instrucciones a la multitud, evitando el contacto “cuerpo a cuerpo” con la ciudadanía.

El grupo de pilotos que operan desde el pasado jueves los 18 drones, se compone de unos 42 agentes que se prepararon y certificaron previamente para la tarea.

“Es una herramienta de apoyo con miras a ampliarse, pero aún está en fase piloto”, aclaró el detective.

Distribución
Jiménez dijo también que los drones están distribuidos  entre el Palacio de la Policía Nacional, Unidad Táctica de la SWAT (por sus siglas en ingles Armas y Tácticas Especiales), la regional de Santiago y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Cámaras de seguridad
Además de esta nueva unidad táctica de vigilancia con drones, desde hace varios meses la PN cuenta con unas 339 patrullas policiales con cámaras de seguridad integradas.

El vocero de la entidad castrense, Diego Pesqueira, también resaltó como parte de las ejecutorias que se contemplan para la mejora del trabajo policial, que en la actualidad, unos 240 agentes realizan sus servicios con cámaras corporales. “Esto servirá para corregir malas actuaciones y resaltar las buenas (…), muchas veces el ciudadano denuncia un mal comportamiento del policía y viceversa y eso genera un punto de análisis, entonces con las cámaras nos ayudan con eso”, dijo Pesqueira.

Es parte de la Reforma

Este jueves, el presidente Luis Abinader encabezó la puesta en operación de una nueva unidad táctica de vigilancia que se ejecutará mediante drones, sumándose a otras medidas que han implementado para contener actos delictivos.

Esta otra medida, según el mandatario, que forma parte de la “reforma y modernización de la Policía Nacional”, la cual catalogó como un compromiso “irrenunciable” por el cual están haciendo “todos los esfuerzos posibles”.

“La reforma de la Policía Nacional es también un clamor del pueblo que se merece contar con un cuerpo policial profesionalizado, cercana al ciudadano, que vele en todo momento por el bienestar general de los dominicanos”, agregó Abinader.

La Policía de Nicaragua le impuso el viernes el arresto domiciliario al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y envió a una prisión policial a varios de sus colaboradores tras acusarlo de incitar al odio y organizar grupos violentos. Las detenciones son el colofón de semanas de creciente tensión entre la Iglesia católica y el gobierno de Daniel Ortega.

En un comunicado la policía informó que realizó un operativo en la Curia episcopal de Matagalpa, en el norte del país, y trasladó a Managua a Álvarez y a sus acompañantes para realizar “indagaciones de ley”. No precisó cuántos eran los otros detenidos ni dio detalles de su identidad.

“El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital”, agregó el documento. Las demás personas “continúan cumpliendo las diligencias respectivas en la Dirección de Auxilio Judicial”, conocida como la cárcel de El Chipote, donde están encerrados varios líderes opositores al gobierno de Ortega.

Según la prensa local el grupo de colaboradores de Álvarez lo conforman cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.

Álvarez y sus allegados permanecieron 15 días en la Curia de Matagalpa rodeados por efectivos y patrullas de la policía, que anunció que investiga al obispo por “incitar al odio” y “organizar grupos violentos”.

La policía adujo que esperó durante días una “comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse”. Según el informe, el operativo se realizó porque persistieron “las actividades desestabilizadoras y provocadoras” por parte del religioso.

El comunicado aseguró que monseñor Álvarez se ha reunido con familiares y fue visitado por el cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, y que en la Curia de Matagalpa permanece “sin ninguna restricción policial o de movilidad” el vicario monseñor Oscar Escoto.

“Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes”, dice el comunicado.

A primera hora del viernes la diócesis de Matagalpa publicó en las redes sociales el mensaje: “#SOS #Urgente. A esta hora la Policía Nacional ha ingresado a la Curia episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”.

En un mensaje de Twitter, “con el corazón indignado y dolido”, el exiliado obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, condenó “el secuestro nocturno” de Álvarez y exigió información sobre su paradero.

“¡Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo! ¡Que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen! De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico”, escribió monseñor Báez, a quien el Vaticano retiró de Nicaragua en 2019.

El arresto del prelado también mereció una condena del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al gobierno nicaragüense su “liberación inmediata” y garantizar “su vida e integridad personal”.

Almagro también exigió en su cuenta de Twitter la libertad inmediata de todos los “presos políticos”.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica”, dijo el portavoz Farhan Hag en rueda de prensa.

Varias conferencias episcopales en Latinoamérica, entre ellas de Costa Rica y Perú, se solidarizaron con el obispo Álvarez y demás religiosos detenidos, el pueblo y la Iglesia católica nicaragüense. “La violencia nunca ha construido, solamente ha sembrado las semillas de la pobreza y del odio”, señaló la Conferencia Episcopal Peruana en una carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez.

Los obispos costarricenses llamaron al “respeto a la libertad religiosa, a la dignidad de las personas y a la misión de la Iglesia que en Nicaragua llevan adelante fieles laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos”.

El gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes. Decenas de líderes políticos de la oposición fueron arrestados el año pasado, incluidos siete posibles candidatos para desafiarlo a la presidencia, y fueron condenados a prisión en juicios rápidos y cerrados al público.

A su vez el Congreso, dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, ordenó el cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa.

En un mensaje de vídeo, Pablo Cuevas, abogado del no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos, condenó la detención de Álvarez pero dijo que no era inesperada. “Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez”, afirmó.

Edwin Román, un sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos, tuiteó: ”¡DIOS MÍO! Qué barbaridad, se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él”.

Álvarez ha sido una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega llevó a una represión que dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

Según Ortega la revuelta social fue un “fallido golpe de Estado” con apoyo extranjero y de la Iglesia católica nicaragüense. La oposición sostiene que en el país hay al menos 190 “presos políticos”, pero Ortega asegura que son “delincuentes y terroristas”.

Un mes después del estallido de las protestas Álvarez reclamó reformas electorales que garantizaran elecciones libres, justas y transparentes con observación internacional.

El obispo ha mantenido esos llamados a la democracia durante los últimos cuatro años, lo que enfureció a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Anteriormente, el gobierno había cerrado ocho radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua. Siete de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia católica.

Días atrás la Arquidiócesis de Managua expresó su apoyo a Álvarez. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “acoso constante” al pueblo y a la Iglesia nicaragüense.

Sin embargo, el Vaticano guardó silencio público durante casi dos semanas, lo que provocó las críticas de intelectuales latinoamericanos y activistas de derechos humanos.

El viernes pasado monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a las partes que “busquen vías de entendimiento”.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ortega ha tenido una relación complicada con la religión predominante de Nicaragua y sus líderes durante más de cuatro décadas. El exguerrillero marxista enfureció al Vaticano en la década de 1980 pero gradualmente forjó una alianza con la Iglesia mientras intentaba recuperar la presidencia en 2007 después de un largo período fuera del poder.

Inicialmente invitó a la Iglesia a mediar en las conversaciones con los manifestantes en 2018, pero desde entonces ha tomado una posición más agresiva.

Días antes de las elecciones presidenciales del año pasado -en las que obtuvo un cuarto mandato consecutivo mientras sus más fuertes opositores estaban encarcelados-, acusó a los obispos de haber elaborado una propuesta política en 2018 “al servicio de los yanquis” y consideró que los prelados eran ”terroristas”.

En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en el país.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abogó ayer viernes por castigar a militares y funcionarios involucrados en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, tras un informe oficial que señala la responsabilidad de agentes del Estado.

“Dar a conocer la verdad y castigar a los responsables fortalece a las instituciones”, dijo el mandatario izquierdista en rueda de prensa, luego de que el jueves se conociera el reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”.
El documento asegura que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y  muerte de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y seis personas a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.

“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país”, añadió López Obrador en la ciudad de Tijuana (norte).

Previo a su difusión pública, el mandatario escuchó el informe el jueves junto con las familias de las víctimas.

“Dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Les expresé mi dolor, mi tristeza”, comentó.

La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.

Informe de comisión
La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, dijo el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.Reactivó también la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.

El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.

Detenidos
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 por este caso, pero la mayoría fueron excarceladas por irregularidades en sus procesos o cuando se demostró que habían sido torturadas. Sólo unas 50 siguen en prisión.

Capturas
Desde finales de 2020 el gobierno hizo público que había 25 órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, entre los que se encontraban militares y policías federales.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, criticó ayer jueves a la compañía privada que contrató su gobierno para administrar el sistema de transmisión y distribución de electricidad de la isla en medio de un reciente repunte de apagones que han indignado a muchos de sus habitantes.
Es la primera vez que Pierluisi critica públicamente a Luma Energy -un consorcio conformado por las compañías Atco y Quanta Services Inc, con sedes en Calgary, Canadá, y Houston, respectivamente- a pesar de las manifestaciones callejeras y los mensajes en redes sociales que exigen que el gobernador cancele el contrato por 15 años con Luma que entró en vigor en junio de 2021.

“No estoy satisfecho con el desempeño de Luma”, señaló Pierluisi, quien previamente había defendido y elogiado a la empresa. “Para mí es obvio que tiene que hacer cambios en su plan de ejecución para mejorar significativamente el servicio que le está ofreciendo a nuestro pueblo”.

“Reconocemos y admitimos que existen desafíos considerables que aún no se atienden”, dijo el director general de la compañía, Wayne Stensby. “Sé que el pueblo de Puerto Rico está cansado de excusas y de que constantemente se le eche la culpa a alguien más”.que intenta reestructurar una deuda de más de 9.000 millones de dólares— no se van a solucionar en un año.

 

Producir poco es malo, pero para el sector arrocero producir mucho también lo es, pues afecta al sector y puede causar pérdidas importantes a los productores.

De acuerdo con expertos y productores consultados, existe una latente preocupación por lo que llaman una “sobreproducción” o “sobreoferta de inventario”, lo que indican que podría provocar un desinterés en la industria que afectaría a quienes se dedican a producir este cereal.

Consultados por Listín Diario, el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcelo Reyes, y el experto productor arrocero, Luis Yangüela, coincidieron en señalar la preocupación por las dificultades que esto puede representar y lo que esto implica para la rentabilidad de la comercialización de este rubro agrícola.

“El sector arrocero nacional está atravesando por una situación especial debido a un sobre inventario en las factorías de arroz, esto está provocando un desinterés en la industria que afecta de manera directa la poca rentabilidad del productor”, expresó Reyes.

Para Yangüela, la mayor dificultad del sector productor es la falta de planificación que deja ver el gabinete agropecuario. Explica que desde finales de 2020 se trae al país una importación de desabasto por encima del contingente del DR-Cafta. Esto sumado a la producción récord del año pasado y a la ralentización en el consumo de arroz, a su juicio ocasiona una sobreoferta de inventario.

Señala que era mandatorio sentarse con todos los actores del sector arrocero a planificar la siembra de este año, lo que dice “no se hizo” provocando que esos inventarios no permitan que se pueda recibir con la velocidad que se requiere el arroz cáscara que se está recolectando y peor aún el que falta de la segunda etapa que culmina en diciembre y que sin la planificación antes mencionada el arroz seguirá entrando sin parar al mismo ritmo que se sembró.

El experto productor de arroz expone que este año el costo de producción no afectó la cosecha por los subsidios que dio el Gobierno a los fertilizantes y a los productores con los RD$100 a los 120 kilos de arroz en cáscara en primera etapa de la siembra.

Sobre la industria 
En el caso de la industria, Yangüela sostiene que la situación es más difícil, pues está entre el productor y el consumidor, y sus cuyos costos se han incrementado en proporción a la inflación, no obstante esta se  ve obligada a comprar el arroz al productor a los precios mínimos que establece la Comisión Nacional Arrocera (CONA) y tiene la presión para que no le suba al consumidor.

Sostiene que el programa de pignoración permite que el arroz almacenado pueda acceder a los préstamos de la banca nacional y el Gobierno, a través de la Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI), paga los intereses de esos préstamos, el almacén fiscal y el seguro, lo que sirve de mucho alivio a los productores.

Sin embargo, Yangüela refiere que como hubo que pignorar el sobre inventario y esto tampoco se planificó en el presupuesto de la UEPI, esta mantiene un retraso de tres meses en el pago a la industria, lo que dijo complica aún más la situación.

“Si no se asume una real planificación para la cosecha que viene y realmente se establece cuáles son las fechas de siembra, cuántas siembras se va a hacer en el año y se sigue sembrando sin control, va a llegar un momento en que los inventarios (…) van a afectar directamente a toda la cadena de la producción y la comercialización del arroz”, concluye Yangüela.

Fenarroz pide mantener incentivo
Reyes se mostró partidario de que el Gobierno mantenga el subsidio de RD$100 por fanega y dijo que se han quedado esperando este incentivo. “Debe mantenerse el monto de los 100 pesos para la segunda etapa a los productores al igual que los recursos destinados al programa de Pignoración (no deben faltar) para que el equilibrio y la estabilidad se mantenga en los campos que se dedican al cultivo de arroz”, expresó Reyes.

En el Bajo Yuna
Otra situación que afecta a los arroceros es la que viven los productores del Bajo Yuna con los molineros en las factorías, ya que la variedad de arroz sembrada rinde menos de lo esperado, lo que crea un problema a la hora de comercializarlo.

El productor arrocero César Espaillat, expresidente de Fenarroz, sugiere al Gobierno propiciar la construcción o reconstruir factorías, de las contempladas en la Reforma Agraria, para ayudar a los productores para que ellos mismos procesen su arroz y lo comercialicen.

“Muchos molineros no les gusta el arroz que se ha sembrado, porque tiene la cáscara un poco más gruesa y en el molino rinde menos”, puntualizó Espaillat.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aseguró que a pesar de la reducción del precio internacional del WTI (petróleo crudo) esa entidad mantiene el subsidio a los combustibles, destinando 300 millones de pesos para contener las alzas.

Ante esta situación, el MICM decidió mantener los mismos precios de los combustibles para la semana del 20 al 26 de agosto.

En ese sentido, la gasolina premium se seguirá vendiendo a RD$293.60 por galón y la regular a RD$274.50.

El gasoil regular mantienen un precio de RD$221.60 por galón, el óptimo de RD$241.10 por galón, el avtur RD$298.91 por galón, el kerosene RD$338.10 por galón.

Asimismo, el fuel Oíl #6  se continuará vendiendo a RD$192.11 por galón, el fuel Oíl 1%S estará a RD$211.77 por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanece a RD$147.60 por galón y el gas Natural RD$28.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$54.09 de las publicaciones diarias del Banco Central.

El RD Open by Milex volvió en este 2022 luego de dos años de ausencia por la pandemia, pero la pausa lo hizo más fuerte al convertirse en el torneo ATP Challenger de mayor nivel en toda América Latina.

El evento, que inició el pasado 15 de agosto, se extenderá hasta el próximo 21 en las canchas del Santo Domingo Tennis Club (La Bocha) con más atractivos que nunca: nuevas graderías, más entretenimiento para el público y la vuelta de Víctor Estrella a la competencia, ahora en dobles.

La decisión del tenista con mayores lauros en la historia ha concitado la atención de propios y extraños, y de inmediato surgió la pregunta: ¿es el primer paso para que Víctor vuelva al tour profesional?

Aunque no tiene una respuesta contundente, el santiaguero de 42 años dijo que está disfrutando ver a su gente, el momento de competir en casa y en un torneo en el que fue campeón en 2017.

“La idea de estar aquí es apoyar el torneo, ver a los tenistas dominicanos y compartir un poco. Me he preparado bien porque siempre he sido un jugador responsable. No es que salí del retiro porque no creo que vuelva a jugar profesionalmente”, reveló Estrella.

Pese a no dar una respuesta tajante sobre su vuelta o no al circuito, el ex 43 del mundo dijo que está muy concentrado en su familia y que retornar a las exigencias de la competencia profesional es algo que no le gustaría experimentar nuevamente.

“No está en mis planes, muchas cosas pueden surgir, depende cómo uno se sienta en la cancha, pero como conocedor del tour, lo que significa estar en un torneo, entrenarse, el sacrificio… no sé si tendría esa voluntad de nuevo”, aclaró.

Estrella juega dobles en el RD Open by Milex, junto a Peter Bertran, actual segunda raqueta dominicana.

En el retiro

Ahora que está fuera de las canchas, el triple campeón de Quito asegura que pasa más tiempo con la familia, aunque no está muy alejado, ya que ofrece asesoría a los jugadores, sin embargo, espera hacer más por el desarrollo de esta disciplina en el país en un futuro cercano.

“Paso mucho tiempo con mi hija menor, dedico mucho tiempo a la familia, a mi mamá, a mis hermanos, pero sigo involucrado en el tenis porque doy asesoría a algunos jugadores, aunque espero hacer más por el tenis dominicano”, indicó.

El primer partido de la dupla santiaguera fue este miércoles ante Purav Raja y Divij Sharan, de India.

 

Cibao FC volverá a la acción este sábado cuando reciba en su feudo a la
Universidad O & M, en partido de la jornada 7 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2022).
El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche en la bombonera de la Universidad
Católica Madre y Maestra.
El club naranja está ocupando la segunda posición de la Liguilla, mientras que
los universitarios comparten la última posición con Jarabacoa FC.
En los seis partidos Cibao FC tiene marca de 2 ganados, 3 empates y una derrota, para un total de 9 puntos, solo por debajo de los 15 que suma el Club Atlético Pantoja.
La Universidad O & M no ha podido ganar en la Liguilla donde tiene registro de cero triunfo, tres empates y dos derrotas para tres unidades.

Los dos oncenos en la etapa regular se enfrentaron dos veces, donde Cibao FC se impuso en el primero 4-2 el 13 de julio en el estadio Félix Sánchez, con un doblete de Juan David Díaz, y goles de Yohan Parra y Erick Japa.
Los universitarios anotaron por vía de Hilario Mena con un doblete.
En el segundo enfrentamiento O & M se impuso de visitante 2-0 el 15 de abril, con goles de Kensy Guerrero al y Arichell Hernández al minuto.
En la Liguilla tienen un enfrentamiento, que fue el 16 de julio y donde empataron 1-1,anotando Arichell Hernández y el colombiano Juan David Díaz por Cibao FC.

El mejor goleador del Cibao FC, que cuenta con el respaldo de Banreservas, es el
colombiano Díaz quien es segundo de la LDF con 7 goles, Erick Japa tiene 5, Christian Alba 4, Jean Carlos López y Pinta Díaz 3 cada uno, Welkin Luis, Jean Luis Martínez, Dairin González y Ángel Montes De Oca, uno por cabeza.
El líder de los universitarios es el cubano Arichell Hernández con 6 y tercero de la liga, Hilario Mena y Kensy Guerrero tienen 5 cada uno.

Los Guerreros del Club Atlético Pantoja viajarán este sábado para medirse al Jarabacoa FC en el estadio Junior Recio, con la misión de conseguir un triunfo que les permita inscribir su nombre en la fase semifinal.

El tránsito de Pantoja por la liguilla ha devuelto la alegría y confianza a sus fanáticos. Cinco victorias en igual número de partidos, 12 goles anotados y solo 3 concedidos, avalan la aspiración de los Guerreros de conseguir la clasificación matemática en la sede del cuadro de la montaña; un recinto en el que hasta ahora las estadísticas favorecen al local y en el que los de la capital no han logrado sumar de a tres.

Los dirigidos por David González no vieron acción en la sexta jornada de la liguilla. El partido ante O&M FC fue reprogramado para el 24 de agosto y las piernas de los Guerreros recibieron un descanso no programado que, en opinión del propio González, no debería afectar el rendimiento de sus efectivos.

«Queremos recuperar las sensaciones antes de la pausa y seguir muy concentrados de cara a los que viene», aseguró el DT de los Guerreros que mantiene el foco en su plan de ir partido a partido, buscando primero el pase a la semifinal.