Blog

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró este jueves que en el nuevo contrato de explotación petrolera con la corporación estadounidense Apache el país recibirá por lo menos el 40 por ciento de los beneficios.

Estas declaraciones del funcionario se llevaron a cabo durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde también afirmó que dicho acuerdo incluye un principio de apoderamiento de hasta 15% de la producción de hidrocarburos extraídos.

Igualmente tiene cláusulas de protección ambiental, según Almonte, a fin de proteger la zona en que operará Apache en búsqueda de crudo de petróleo y gas natural.

Asimismo, Almonte aseveró que todo el costo de la fase exploratoria del proyecto será cubierto por la compañía norteamericana.

En total serán 13 millones de dólares la inversión durante los primeros siete años del proyecto, divididos en una de 5 millones durante el primer cuatrienio de la fase de exploración, luego 8 millones en los siguientes tres años del segundo periodo de exploración, más la garantía de la construcción de un pozo exploratorio.

Esta área, ubicada en la cuenca de la provincia San Pedro de Macorís, al este del país, tiene un área de aproximadamente unos 2,535 kilómetros cuadrados, más una profundidad que oscila entre los 800 y 1,000 metros.

Con una ronda de entrevistas a los últimos 19 aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral (JCE), concluyó este jueves las conversaciones entre los senadores de la República y 306 personas que acudieron desde el pasado mes de septiembre a presentar su hoja de vida.

Las entrevistas entre los aspirantes iniciaron el pasado 29 septiembre con un listado de 336 personas, de los cuales cuatro nombres eran repetidos y 26 participantes dimitieron a ser parte de los nuevos miembros del órgano electoral.

De los aspirantes 76 eran mujeres y 230 hombres.

La comisión informó que el próximo lunes a las 3:00 de la tarde iniciarán el proceso de deliberación de los aspirantes y esperan en la próxima semana presentar las 30 personas que serán presentadas ante el Congreso Nacional.

“De esos 306 entrevistados tenemos que seleccionar 30, menos de un 10 por ciento, lo que significa y es bueno que la sociedad vaya entendiendo nosotros, más del 90 por ciento de una forma u otra no se va a sentir satisfecho con el trabajo que nosotros hemos hecho”, dijo Ricardo de los Santos, presidente de la commission.

Entre los que esperan ser elegidos como parte de la JCE, están tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), en los que se encuentra su presidente Román Jáquez  Liranzo, junto a los magistrados Rafaelina Peralta y Ramón Arístides Madera Arias. Además,  tres magistrados suplentes tienen igual propósito: Fernan Leandry Peralta, Jorge Eligio Méndez y Rhina Díaz Tejada.

A esta se suman, la directora de rectificaciones de actas del registro civil de ese tribunal, Enilda Ortíz Rodríguez, el director de comunicaciones, Ernesto Suncar Morales; el director del departamento contencioso, Denny Díaz Mordán; el asistente ejecutivo de la Presidencia,  Malaquías Contreras, el consultor jurídico Samuel Moquete de la Cruz y la abogada ayudante Nuris Forchue.

Además está el ex jueces Fausto Marino Mendoza.

JCE

De igual forma, de los actuales miembros del pleno de la JCE, aspiran Carmen Imbert Brugal y Rosario Graciano de los Santos.

Además aspiran a miembros titulares los suplentes José Lino Martínez y Luis García.

Ex miembros del Pleno de la JCE también procuran retornar: Eddy Olivares, Ramón Hernández Domínguez, José Luis Tavárez, José Ángel Aquino y  Rafael Vallejo Santelises.

Directores departamentales

Entre los funcionarios medios de la JCE que aspiran  al Pleno se cuentan  el director de Elecciones, Mario Núñez; el director de inspectoría, Juan Bautista Tavárez;  la directora de Compras, María Estela de León, la directora de Registro Civil, Dolores Fernández, el consultor jurídico Herminio Guzmán; el director de Partidos Políticos, Guarino Cruz, y la coordinadora de Gestión de Contenidos, Anibelca Rosario.

Por igual, está entre el grupo de postulantes la presidenta de la Junta del Distrito Nacional, Dalma Cruz Mirabal, así como ex funcionarios tanto de la JCE como de la Junta del Distrito.

Miembros de la Comisión 

La comisión está presidida por el senador de la provincia Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ricardo de los Santos, de ese partido también está Faride Raful, del Distrito Nacional; Antonio Taveras Guzmán, Santo Domingo; Iván Silva, La Romana; y Melania Salvador, Bahoruco.

El segundo partido con mayor presencia en la comisión es la Fuerza del Pueblo, entidad que contará con Bautista Rojas Gómez, de la provincia Hermanas Mirabal y Franklin Rodríguez de San Cristóbal.

Los restantes dos miembros son Ramón Rogelio Genao, senador de la provincia La Vega y miembros el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); y José Del Castillo Saviñón de Barahona y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Según el director de Com­pras y Contrataciones Pú­blicas (DGCCP), Carlos Pimentel, pese a que un funcionario sea un provee­dor único del Estado, no podrá contratar con el Go­bierno porque “la ley es muy clara” y estos servido­res se encuentran en el Ré­gimen de Incompatibilida­des.

Pimentel dijo que pese a que el senador del PRM por la provincia de María Tri­nidad Sánchez, Alexis Vic­toria Yeb, había asegurado que como él es un provee­dor único del Estado por la venta de medicamentos, existe una excepción en el artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrata­ciones Públicas relaciona­da a los bienes y servicios con exclusividad o que só­lo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica.

“Parece ser que él tie­ne la representación de la multinacional y la multi­nacional que elabora esos productos si puede tener relaciones contractuales con el Estado (…) La ley es muy clara en su artículo 14 y no puedo interpretar­la de otra manera, no por­que sea un proveedor úni­co podrá contractual con el Estado”, comentó Pi­mentel haciendo referen­cia a que la multinacional que envía estos medica­mentos deberá buscar otro representante en Repúbli­ca Dominicana para poder vender al Gobierno.

Constitucional

El funcionario recalcó que esta es una disposición de la Constitución de la República que establece que los diputa­dos y senadores no pueden dedicarse a otra función y, por tanto, no pueden ser pro­veedores del Estado.

Otros casos

Pimentel expresó que el 26 de agosto, la DGCCP comu­nicó a todos los funciona­rios electos que solicitaran la inhabilitación de su regis­tro de proveedores y que si al 30 de octubre, no lo han hecho, la entidad lo hará de oficio.

Sin embargo, al 19 de oc­tubre solo se han cruzado la base de datos de los funcio­narios electos a nivel muni­cipal como alcaldes, direc­tores de distritos, vocales y regidores, y de los integran­tes del Poder Judicial.

“Todavía no hemos cru­zado la base de datos de los funcionarios designados el 16 de agosto a la fecha por­que estamos utilizando un sistema de cruce de base de  datos. Nosotros no hemos terminado de identificar to­dos los funcionarios que es­tán en el régimen de incom­patibilidades, pero mientras eso pasa salió el caso de Kimberly Taveras (la minis­tra de la Juventud) y se le anuló”, manifestó.

Pimentel dijo que tam­poco se ha cruzado la base de datos con la lista de se­nadores y diputados, pero mientras eso pasa, algunos funcionarios ya sí han solici­tado directamente su inha­bilitación como proveedo­res del Estado.

Recalcó que todos los funcionarios, no importa que sean designados o elec­tos, del partido que sean o los intereses que tengan, si están en el sistema de in­compatibilidad se les va a suspender su registro de proveedor, aunque este es un proceso que no ha ter­minado porque se trata de “una tarea ardua”, ya que apenas se están iniciando los mecanismos de detec­ción temprana.

Inteligencia artificial

El titular de Compras y Contrataciones Públicas informó que la organiza­ción está desarrollando desde la unidad de análi­sis y monitoreo herramien­tas de ciencias de los datos vinculadas con inteligen­cia artificial y además ha estado avanzando en la in­terconexión de las distin­tas bases de datos de los entes del Gobierno.

Cumplir la ley

“Estamos convencidos de que no es un tema rápido y fácil, es un tema de efectivi­dad. Esto no es una carrera, esto es simplemente hacer cumplir la ley y por eso las herramientas que hemos estado desarrollando que­remos aplicarla lo más efec­tivo posible”, afirmó.

Sobre los jueces Manuel de Jesús de la Rosa Barrien­tos y Marlon Vladimir Espi­nosa Lebrón, Pimentel pun­tualizó que ellos estaban en el registro de proveedores, aunque no estaban de ma­nera contractual con el Es­tado, pero la organización que dirige está en conversa­ción con el Poder Judicial y rendirá un informe respec­to a esos casos.

SEPA MAS
edidas de la Ley 340-06
Artículo 6

Presenta algunas ex­clusiones a la aplica­ción de la norma sobre los procesos de com­pras y contrataciones relacionados con acuer­dos de préstamos, y otras.

Artículo 12

Todo funcionario pú­blico que participe en los procesos de compra o contratación será res­ponsable por los daños.

Pequeños y medianos empresarios solicitaron al Poder Ejecutivo flexibilizar el horario de toque de queda por las festividades navideñas, del 15 de diciembre hasta el 2 de enero, para que los dominicanos tengan la libertad en compras y así dinamizar la economía de las Mipymes.

La Federación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas Dominicanos (Fenapymed) propuso que del 23 de diciembre hasta el 25 no haya toque de queda, al igual que del 31 de diciembre al día 1 de enero, y que los demás días (del 15 de diciembre al 02 de enero) la limitación de horario sea a partir de las 12:00 de la medianoche.

Carmelo Rodríguez, presidente de la federación, sugirió al presidente Luis Abinader tomar la vía de mayor facilidad para que los Mipymes puedan, con las ventas, recuperar parte del dinero perdido con los meses que tuvieron cerrado y para poder pagar sin dificultad el doble sueldo a sus empleados.

La federación garantizó que para estas fechas navideñas que mantendrá los estándares de cuidado con el Covid-19 y protocolos sanitarios.