Los precios de los comodities seguían registrando alzas este lunes luego del largo asueto de Semana Santa, mientras el barril de petróleo se ubicaba sobre los US$107 (WTI) y US$113 (Brent), lo que sigue creando incertidumbre sobre los procesos inflacionarios que registra la economía mundial.
Ayer, el precio a futuro del maíz reflejó un incremento de 2.97%, el trigo 2.20%, la soja 1.68%, la avena 1.22% y el algodón 1.81%, según los registros de Bloomberg.com.
El desfase entre la oferta y la demanda, el aumento incesante del crudo (WTI) en un 56.6% durante el 2021, el alza en un 470% en el costo de los fletes y los cambios bruscos que registran las cadenas globales de valor, son factores de la realidad que siente la economía mundial en la realidad post-pandémica.
Las hostilidades de la guerra entre Ucrania y Rusia agrega una mayor incertidumbre sobre el futuro económico global, con especial reflejo sobre las economías en desarrollo, creando distorsiones más pronunciadas en los precios de los productos importados y dejando sentir importantes preocupaciones, tanto a nivel gubernamental como en el sector privado, en los países dependientes de la importación de hidrocarburos, sobre todo por la reducción en la oferta mundial de petróleo.
Inflación por encima del rango meta
La mayoría de los países de América Latina exhiben tasas de inflación por encima de los niveles centrales de sus rangos meta (rondan entre 3.0% y 4.5% interanual).
Los grupos de mayor incidencia en la inflación de los primeros tres meses del 2022 son: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (30.6%), Transporte (23.2%) y Vivienda (13.5%).
En Estados Unidos EE.UU. registró una inflación interanual de 8.5%, superando en cuatro veces la meta promedio del 2.0% de la Reserva Federal a largo plazo, al igual que las economías de la Zona Euro cuya inflación en las más alta desde la salida al mercado del euro.
Estabilidad económica
A pesar del impacto de la pandemia en las finanzas públicas y de los nuevos desafíos que ha impuesto la guerra entre Ucrania y Rusia, la economía dominicana sigue mostrando su resiliencia y buenas perspectivas de crecimiento apuntando hacia un 5.0% para el 2022.
Según datos oficiales, el año pasado la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo registró niveles históricos (22.1%), cifra más alta en los últimos 13 años, y esto explicó el 49% del crecimiento registrado el pasado año.
El sector tabaco, el sector construcción, Zonas Francas, Industrias y manufactura han liderado la recuperación económica, mostrando cifras récords en sus respectivos renglones.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que marzo 2022 ha sido el mes de mayor cantidad de proyectos de inversión pública aprobados en el último lustro, ascendiendo a 34 proyectos que representan RD$39,374.3 millones.
Políticas públicas
Ante los actuales desafíos que enfrenta la región, las recomendaciones de los organismos internacionales apuntan hacia la adopción de políticas públicas que apunten a disminuir el impacto de las alzas de los comodities en los mercados globales y proveer mayor asistencia, mediante subsidios focalizados, a la población más vulnerable.
La más alta inflación en 15 años.
Según expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en las principales economías de América Latina es la más alta en 15 años, después de haber sufrido dos impactos: la pandemia y la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.
Indican que la inflación se aceleró en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en 2021 debido inicialmente al aumento de los precios de los alimentos y la energía, la política monetaria y el ajuste de los salarios, así como la recuperación de la demanda luego de la pandemia.
Los expertos del FMI señalaron como algo preocupante en la región el estragos que causa la inflación en los hogares de bajos ingresos, en un región con altos niveles de desigualdad.
República Dominicana fue uno de los países que participó activamente en la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. El mismo queha convocado a los países de la regiónpara su primera Conferencia de las Partes (COP 1), que se desarrollará esta semana en Santiago de Chile.
El Estado dominicano firmó el tratado en el 2018, pero ya ha transcurrido un año de su entrada vigor y el país todavía no lo ha ratificado. Esto significa que no tiene derecho al voto para la toma de decisiones y que no puede acceder a los beneficios que de él se derivan.
El Acuerdo de Escazú, llamado así por la ciudad de Costa Rica donde se firmó, contribuiría a la generación y divulgación de información ambiental actualizada, tan necesaria en el país; daría mayor protección a los ambientalistas; y garantizaría el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Para el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Euren Cuevas, este tratado es vital para garantizar la protección de los recursos naturales en el país porque la población tendría mayor participación en la toma de decisiones que tienen que ver con el medioambiente.
Cuevas considera que este podría ser uno de los aspectos más difíciles de implementar aquí porque los líderes políticos dominicanos no están acostumbrados a que los ciudadanos los acompañen a decidir sobre cuestiones importantes.
“Yo creo que la resistencia más grande está en que las personas participen conjuntamente con los tomadores de decisiones para que se tome una decisión legitimada, consensuada. Ellos quieren seguir con el modelo viejo, en el que tú votas por ellos y te desentiendes de todas las decisiones que van a tomar (…)”, explica el abogado especializado en Política, Legislación y Gestión Ambiental.
Para Cuevas este es uno de los puntos del acuerdo que podría generar mayor resistencia en el país. Pero también el acceso a la información es un asunto complejo de implementar porque, aunque desde el 2004 República Dominicana posee una ley sobre libre acceso a la información pública (200-04), en la práctica no funciona como debería.
El experto refiere, por ejemplo, que según las leyes los estudios sobre el impacto ambiental (en el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad o en las comunidades), de algún proyecto deberían ser públicos, pero es muy difícil acceder a ellos
“Aquí dan muchísimas vueltas para darte una información o te la dan a medias”, afirma Cuevas. En términos generales el abogado cree que el aspecto clave que podría obstaculizar la implementación de este acuerdo en el país es la transparencia.
Sobre los defensores ambientales
El Acuerdo de Escazú busca proteger los derechos de los defensores ambientales, quienes en muchos países de la región reciben amenazas, maltratos e incluso son asesinados. Si bien en República Dominicana la situación en este sentido no es tan extrema, Cuevas destaca que es importante que los ambientalistas estén mejor protegidos para que no sean perseguidos.
Cuevas explica que, aunque aquí la persecución a los defensores ambientales es más ligera, quienes monitorean mucho o son muy críticos sí reciben presiones e intimidaciones, generalmente de carácter económico.
“Aquí lo que hacen es que si estás en el presupuesto te presionan sacándote del presupuesto. Si eres consultor tratan de que no consigas ninguna consultoría. Tratan de estrangularte económicamente. Te llaman pasa sugestionarte…”, sostiene.
Aclara, no obstante, que se han registrado casos aislados de amenazas, persecuciones y hasta agresiones.
Importancia
Por todo esto, es importante que República Dominicana ratifique el Acuerdo de Escazú, porque como expone la pasada secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, en el prefacio del tratado, los principales beneficiados con este convenio son los ciudadanos de la región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables.
“Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, señala Bárcena.
Tribunal Constitucional debió revisarlo en 30 días y ya tiene más de un año
República Dominicana es uno de los 12 países de la región que todavía no han ratificado el Acuerdo de Escazú. Actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC), órgano supremo del país encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución.
El TC tiene la potestad de hacer un control preventivo de los tratados internacionales, antes de enviarlos al Congreso Nacional, para garantizar que no se contrapongan con la Carta Magna.
Conforme a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el organismo debe decidir sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales en un plazo de 30 días, a partir de que lo recibe, pero con el Acuerdo de Escuazú tiene más de un año y todavía no ha tomado la decisión.
La explicación que han dado es que los documentos se revisan por orden de llegada, pero otros acuerdos que llegaron después ya fueron aprobados por el organismo, asegura el director ejecutivo del Insaproma.
Es por esto que un grupo de organizaciones han realizado protestas en reclamo de que el TC tome la decisión que le corresponde. Cuevas indicó que diversas coaliciones harán una campaña permanente de visitas fijas a la institución para que decida.
Cuando el TC tome su decisión, el acuerdo irá al Congreso Nacional. Cuevas entiende que allí no durará tanto tiempo porque los representantes de las comisiones ambientales de ambas cámaras están dispuestos a colaborar para que se apruebe de inmediato.
Implicaciones
Cuevas advierte que mientras más se retrasa la ratificación de acuerdo, más tarda República Dominicana en disfrutar de sus beneficios, además de que seguirán surgiendo más conflictos ambientales porque “la falta de integración de la gente en la toma de decisiones crea conflictos y no permite un desarrollo sostenible”.
Además, el país podría dejar de recibir ciertos financiamientos de parte de la comunidad internacional debido a la falta de transparencia sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. También le podrían restringir los fondos que pueden venir a través del Acuerdo de Escazú.
En cambio, cuando el Estado dominicano se una definitivamente al tratado podría atraer inversiones de empresas serias, que no vienen a depredar, considera Cuevas.
Posición gubernamental
Ante esta situación, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagros De Camps, asegura que este Gobierno, que preside Luis Abinader y que asumió en el 2020, está comprometido con impulsar el Acuerdo de Escazú.
De Camps afirma que desde el inicio de su gestión se hicieron los procedimientos correspondientes para que el tratado siguiera su curso hacia la ratificación.
“Cuando llegamos estaba aquí y en la primera semana lo primero que hicimos fue enviarlo a Cancillería para que hiciera la evaluación y lo enviara a Presidencia. Luego fue remitido por Presidencia al Tribunal Constitucional”, sostiene.
De Camps destaca que este acuerdo es muy importante para la región y que a pesar de que tiene más significado para otros países donde ocurren muchas injusticias contra ambientalistas y activistas, República Dominicana está dispuesta a apoyarlo.
A diferencia de Cuevas, De Camps cree que aquí no sería tan difícil implementarlo porque el país posee muy buenas leyes sobre libre acceso a la información y de participación social que sustentan los principios legales del convenio. Pero reconoce que hay que fortalecer la capacidad de generar informaciones ambientales.
“Ese acuerdo ofrece mayor protección a las leyes que ya tenemos. Nosotros tenemos los instrumentos a nivel local. Tenemos un buen ecosistema de leyes”, considera.
La funcionaria aclara que el acuerdo provee mecanismos adicionales para elevar quejas en el ámbito internacional. Agrega que también es importante para obtener financiamientos y que serviría para fortalecer algunas áreas en las que se requieran mejoras mediante el intercambio de buenas prácticas y experiencias con otros Estados.
“Es bueno que ratifiquemos para poder participar activamente en las negociaciones regionales y aprovechar las políticas que se vayan desarrollando en el marco del acuerdo. Es importante que la región se unifique para dar apoyo a los países que más lo necesitan”, expone.
Respecto a que el Tribunal Constitucional no lo haya aprobado, De Camps entiende que se debe al volumen de trabajo que tiene.
“Yo no creo que esté estancando, creo que está siguiendo su curso y que no lo han podido terminar de conocer el acuerdo por el volumen de trabajo que tienen”, argumenta.
La participación dominicana en la COP1
Del 20 al 22 de este mes se efectuará en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1), donde se revisará el avance en la implementación del convenio y se avanzará en su operativización. Esto incluye la discusión de las reglas de procedimiento de la COP, las modalidades para la participación significativa del público, las disposiciones financieras para el funcionamiento del tratado y la composición del Comité de Apoyo y Cumplimiento.
A esta conferencia, que se desarrollará en las modalidades virtual y presencial, asistirá una delegación de República Dominicana liderada por De Camps.
“Para nosotros es un acuerdo importante y por eso vamos a estar presentes a nivel técnico y político. Tenemos la intención de participar activamente hasta que República Dominicana lo ratifique”, sostiene.
El director ejecutivo del Insaproma destaca que la sociedad civil también estará presente para, entre otros aspectos, motivar para que los países que no han firmado ni ratificado el acuerdo lo hagan.
El presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, calificó de “no oportuno” ese incremento a las tarifas de salarios mínimos para el sector constructor e indicó que no fueron consultados.
“Si nos hubiesen consultado hubiesemos considerado como no oportuno ese aumento en este momento. Estamos hablando de unas situaciones globales en la que República Dominicana no es la excepción”, expresó Cristopher al ser consultado por Listín Diario.
Agregó que este es un momento en que el Banco Central recoge liquidez del mercado, los materiales de construcción siguen subiendoy crece la informalidad del sector, por lo que, a su juicio, incrementar la mano de obra no es una medida oportuna.
Cristopher explicó que la mano de obra representa cerca de un 30% del costo de las edificaciones y que este incremento podría representar, de manera estimada, un 6 ó 7% del valor de la construcción.
Sincerizar las tarifas
El presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Jorge Montalvo, afirmó que este anuncio de aumento en las tarifas salariales de la construcción tendrá su impacto en los costos, lo que dijo se agrega a los incrementos que experimentan desde el año pasado los materiales de construcción.
“La mano de obra tiene un componente que influye mucho, pero era importante que se pudiera sincerizar el tema de la mano de obra de la construcción y del salario mínimo, pues desde la pandemia se habían hecho ajustes, pero esto no estaba reflejado en las tarifas que se tenían establecidas por resolución”, explicó Montalvo.
Señaló que se habian hecho algunos ajustes a las tarifas para compensar el nivel de inflación y que este anuncio viene a complementar lo que ya se había iniciado.
Afirmó que el sector tiene más de 400 tarifas que se revisan periodicamente y que en esta ocasión para no hacer un proceso tendioso y lento se consensuo hacer un aumento general a todo el costo de mano de obra del sector.
No conocen nuevas tarifas
Ni el presidente de Acoprovi ni el de Copymecon conocen las nuevas escalas de tarifas salariales para los distintos obreros de la construcción, pero aseguran que esto tendrá una impacto en el costo del metro cuadrado de construcción, así como ha pasado con las alzas registraddas en los materiales.
Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras entre sus tres hits y Sean Manaea trabajó seis buenos innings para los Padres de San Diego, que ganaron 4-1 el lunes para asestar a los Rojos de Cincinnati su séptima derrota seguida.
Los Padres ampliaron su récord a 12 juegos seguidos sin errores para abrir una temporada.
Cincinnati comenzó bien, con un jonrón solitario de Tommy Pham en el primero. Pero los Padres respondieron con un sencillo de Austin Nola y Machado continuó con un vuelacercas ante Nick Lodolo.
Kim Ha-seong pegó un sencillo remolcador en el cuarto. Machado añadió un doble en el séptimo, avanzó en un roletazo de out de Jake Cronenworth y anotó en un elevado de sacrificio de Luke Voit.
Manaea (2-1) limitó a Cincinnati a una carrera y seis hits en seis innings, ponchó a seis y dio dos boletos. Taylor Rogers firmó su quinto rescate en cinco oportunidades.
Lodolo (0-2) cargó con la derrota tras admitir tres carreras y seis hits en cinco innings. Ponchó a ocho y dio dos boletos.
Por los Rojos, el mexicano Alejo López de 4-1. El dominicano Arístides Aquino 3-0.
Por los Padres, el colombiano Jorge Alfaro de 4-1. El venezolano José Azocar de 2-0.
El comisionado de béisbol profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, proclamó este lunes que cada día se fortalecen más las relaciones con la organización de grandes ligas de los Marlins, de la Florida y vaticinó que la venidera Serie del Caribe 2024 que se montará allí, será un rotundo éxito porque a dos años antes se está trabaja sin demora.
Asimismo, Puello Herrera afirmó que, tras el éxito rotundo, en todos los órdenes que tuvo la recién finalizada Serie del Caribe Santo Domingo 2022, ahora les tocará el turno a Caracas 2023, que también organizará y montará una gran Serie del Caribe, ya que tienen gran experiencia en este tipo de evento y la fanaticada les brindará un respaldo masivo.
En entrevista realizada, posterior a su participación como invitado de los Marlins para realizar el primer lanzamiento antes de iniciar el juego del sábado 16, el comisionado afirmó que “Estamos trabajando para que sea un éxito, yo creo que cuando celebremos este evento en el 2024, aquí en Miami, la Confederación del Caribe va a dar un gran paso hacia el futuro”
Con respecto a su participación en el lanzamiento protocola dijo que : “Para mi ha sido un honor haber lanzado el pasado sábado la primera bola en el juego inaugura de los Marlins en el LoanDepot Park. Nos vemos en Miami2024”.
El jugador dominicano Jesús Sánchez, de los Marlins, sirvió de receptor al comisionado Puello, que estuvo acompañado de su esposa, Mirna de Puello.
Durante el evento protocolar del sábado, se constató la fortaleza de las relaciones entre CBPC y Marlins, estuvieron acompañando al Comisionado Puello Herrera, Bruce Sherman, Propietario Miami Marlins y Caroline O’Connor, Chief Operating Officer de la organización, así como directivos de algunas de las Ligas Miembro de la Confederación.
Duncan Robinson anotó ocho triples para Miami. Jonas Valanciunas atrapó 25 rebotes para New Orleans. Anthony Edwards anotó 36 puntos para Minnesota en su debut en los playoffs. Chris Paul de Phoenix se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia de la postemporada con un juego de 30 puntos y 10 asistencias.
El juego 1 trajo grandeza a algunos.
Los juegos dos le darán a otros una oportunidad de recuperarse.
Un trío de juegos dos están en el calendario de la NBA del martes: Atlanta en Miami, Minnesota en Memphis y New Orleans en Phoenix. El Heat, cabeza de serie en el Este, y los Suns, cabeza de serie en el Oeste, abrieron las misiones de postemporada con victorias en casa de dos dígitos, mientras que los Timberwolves, séptimos cabezas de serie, golpearon primero en la cancha de los Grizzlies.
Trae Young, de Atlanta, fue limitado a empatar lo peor de su carrera al anotar 1 de 12 lances, para ocho puntos, el mínimo de la temporada, por una cerrada defensa de Miami el domingo. Ja Morant, de Memphis, anotó 32 puntos, pero falló 10 de sus últimos 13 intentos desde el piso contra Minnesota el sábado. Y CJ McCollum, de New Orleans, anotó 25 puntos, manteniendo a su equipo durante gran parte el domingo, aunque comenzó con 2 de 12 y terminó con 9 de 25.
“No presioné el tempo lo suficiente. … Jugando contra el sembrado número 1, tienes que hacer tiros y ser capaz de anotar con ellos”, dijo McCollum.
Los Pelicans y los Hawks jugaron un tercer juego en un lapso de cinco días el domingo, cada uno en tres ciudades diferentes. Tuvieron juegos de inicio en casa el miércoles, luego viajaron por otro el viernes: Atlanta a Cleveland, New Orleans a Los Angeles para enfrentar a los Clippers, luego tuvieron que regresar a los aviones para el juego 1 en Miami y Phoenix.
El lunes fue un día para establecerse, y es lógico que el martes sea más tranquilo para ambos.
“No podemos ser un equipo de excusa”, dijo Danilo Gallinari de Atlanta. “Tenemos que estar listos para jugar”.
Se harán ajustes, como siempre, entre el juego 1 y el juego 2. Los Hawks deben encontrar formas de llevar a Young a sus lugares. Los Pelicans no pueden permitir que Paul vuelva a anotar 12 de 16. Los Timberwolves saben que obtendrán la mejor oportunidad de Memphis, ya que los Grizzlies claramente no pueden darse el lujo de caer 0-2 en casa. Los veteranos saben que nunca vale la pena hacer juicios rápidos sobre el juego 1, porque las narrativas de la serie pueden cambiar y, a menudo, cambian en el juego 2.
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Notas de los partidos de hoy
Al Ataque
Luego de ser dejado por debajo de 15 puntos en cinco ocasiones, Young promedió 30.8 en los siguientes patidos.
Caliente, frío
Morant se fue de 5-5 en el primer cuarto, pero de 13-3 en el resto del camino.
Rebotes
Aunque ganaron el primer partido, los Suns perdieron la batalla de los rebotes 55-35.
Los Centros de Retención vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de la Policía Nacional han ocupado los principales titulares de los medios de comunicación en los últimos días.
Esto se produjo luego del incidente ocurrido en el antiguo canódromo “El Coco” en donde agentes agredieron a los reporteros del LISTÍN DIARIO y de CDN, además del equipo de la oficina del Defensor del Pueblo.
El atropello se produjo cuando, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se aprestaba a ingresar al interior del canódromo para inspeccionar el funcionamiento del mismo, luego de que ciudadanos denunciaran que se cometen allí irregularidades en los procesos al momento que el usuario iba a sacar su vehículo del centro ubicado en plena avenida Monumental en el Distrito Nacional.
Esas denuncias no solo se quedan allí, pues en Santo Domingo Norte, justo en la calle Las Flores se encuentra el Centro de Retención Vehicular Villa Mella, sobre el cual también pesan denuncias de irregularidades.
“Eso ahí es un abuso, tú ves que ponen a los pobres motoristas a dar más de seis viajes; a veces los devuelven hasta por una copia, que ellos mismos pueden sacar de ahí, pero lo que les gusta es jugar con el tiempo del otro”, expresó a Listín Diario Luis Manuel, cuya casa queda precisamente al frente del canódromo de Santo Domingo Norte.
Mediante una visita realizadas por reporteros de este medio, se pudo notar que dentro del mismo hay carros que parecieran “tener años” dentro, debido al deterioro que presentan, pero también se observaron motores y vehículos en buen “estado” y que parecieran recién llevados al lugar.
“Yo espero que ustedes le den duro a eso; esa gente tiene una mafia ahí y quitan los motores por quitarlos. Tú ves que agarran un motorista, con todo y sus papeles y se lo quieren llevar, ni le preguntan ni nada, simplemente lo montan y así no debe de ser. Yo lo puedo entender cuando estén en falta o algo por estilo, pero en muchas ocasiones no es así y salen los pobres conductores afectados”, narró Manuel Solano, quien es motoconchista y se acercó a los reporteros al ver que se encontraban haciendo fotografías del lugar, por dentro de las verjas ya que el mismo se encontraba bajo llave sin nadie autorizado a recibir a los miembros de la prensa.
De acuerdo con un documento obtenido por este medio de parte de la Digesett, hasta el 13 de abril, unos 33,585 vehículos se encontraban retenidos; esos se distribuían en 31,292 motocicletas y 2,293 “vehículos”.
Tanto el canódromo de Santo Domingo Norte, como el del Distrito Nacional, son solo dos de los centros de retenciones vehiculares que existen en el país; en el Canódromo el Coco hay 22,552 vehículos retenidos, divididos en 21,085 motocicletas y 1,467 vehículos, mientras que en el de Villa Mella hay 5,226 retenciones, a distribuir en 5,128 motocicletas y 98 vehículos.
También aparecen el “CRV Chatarra”, el cual según una investigación de este diario es un espacio que tiene la Digesett donde únicamente depositan vehículos que son considerados inservibles por el tiempo que se mantuvieron retenidos sin ser reclamados. Allí hay 3,074 motocicletas y 585 carros apilados, ocupando un espacio a la espera de una decisión sobre qué hacer con estos, responsabilidad que recae sobre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
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Otros centros de retención
También se encuentran los centros de la Independencia, Oriental y Marbella, que entre todos suman 2,005 motocicletas y 143 vehículos retenidos. En una visita por el localizado en la Independencia se encuentran carros y motores en mucho mejor estado en contraste con los demás canódromos.
Los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo y la prensa fueron agredidos por miembros de la Digesett, cuando trataban de realizar una inspección ante las denuncias de la forma en que está siendo administrado el Canódromo. En el hecho, los agentes del Canódromo secuestraron la cámara fotográfica y un celular de este diario, además de destruir el equipo de CDN.
Tanto la cámara y el celular fueron retornados a la redacción al día siguiente, sin embargo, el celular había sido “reseteado”, borrándoles todos los documentos que contenían, incluyendo las fotografías y videos del accidente. El presidente Luis Abinader anunció que habría consecuencias contra los actuantes del hecho.
La Digesett comunicó ese mismo lunes la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien fungía como la comandante del departamento del Centro de Retención Vehícular y se designó en su lugar al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue enfático en señalar que esa no debe de ser “la medida definitiva”.
Obispo sugiere su desmantelamiento
El obispo de la diócesis La Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, sugirió que el Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de la Policía Nacional, instalado en el antiguo Canódromo El Coco, sea desmantelado tras el incidente ocurrido alrededor del mediodía del pasado lunes, en donde agentes de la entidad agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y reporteros del LISTÍN DIARIO y CDN.
“Tenemos que detenernos a analizar el incidente del Defensor del Pueblo y las autoridades de la DIGESTT, el canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad”, manifestó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.
Se recuerda que la Digesett comunicó ese mismo lunes la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien fungía como la comandante del departamento de Centros de Retención Vehícular y se designó en su lugar al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue enfático en señalar que esa no debe de ser “la medida definitiva”.
La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira, Henríquez, dijo que tiene una constancia que indica que ciertamente la pasada gestión encabezada por Iris Guaba, sí se extrajeron los discos duros de las máquinas por orden de la exfuncionaria.
“Cuando llegamos necesitábamos hacer uso de las computadoras y al no encontrar (discos duros) cuestionamos al departamento de cómputos y ahí nos entregaron una certificación exculpándose de que habían sido retirados por orden de la incumbente saliente”, detalló en una entrevista concedida a LISTIN DIARIO.
En agosto del 2020 el presidente Luis Abinader dijo que no se tenía ninguna información sobre inventario, deudas, pagos y compras del Plan Social de la Presidencia, debido a que “se llevaron todos los discos duros”.
También salió a relucir que la exdirectora había autorizado a la encargada Jurídica y Administrativa para retirar los discos duros.
Sin embargo, días después, Guaba negó que se los haya llevado y explicó que sus “informaciones están resguardas en un centro de servidores con nube”.
Mientras que al ser cuestionada referente al tema, Henríquez señaló que en ese momento, el encargado del área de cómputo le advirtió a Guaba que no estaría bien la acción de llevarse los discos duros, no obstante, esta insistió.
“Él le había hecho la salvedad de que eso no estaría bien hecho pero que como quiera insistieron y a él no le quedó otra alternativa que entregarlos a quienes los requirieron”, narró Henríquez sin especular sobre el motivo de la decisión que tomó la exfuncionaria.
Tiempo más tarde, cuando el personal de cómputo se tuvo que retirar de la institución se llevó el software con el que operaba las computadoras “en franca violación a la ley”, contó.
Dicho programa lo había desarrollado él usando su nombre y luego de desinstalarlo tuvieron que contratar una empresa para adquirir otro programa.
Además Henríquez, admitió que sucedieron “otras cosas más que le complicaron la existencia” en el Plan Social cuando asumió como nueva directora.
Debido a estos imprevistos de inmediato diseñaron mecanismos de controles para automatizar y a tener control de las compras y de todo “lo que entra y sale” del Plan Social.
Calidad de productos
Expresó sentirse satisfecha por la calidad que tienen los alimentos que componen las raciones de comida crudas que entrega a los ciudadanos más vulnerables.
“Me llena de satisfacción decir que hemos mejorado las raciones del cielo a la tierra; hoy día el que recibe una ración del Plan Social recibe calidad, que me la puedo comer yo, mis hijos, mi familia”, dijo.
Resaltó que la entidad tiene un estricto rigor en la receptividad de alimentos y citó que por ejemplo, el arroz que distribuye en las ayudas, no es “puntilla ni están limpiándoles lo almacenes a nadie” para dar de comer al pueblo dominicano.
Además, sostuvo que cuando adquieren algunos productos se percatan de que la calidad sea la solicitada.
“Nos hemos asegurado de que el pliego que se ha contratado sea tal cual. Si es un producto A que no nos llegue B y C”, dijo.
Detalló que ahora están comprando leche evaporada a un costo de RD$40 pesos y según registros de la gestión pasada la estaban adquiriendo a un costo de RD$70 pesos sin pandemia e inflación.
Dijo que la posición que ocupada no es para hacer negocios sino una labor social y que tanto la entidad como los oferentes se rigen por lo que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
“Si el que se sienta aquí no hay que traerle un bulto (dejando a la imaginación) por atrás entonces los precios tienen que ser justos para que se pueda comprar más”, expresó.
Al menos 79.5 millones de dólares, unos 3,700 millones de pesos según la tasa cambiaria de los años investigados, recaudaron los cinco consulados dominicanos instalados en Haití por emisión de visas entre 2015 y 2020, según revela una investigación preparada por este diario.
De este monto, sólo 11.6 millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado dominicano, de acuerdo a certificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
Esto se traduce en el 20% de todo el dinero recaudado por las misiones consulares en Puerto Príncipe, Juana Méndez, Anse-A-Pitre, Belladere y Cabo Haitiano, permitiéndoles a esas legaciones administrar al menos US$67,902,105 “para el manejo de sus operaciones”.
Históricamente, un cónsul dominicano maneja ingresos por tres vías: su sueldo base, una “dotación consular” que le entrega Cancillería para la administración del consulado, y el dinero que retienen por los servicios ofrecidos como visados o renovaciones de pasaportes, que en teoría también debe usarse para el funcionamiento de las misiones.
Esa tercera vía de ingreso, la de retenciones por servicios consulares prestados, ha ido ligada a un manto de opacidad que raya en la violación a la resolución 2-07 del Mirex, que norma los usos que se les debe dar a ese dinero.
Este reglamento establece que los consulados dominicanos, sin excepción, deberán fijar los precios de cada visa en US$40 para las de turismo, negocio simple y dependencia múltiple; en US$50 para las de residencia y negocio múltiple, y en US$60 para las de negocio con fines laborales.
Hablamos de una resolución del año 2007 pero que todavía se encuentra en vigencia.
No obstante, existe una notable diferencia entre lo que deberían cobrar estas misiones y lo que en realidad recaudan, pues cada consulado coloca sus precios a discreción, generalmente por encima de los 100 dólares estadounidenses por visa.
A la fecha, a un haitiano que acude al consulado dominicano en Anse-A-Pitre le pueden cobrar hasta US$200 por el permiso de entrada a República Dominicana, mientras que en el consulado ubicado en Belladere puede pagar entre US$230 y US$250 por el mismo servicio.
Por otro lado, en el consulado dominicano en Cabo Haitiano una visa general le puede costar US$200, mientras que el precio de una “VIP” ronda por los US$230.
Por el consulado dominicano en Juana Méndez viajar como turista le cuesta a un haitiano desde US$150, y para trabajar en suelo dominicano debe pagar al menos US$200.
En comparación con las otras misiones, el consulado ubicado en Puerto Príncipe es el que menos cobra por emisión de visas con un total de US$85, según uno de sus vicecónsules, pero al mismo tiempo es el que más documentos de viaje expide a los extranjeros.
¿Qué significan estos sobreprecios?
El reglamento del Mirex dispone que los consulados remitan mensualmente a la institución la suma de US$20 por cada visa emitida, y posteriormente se les permite retener el dinero restante para “cubrir gastos administrativos y operacionales del Sistema de Gestión Consular”.
Según documentos de la Cancillería, los cónsules cumplieron con el pago de los 20 dólares. La cuestión radica en las altas sumas que han retenido por los sobreprecios de los servicios que ofrecen y en el secretismo en torno al uso que se le da a este dinero.
Y estamos hablando de mucho dinero. Y de muchas visas.
De 654,020 visas otorgadas por consulados dominicanos entre 2015 y 2020, unas 557,924 fueron emitidas a haitianos que deseaban cruzar la frontera hacia República Dominicana. Este número equivale al 88.3% de todas las visas emitidas por República Dominicana en esos cinco años.
No obstante, a pesar de las altas recaudaciones en cada misión diplomática en Haití, la mayoría carece de una línea telefónica funcional y de sitios de internet que contengan las tarifas de los servicios o alguna información acerca del uso que le dan al dinero sobrante.
Tanto así que para conocer los precios de las visas en estas oficinas hay que establecer un contacto directo con el cónsul o alguno de sus allegados, ya que “es él que sabe de eso”.
Sin embargo, fue casi imposible contactarse por teléfono con estos diplomáticos, ya que rara vez contestaban a pesar de la insistencia, y cuando tomaban la llamada “estaban ocupados en el momento”.
Faltan respuestas
El pasado 31 de diciembre este diario solicitó al Mirex conocer si los consulados les remitían un informe sobre los gastos económicos en los que incurren con el dinero proveniente de las dotaciones que reciben.
También se les pidió información sobre los gastos de los consulados basados en el dinero que recaudan por los servicios consulares que se ofrecen. Se incluyó en la petición la solicitud de entrega de copia de algunos de esos informes, en caso de existir.
El 21 de enero, fecha en que se vencía el plazo para responder, la institución pidió una prórroga de atención, que concluyó el 4 de febrero.
Llegó la fecha final y respondieron, pero no lo solicitado.
Se justificaron diciendo que el Viceministerio no había emitido respuesta a la solicitud de información, “ya que está esperando le remitan los gastos y demás, por lo que estamos pendiente de la misma para darle respuesta lo antes posible”.
¿Cuánto gana un cónsul?
Según la Ley orgánica del Mirex, la 142-17, el sueldo de cada rango diplomático o cargo consular está sujeto al costo de vida del país o ciudad donde se encuentra, el tipo de funciones que desempeña y su carga familiar.
A este dinero que reciben mensualmente también se añade la “dotación consular”, un dinero destinado a gastos operativos de las misiones y oficinas comerciales que da la Cancillería dominicana.
Estas consignaciones incluyen el alquiler del local de la oficina comercial, el alquiler de la vivienda del jefe de misión, los gastos protocolares, la contratación de personal, los gastos fijos de la misión y gastos generales imprevistos.
Cabe destacar que estas partidas presupuestariasson totalmente independientes de la remuneración que recibe el cónsul, por lo que el dinero es depositado y manejado en una cuenta bancaria a nombre de la misión diplomática.
El sueldo de un cónsul dominicano en Haití excede los 2,000 dólares, monto que si se suma la dotación que recibe supera los US$4,000.
El cónsul dominicano en Puerto Príncipe recibe mensualmente US$2,500 como sueldo base y una dotación de US$13,500. El total asciende a aproximadamente RD$925,600 cada mes.
El segundo con mayores ingresos mensuales es el cónsul dominicano en Belladere, quien recibe un suelo bruto de US$2,500 y una dotación de US$5,500. En pesos dominicanos suma aproximadamente RD$462,800.
El cónsul en Cabo Haitiano devenga un sueldo de US$2,500 y recibe una dotación de US$3,200, para un total de US$5,700 mensuales.
Antes de ser destituido tras un escándalo de supuestas irregularidades en la emisión de visas y pasaportes a haitianos, el cónsul de Juana Méndez, José Altagracia Valenzuela Arias, devengaba un sueldo de US$2,100 y contaba con una dotación de US$3,600.
En este tenor, antes de su destitución la entonces cónsul en Anse-A-Pitre, Cecilia Vidalia Rollins Tolentino, ganaba un sueldo de US$2,100 y una dotación de US$2,885, en total US$4,985.
Las sumas que devengan estos diplomáticos y las múltiples vías de canalización de este dinero posicionan a los consulados en Haití entre “los más codiciados” entre las posiciones del Gobierno.
Así lo afirma el senador de la fronteriza Elías Piña, Yván Lorenzo, para quien estas misiones diplomáticas son un “botín” de los dirigentes de partidos que están en el poder, “incluyendo el mío”, admitió, en referencia al Partido de la Liberación Dominicana.
“Son los más codiciados. Usted no tiene otro puesto que lícitamente le deje 2 y 3 millones de dólares al mes. Los más codiciados de todo el Estado”, dijo al ser contactado por este medio.
El legislador reconoció que esta práctica no está penalizada por ley, pero sí tiene una pena moral.
¿Cómo se consigue una visa?
A un haitiano no se le exige mucho para entrar a suelo dominicano. En la mayoría de los casos es suficiente con su pasaporte y el pago de una suma que puede ascender a los US$350.
Así llegaron a República Dominicana dos ciudadanos del vecino país entrevistados por este diario, cuya identidad reservamos. Actualmente ejercen trabajos informales en las calles del Distrito Nacional.
Uno de ellos explicó que hay dos formas de entrar a República Dominicana, una de ellas, la más fácil: acudir a un “buscón” que te haga la diligencia del visado. El costo de la diligencia asciende los US$400.
Una vez tienes el dinero sólo entregas tu pasaporte y prácticamente tienes “un pie en Dominicana”. Ni siquiera tienen que presentarse en el consulado dominicano ni llenar algún formulario.
Según relatan nadie les preguntó nada, ni sobre su familia ni su estatus laboral. Les bastó con entregar dinero y su documento de identidad.
El primer lugar en emisión de visas entre 2015 y 2020 lo registra el consulado dominicano en Puerto Príncipe con un total de 213,298entradas a suelo dominicano, logrando recaudar al menos US$18,130,330.
En paralelo, el Mirex recibió de este consulado US$4,232,850.00, esto representa el 24% de los ingresos por este concepto.
El consulado dominicano en Cabo Haitiano emitió 110,995 visas entre 2015 y 2020, recaudando aproximadamente US$22,199,000. De esta cantidad, remitió al Mirex sólo US$2,222,500, lo que se traduce en el 10% de todas las ganancias.
Los años de mayor recaudación en esta misión diplomática fueron 2019, con un total de 579,820 visas emitidas; 2018 con 457,520 y 2020, con 337,600 visas.
La oficina en Juana Méndez emitió 110,995 visas en ese período, recaudando como mínimo US$9,326,625 y remitiendo a Cancillería la suma de US$2,193,680.
Asimismo, el consulado dominicano en Belladere entregó 79,128 visas, generando ingresos por al menos US$18,199,444. De esta suma el Mirex recibió sólo US$1,666,400.
Finalmente, la misión diplomática en Anse-A-Pitre emitió 64,778 visas, que dejaron ingresos por aproximadamente US$11,660,040. Cancillería recibió el 11% de todas las ganancias, lo que se traduce en US$1,297,900.
El pasado 6 de diciembre el Poder Ejecutivo dio a conocer la destitución de José Altagracia Valenzuela Arias, entonces cónsul dominicano en Juana Méndez, tras un escándalo de supuestas ventas de visa.
Días antes había sido apresado el ciudadano haitiano Erwing Pierre Louis con 92 pasaportes y US$11,000 mientras se dirigía a un consulado clandestino en Juana Méndez, generando controversia acerca de cómo adquirió las libretas y qué buscaba con aquello.
El individuo declaró ante la Dirección Nacional de Investigación (DNI) que su objetivo era entregarle todo a una persona identificada como “Jairo Estévez”, quien supuestamente gestionaría los visados.
Días más tarde, en una entrevista para el programa radial “El Sol de la mañana”, transmitido por Zol 106.5, Valenzuela Arias se desvinculó de las acciones del ciudadano haitiano. “No tengo nada que ver, no tengo necesidad ni es mi costumbre hacer cosas fuera de la normativa interna”, dijo.
Sin embargo, su despido llegó y no se ha sabido más del caso.
El presidente Luis Abinader también canceló a Cecilia Vidalia Rollins Tolentino, quien se desempeñaba como cónsul en Anse-á-Pitre. No se ofrecieron detalles de las razones y en su lugar fue colocado Menni Lolin Cuevas González “Guin”, pasado alcalde de Tamayo, en la provincia Bahoruco.
El caso de “El chinito”
Durante el gobierno de Hipólito Mejía se destapó uno de los casos más sonoros de tráfico ilegal de inmigrantes en el país, el del diputado Radhamés Ramos García, alias “El chinito”.
El apodo del exlegislador, que puede resultar curioso, resulta de haberlo encontrado culpable de traficar con ciudadanos chinos por la frontera dominico-haitiana en el 2002, aprovechando su condición de cónsul de Cabo Haitiano.
Los chinos entraron a República Dominicana con documentos falsos, su destino final era Estados Unidos. Según las autoridades los asiáticos Chen Ngow Chai y Ng Choon Seng fungieron como cómplices del diputado para lograr su cometido.
El 13 de enero de 2005 fue apresado y más tarde, el 3 de marzo, fue condenado a un año y seis meses de cárcel por violación a la Ley 344-98 sobre tráfico ilícito de ilegales.
El Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó este domingo que desde el 1 de enero y hasta el 13 de abril de este año interceptó a 115,379 migrantes, de los cuales un 15 % eran menores de edad, principalmente de naciones de Centroamérica.
En un comunicado, Migración de México dijo que por países, Honduras sumó 21,965 migrantes; Guatemala acumuló 21,954 y Cuba apuntó 15,907.
Mientras que de Nicaragua se acumularon 8,270, de El Salvador 6,931 y 40,352 de otras nacionalidades; aunque de estos últimos 6,188 son de origen extracontinental, principalmente de Asia y Europa.
En tanto, de los mayores de edad, por género al país han llegado 27,862 mujeres y 69,868 hombres.
Mientras que del total de migrantes, 17,649 son menores de edad, de ellos 10,226 son niños y 7,423 niñas.
De ese total, 14,105 estaban acompañados de un adulto o tutor y 3,544 viajaban solos.
El Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior), apuntó que Chiapas es de las cinco entidades donde se han localizado al mayor número de migrantes, con 25,768 seguido de Ciudad de México (13,213), Baja California (11,507); Tabasco (10,099) y Veracruz (7,794).
Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centroamérica, Haití y Cuba, entran en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
Las detenciones, que el INM llama \”rescates\”, son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en septiembre.
México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.
Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131,448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51,000 son haitianos.
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