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La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá el 29 de este mes el conocimiento de la solicitud  de extradición de Freddy Antonio Frías García Jiménez o Elis José García Hiciano, reclamado por los Estados Unidos para ser procesado por narcotráfico.

El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Fran Soto y María Garabito, decidirá ese día si acoge la solicitud de extradición de Freddy García Jiménez reclamado por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

El reclamado en extradición apresado luego de que la Suprema Corte emitiera una orden de arresto en su contra y de hermano Bladimir García Jiménez, acogiendo una petición del Distrito Sur de la Florida que también emitió senda órdenes de arresto el 11 de marzo de 2021.

La solicitud de extradición fue presentada por la embajada de Estados Unidos en el país ante el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige Gisella Cueto.

En torno al caso, Bladimir, quien fue procesado en Estados Unidos por su vinculación con el ex capitán del Ejército,  Quirino Paulino Castillo, aceptó irse voluntariamente en extradición para enfrentar los hechos que se le imputan.

Tanto Freddy como su hermano Bladimir son acusados por el país requirente de asociación delictuosa para distribuir una sustancia controlada, tratando y teniendo causa razonable para creer que la misma sería importada a los Estados Unidos.

Freddy, estará representado en el tribunal por los abogados Freddy Antonio Frías y Enmanuel Pimentel. La nota diplomática indica que la asociación es para distribuir sustancias controladas.

Igualmente, la Segunda Sala Penal de la Suprema conocerá hoy en otra audiencia una solicitud de extradición de Aris Burgo Rodríguez (Gárgola), también reclamado por los Estados Unidos para ser procesado por narcotráfico en una Corte Federal.

En la audiencia, el ministerio público estará representado por el procurador adjunto Andrés Chalas Velásquez y la representante de los intereses de los Estados Unidos, Analdis Alcántara Abreu.

Mientras que Burgo Rodríguez, quien se encuentra recluido una celda de extraditable de la cárcel de Najayo, estará representado por los abogados Joaquín Pérez y Nayely Pérez.

 El Consejo Na­cional para la Niñez y la Adolescen­cia (Conani) ha logrado rescatar de las calles a 166 niños, niñas y adolescentes entre marzo y junio de este año.

Se trata de 136 varones y 30 hembras que se dedi­caban a pedir limosnas y a realizar trabajos en las ca­lles del Distrito Nacional, los cuales fueron protegi­dos por el Conani a través de 38 operativos.

Las acciones para resguar­dar a esos menores y ga­rantizarles la protección de sus derechos forman parte de un plan piloto desarro­llado en el polígono cen­tral del Distrito Nacional y que se proyecta extender a otros lugares del país.

La meta es que al final de año esté funcionando el programa en la provincia Santo Domingo y de ahí continuar a otros pueblos.

En las intervenciones que realiza un equipo multidis­ciplinario han establecido que 99 de los menores re­catados son migrantes, y que en las labores que rea­lizan en las calles han con­tado con el apoyo de 33 adultos.

Los datos fueron aporta­dos por la directora de Co­nani, Ana Cecilia Morun Solano, y funcionarios de la entidad, durante su par­ticipación en el Desayuno de Listín Diario, encabeza­do por el director del perió­dico, Miguel Franjul.

La directora de Conani es­tuvo acompañada de Lau­ra Torres, encargada de la unidad Técnica de Gestión; Alberto Padilla, encargado del departamento de Po­líticas, Normas y Regula­ciones; Paola Rodríguez, enlace técnico entre el Ga­binete de Niñez y Adoles­cencia y Conani, y Merqui­sede Avelino, encargado de comunicaciones.

Plan piloto
El plan piloto del progra­ma, que se desarrolla a tra­vés de la Unidad Técnica Operativa (UTO), fue pre­sentado al país por el órgano rector de la niñez y la ado­lescencia en diciembre del 2021, luego de ser anuncia­do un mes antes por la pri­mera dama y presidenta del Gabinete de Niñez y Adoles­cencia, Raquel Arbaje.

En el programa trabajan 21 personas de la Unidad Téc­nica Operativa y también participan representantes de otras instituciones.

La directora de Conani ex­puso que procuran que ese programa permanezca en el tiempo, dándoles seguimien­to y acompañamiento a esos niños, niñas y adolescentes, con el propósito de que no vuelvan a las calles, sino a las aulas y a lugares de trabajo.

Puntualizó que pretenden crear un sistema de becas y empleos para beneficio de esos niños y adolescentes, gestionando apoyo a través de las mismas plazas y luga­res donde antes se veían co­mo una amenaza, así como gestionarles que reciban los beneficios de los programas sociales del gobierno.

Percibe que esos menores lo que necesitan es que alguien les dé una oportunidad.

Los menores fueron resca­tados de espacios públicos y de las peores formas de tra­bajo infantil, donde algunos eran explotados sexualmen­te con fines comerciales.

Los muchachos en esas con­diciones de vulnerabilidad son detectados por diversas vías, a través de las informa­ciones publicadas en medios de comunicación y redes so­ciales, por denuncias direc­tas, y hasta por un rumor, acotó Morun Solano.

Pero, además, tienen identi­ficados lugares a donde acu­den sin necesidad de espe­rar una llamada.

Para esa labor, la UTO con­tará con patrullas motoriza­das, en las que se moverán psicólogos, trabajadores so­ciales y demás profesiona­les que intervienen en este plan.

Señaló que a la par con el plan piloto en el Distrito Na­cional, Conani seguirá brin­dando atención a esa pro­blemática a nivel nacional, al igual que a otros proyec­tos en beneficios de ese seg­mento de la población.

Mapeo de los lugares
Conani ha identificado 54 lugares del polígono central del Distrito Nacional donde suelen ubicarse los menores con las características defini­das, sobre todo por cercanía a sitios donde pueden con­seguir comida y trabajo.

Alberto Padilla, encargado del departamento de Polí­ticas , Normas y Regulacio­nes de la institución estatal, explicó que para el rescate de los menores utilizan una metodología amigable, que genere confianza en los ni­ños y adolescentes.

Precisó que el plan consta de grandes ejes. Salen a bus­carlos en vehículos conforta­bles, el niño da su anuencia porque siente confianza y el mismo luego dice que se lo lleven. En Conani es recibi­do con alimentos, tanto co­cidos, para su consumo, co­mo crudos, que llevan a sus casas cuando los especialis­tas van a conversar con las familias.

En los hogares, el personal de Conani se da cuenta que a ve­ces viven con abuelos y tíos, que piden ayuda porque no pueden tenerlos.

Expuso que la tasa de retorno a las calles ha sido muy baja en aquellos que tienen poco tiempo en situación de calle.

Sin embargo, expresó que ha habido algunos fracasos porque hay familias que no han cumplido con los acuer­dos. Cuando esto ocurre, no los retornan a sus casas, si­no que son llevados al hogar de paso de Conani Padre Luis Rosario, que funcio­na desde abril de 2022, en Guerra, provincia Santo Do­mingo.

“Con la información que aportan los menores, los es­pecialistas llegan al entorno sociofamiliar”, puntualizó.

Uniones tempranas
Laura Torres, encargada de la unidad Técnica de Ges­tión, dio detalles de un pro­grama iniciado en diciembre de 2021 para erradicar las uniones a temprana edad.

Este programa involucra a 18 instituciones que articu­lan políticas públicas para prevenir esa problemática, que repercute en los emba­razos temprano y las muer­tes maternas.

Trabajan en la prevención y atención, dando acompa­ñamiento sicosocial, y si de­terminan que en esa unión temprano y embarazo hay implicaciones penales apo­deran al ministerio público.

CLAVES
Acompañamiento.
Alberto Padilla pun­tualizó que el progra­ma para prevenir unio­nes tempranas que desarrollan implica un acompañamiento a esa adolescente. Y subra­yó que lo importante es que están priorizan­do 20 localidades, se­leccionadas por tener alta densidad pobla­ción y más casos. Men­cionó entre estas las provincias San Juan, Dajabón, Azua, Ba­rahona, San Cristóbal, Peravia, Higüey, Santo Domingo y Santiago.

“La meta es recorrer todo el territorio para erradicar las uniones tempranas”, enfatizó Padilla.

Han pasado tres meses desde que el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, anunciaron el inicio de los trabajos para la remodelación del malecón de Santo Domingo Este (SDE), desde entonces se ha removido tierra y arena, levantado hileras de varillas y agujereado el terreno.

Hasta el momento, la obra general presenta un 10% de avance, según estimó una fuente ligada al proyecto, que también adelantó que hacen esfuerzos para finalizar los primeros dos kilómetros, de los más de  cuatro que conforman la obra, a finales de este año.

Uno de los miembros del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), organismo del Ministerio de Turismo (Mitur) que tiene a su cargo la supervisión del proyecto, explicó que la intervención inició en la primera semana del mes de abril y en varias ocasiones el titular de la referida entidad ha asistido personalmente a verificar el progreso de los trabajos.

Dos etapas
La fuente reveló que la remodelación fue dividida en dos etapas a solicitud de Collado, siendo la primera desde las cercanías de la base naval hasta los siguientes dos kilómetros.

“Lo dividimos como en dos etapas para tratar de optimizar los trabajos de los primeros dos kilómetros y después optimizar los otros dos kilómetros restantes”, precisó.

Dijo, además, que se han propuesto culminar el primer tramo antes de que finalice este año y en los siguientes seis meses del 2023 entregar el segundo.

Sin embargo, destacó que es una meta que se han propuesto, pero son conscientes de que las condiciones climáticas pueden jugar en contra y, en consecuencia, dilatar la fecha de entrega.

“Como es un proyecto abierto, yo te puedo decir que se termina en cinco días pero luego se toma 10 porque hubo un tiempo de agua. Hay fuerzas externas que te pueden perjudicar un trabajo”, expresó.

Ambiente.
La zona de tradicional concurrencia, sobre todo fines de semana, ahora es el escenario de decenas de pequeñas y grandes pilas de material, extraído o depositado, que vigila el personal del cuerpo del orden para evitar  accidentes.

Enfoque.
El funcionario del Ceiztur precisó que trabajan en el movimiento de tierra, la ampliación de aceras, la creación de parqueos, y la creación de pequeñas plazas recreativas para el disfrute de los visitantes.

Tras el sobresalto vivido por el país a consecuencia del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, las medidas de seguridad que han estado implementando en las instituciones gubernamentales, para evitar casos de procedencia similar o el simple acceso de personas portadoras de armas a sus instalaciones, han sido reforzadas.

Las regulaciones para el paso a los edificios de instrucción pública siempre han existido, pero las inmediaciones del propio Ministerio de Medio Ambiente, Palacio Nacional, el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal), Ministerio de Deportes, Cámara de Cuentas, Impuestos Internos (DGII), el Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Turismo, entre otros, evidencian ahora la intensidad en el cuidado y regulación de entrada a cada una de sus oficinas.

Con puertas detectoras de metal y detectores manuales, sumado a la presencia en cada planta de una parte del cuerpo de seguridad nacional, los ministerios de Medio Ambiente y Turismo, que comparten plantel, figuran entre los que implementan mayor nivel de seguridad en sus medidas de vigilancia y cuidado.

En El Huacal ha aumentado el rigor de las medidas, que quedan manifiestas en puertas detectoras de metal, justo en la parte de acceso a cada oficina. Igual ha hecho también la mayoría de los ministerios.

Asimismo, en la casa de gobierno se registra un fortalecimiento de las medidas de seguridad, principalmente al momento de aproximación de los visitantes.

El Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) ordena hacer parada a los vehículos al momento de su entrada.

Los bultos que cargan los visitantes o empleados son abiertos,  previa autorización, para ser sometidos  a revisión. Posteriormente, los oficiales de seguridad conceden el paso. En algunas áreas del Palacio Nacional, los guardias se mantienen bien concentrados y atentos, más de lo común.

El pasado 6 de junio, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a tiros en su oficina de esa cartera, por  Miguel de Jesús Cruz de la Mota, hasta entonces considerado un amigo suyo.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del  Distrito Nacional dictó un año de prisión  preventiva contra Cruz de la Mota, acusado de dar muerte de seis  disparos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.

El imputado cumple la medida de coerción en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

Al acusado se le ocupó tras cometer el crimen una Mini Uzi, calibre 9 milímetros, con dos cargadores con 30 cápsulas cada uno.

Sepa más
Sus funciones.
Un detector de metales es un instrumento electrónico que permite identificar la presencia de metal, por ejemplo: bajo tierra, oculto en alguna superficie o en personas.

Algunos de los usos más habituales son: en la guerra para búsqueda de minas, en seguridad para (detectar armas ocultas), búsqueda arqueológica de objetos históricos.

Los de mano suelen ser de tamaño reducido para hacer búsquedas de precisión.

Un detector de metales básicamente genera un campo magnético e interpreta las variaciones y/o alteraciones que en éste se producen. En general, se clasifican en dos tipos, los de inducción de pulso o los de radiofrecuencia.

Un incendio en una cárcel del suroeste de Colombia ha dejado un saldo de al menos 51 muertos y más de veinte heridos, informaron las autoridades el martes.

Tras las primeras indagaciones, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que lograron establecer que en la madrugada dos internos “sostuvieron una riña y uno de ellos de una forma irresponsable prendió fuego a una colchoneta y finalmente hubo una conflagración”.

La emergencia se presentó durante la madrugada en la prisión de mediana seguridad de la ciudad de Tuluá, ubicada en el Valle del Cauca, al suroeste del país.

Ruiz Orejuela dijo a la prensa que entre los heridos hay guardias. Aunque aún no se conocen los resultados de los estudios forenses, el funcionario señaló que dos cuerpos fueron encontrados calcinados y la “gran mayoría” de los internos murió “por inhalación de este humo”.

Los familiares de las víctimas pedían información sobre las identidades de los muertos y heridos en la entrada de la cárcel y ante la negativa intentaron ingresar a la fuerza, por lo que intervino el escuadrón antidisturbios de la policía.

Horas antes, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Tito Castellanos, dijo a la prensa local que una de las hipótesis apuntaba a un intento de motín que algunos presos iniciaron para buscar fugarse.

Durante la emergencia, el personal de guardia trató de controlar las llamas sin éxito, por lo que tuvo que intervenir el cuerpo de bomberos.

En el centro carcelario hay una sobrepoblación del 17%, según las autoridades penitenciarias. La Defensoría del Pueblo constató “graves condiciones en la prestación del servicio de alimentación y falta de suministro médico a las personas privadas de la libertad” al interior de la cárcel, detalló en un comunicado el martes.

El presidente Iván Duque se solidarizó con las familias de las víctimas, de quienes aún no se conocen sus identidades, e indicó en un mensaje de Twitter que ha dado instrucciones para “adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación”.

Los abogados de funcionarios estadounidenses demandados por el exnarcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán presentaron el martes por segunda vez un pedido para desestimar la demanda del mexicano en una corte de Colorado.

Los funcionarios -entre ellos el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y el director de la Oficina de Prisiones, Michael Carvajal – se vieron forzados a presentar su pedido de nuevo debido a que el juez del caso les dijo que el primer pedido había sido presentado incorrectamente.

Los demandados volvieron a decir que las quejas del exnarcotraficante sobre supuesto trato “cruel e injusto” en prisión son infundadas, no equivalen a ningún abuso y además, “El Chapo” no es “un preso como cualquier otro”, aseguraron. Los funcionarios también pidieron que se suspenda el plazo de tiempo fijado para presentar pruebas en el caso.

El año pasado el mexicano interpuso la demanda contra Garland, Carvajal y otros, alegando que está sufriendo psicológicamente debido a cómo es tratado en ADMAX, una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Guzmán dijo que está aislado de cualquier ser humano y de cualquier oportunidad de realizar alguna actividad en la cárcel.

Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, dirigió el cártel de Sinaloa, responsable de traficar cocaína y otras drogas a Estados Unidos, durante más de 25 años, de acuerdo con fiscales estadounidenses. Su “ejército de sicarios” tenía la orden de secuestrar, torturar y matar a cualquier persona que se interpusiera en su camino, asegura Estados Unidos.

El mexicano, de 64 años, fue extraditado a Estados desde México en enero de 2017 y, tras ser sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas y por liderar una empresa criminal en 2019, fue enviado a la cárcel ADMAX.

Tras el primer pedido para desestimar el caso, el juez William Martínez dijo que el pedido no se había presentado correctamente porque ambas partes debían intentar antes llegar a un acuerdo para atender las quejas de Guzmán y ver si se podía llegar a una solución. En su segundo pedido para desestimar el caso, los abogados de los demandados dijeron que no se había llegado a ningún acuerdo.

Un exmarino argentino que enfrenta en Miami un juicio por su presunto papel en el fusilamiento de un grupo de prisioneros políticos en la Patagonia hace casi 50 años, admitió el martes que él fue uno de los militares que disparó y el que ordenó iniciar los tiros.

“Recuerdo que había una masa de personas que se nos venían encima”, expresó Roberto Guillermo Bravo refiriéndose al grupo de prisioneros. “Dije disparen dos veces… y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros”, manifestó tras explicar que él fue el primero en hacerlo, unas 30 balas.

Fue la primera declaración pública bajo juramento de Roberto Guillermo Bravo, un exmilitar acusado por su presunto papel en el fusilamiento de 19 presos políticos en una base naval de Trelew, en el sur argentino, en agosto de 1972. Es la primera vez que enfrenta a la justicia ya que en su país las leyes impiden el enjuiciamiento en ausencia.

Bravo, de 79 años, vive en Estados Unidos desde 1973 y es ciudadano estadounidense desde 1987.

La de Miami es una demanda civil en busca de un resarcimiento económico por presuntos daños que Bravo habría causado a las familias. La presentaron en octubre de 2020 cuatro familiares de las víctimas: Capello, Raquel Camps, Alicia Krueger y Marcela Santucho.

De acuerdo con la querella, el exmarino y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisioneros políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron y participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos. Un jurado de siete miembros ofrecerá un veredicto al final del juicio.

La masacre fue en Argentina, pero la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos.

Al ofrecer sus declaraciones, Bravo fue interrogado por uno de los abogados de los demandantes, Ajay Krishnan; y luego por su propio defensor, Steven Davis.

En la mayor parte de su testimonio en inglés de cerca de tres horas parecía tranquilo, con voz firme. En varias ocasiones dudó y se desdijo con respecto a un testimonio anterior que había ofrecido en 2021 frente a los abogados, y varias veces dijo que no recordaba bien los hechos.

Poco antes Eduardo Cappello, uno de los demandantes trató de explicar por qué a casi 50 años de la llamada “Masacre de Trelew” él y otros tres familiares de las 19 víctimas aún buscan que Bravo, el único de los acusados que aún no enfrentó a la justicia en su país, sea declarado responsable por los daños que provocó su presunto accionar en la matanza extrajudicial.

“Decididamente el asesinato de mi tío marcó un antes y un después en mi familia”, expresó Capello, que lleva el mismo nombre de su tío. “La muerte de Eduardo fue el inicio de una serie de tragedias que incluyeron la desaparición de mi padre, mi madre y mi hermano”.

La defensa de Bravo alega que han pasado ya muchos años, más de los previstos por las leyes estadounidenses para poder presentar este tipo de demandas. Capello y los demandantes aseguran que no pudieron presentar antes la demanda por varios motivos, entre ellos el miedo que sentían a ser desaparecidos y muertos en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983, y que no supieron sino hasta 2008 dónde estaba Bravo.

Las autoridades argentinas pidieron la extradición de Bravo en 2009, pero un juez de Florida la negó poco después. En 2019 se presentó una segunda solicitud de extradición que aún está pendiente.

La masacre sucedió durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Pocos años antes habían empezado a operar grupos guerrilleros identificados con la izquierda y el peronismo, la fuerza política liderada por el expresidente Juan Domingo Perón.

Las víctimas pertenecían a grupos guerrilleros y pocos días antes habían escapado de una cárcel penal y fueron recapturadas. Con el regreso de la democracia en 1983 los sobrevivientes recuperaron la libertad y relataron lo sucedido.

La justicia argentina inició una investigación en 2005 tras la derogación en 2003 de leyes de amnistía que protegían a los militares. Otros tres acusados fueron condenados a prisión perpetua en su país: Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Bravo explicó que la noche de la masacre estaba cenando en la base naval y había tomado unas dos copas de vino cuando llegó un marinero a avisarle que dos guardias que custodiaban las celdas estaban preocupados y lo querían ver.

Al llegar a las celdas, Sosa ordenó que se quitaran las trabas de las puertas y que los presos salieran y formaran una fila, dijo Bravo.

Sosa, relató Bravo, caminó ida y vuelta por el estrecho pasillo que separaba las celdas y en un momento se cayó de rodillas. Uno de los presos, Mariano Pujadas, agarró su arma y efectuó dos disparos, dijo Bravo, y explicó que por eso ordenó disparar.

“Todo pasó tan rápido que lo único que recuerdo es que mi adrenalina estaba en un nivel muy alto. No tuve tiempo para pensar”, relató. “Tenía que parar eso”, dijo y explicó que los presos avanzaban hacia donde él y los otros militares estaban en la otra punta del pasillo.