El proceso judicial contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comenzó ayer viernes con la lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas, que el acusado escuchó en videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York.

Hernández, que llegó a la Gran Manzana a las 00:15 de la madrugada de hoy, procedente de Tegucigalpa, no llevaba el uniforme del Centro Metropolitano de Detención en el condado de Brooklyn, donde estará recluido mientras dure el proceso en su contra.

El exmandatario (2014-2022), que mostraba una aparente calma, vestía un abrigo acolchado azul y una camisa blanca durante la breve audiencia, que fue transmitida en circuito cerrado para periodistas (más algunos ciudadanos hondureños que pudieron entrar) en la corte federal en Manhattan donde se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.

Previo al comienzo de la audiencia, en la que estuvo representado por el abogado Raymond Colón, designado por su familia junto con Daniel Pérez para su defensa, Hernández miraba de vez en cuando a su derecha, donde al parecer había una ventana ya que una tenue luz iluminaba su rostro.

En un momento Hernández, aferrado al teléfono a través del cual escuchaba al intérprete, sonrió y tomó un sorbo de Coca-Cola.

Con la ayuda del intérprete el exmandatario escuchó del juez Stewart D. Aaron los cargos presentados en su contra por el Gobierno estadounidense, quien fijó la próxima audiencia para el 10 de mayo.

Ese día la audiencia será ante el juez Kevin Castel, que presidirá su caso, como también hizo con el excongresista Antonio \”Tony\” Hernández, hermano del expresidente y que cumple en EE.UU. cadena perpetua por narcotráfico.

Hernández, de 53 años, fue acusado de tres delitos, cometidos según la fiscalía federal, entre 2004 y 2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua.

Ante la pregunta del juez, se limitó a decir que conocía los cargos por los que está siendo acusado.

El juez también leyó sus derechos al ahora preso: a no incriminarse con sus declaraciones, tener un abogado de oficio o de su elección, tener asistencia consular, entre otros, pero no le preguntó en esta primera sesión de instrucción si se declaraba culpable o inocente.

El abogado Colón indicó al juez Aaron que Hernández \”por el momento\” acepta la detención pero \”se reserva el derecho a pedir salir bajo fianza\”.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, ha dicho que Hernández dirigía a Honduras como un \”narco-estado\”.

Hernández, que antes de que se presentaran cargos en su contra había sido identificado en un documento de la fiscalía de Manhattan como el \”CC-4\” sin nunca mencionar su nombre y vinculándolo con el narcotráfico, ha reiterado en varias ocasiones que es inocente.

Incluso, antes de ser deportado grabó un mensaje para los hondureños, que fue dado a conocer en las redes sociales por su esposa Ana García.

\”Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta\”, indicó.

Desde antes de comenzar la audiencia, un grupo de hondureños celebraba a la puerta del tribunal con gritos, tambores y cantos que Hernández haya sido arrestado y esté enfrentando un proceso judicial en este país, y reclamaban que fuera condenado a tres cadenas perpetuas.

Algunos portaban carteles con mensajes como \”Narco gobierno obliga al pueblo a emigrar\”, \”Justicia para las víctimas del narcotráfico\” o \”No hay clemencia para narco-políticos\”.

Dos hombres vestían uniforme naranja como el de las prisiones y tenían sus manos encadenadas: uno cubría su rostro con la foto del expresidente y el otro con la de su hermano Tony Hernández.

\”Estamos pidiendo justicia y celebrando la justicia que no hemos podido tener nunca en Honduras\”, dijo Lina Perdomo, que se identificó como activista y dirigió la protesta.

Aseguró que los hondureños sienten \”satisfacción\” por el proceso iniciado por el Gobierno de EE.UU. y también \”esperanzas de que caiga toda la estructura criminal porque él era solo la punta del iceberg\”.

El gobierno de Estados Unidos informó el viernes que ha comenzado a eliminar gradualmente el uso de una norma relacionada con la pandemia que permite expulsar a los migrantes sin darles oportunidad de solicitar asilo, mientras 22 estados luchan en los tribunales por preservar la política.

Las autoridades estadounidenses han procesado a más adultos solteros de Guatemala, Honduras y El Salvador en las últimas semanas con las leyes de inmigración, las cuales incluyen el derecho a solicitar asilo, dijo Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de Seguridad Nacional para la política de fronteras e inmigración. La norma relacionada con la pandemia expira el 23 de mayo.

La declaración de Nuñez-Neto formaba parte de un expediente presentado en el tribunal federal de Lafayette, Luisiana, donde Luisiana, Arizona y Missouri entablaron una demanda este mes para mantener vigente la norma. Otros 18 estados se sumaron a la demanda posteriormente y, el jueves, los estados pidieron a un juez que detuviera lo que llamaron la “aplicación prematura” del fin de la norma.

Núñez-Neto dijo que la aplicación de las leyes de inmigración no relacionadas con la salud “no fue una novedad” durante la pandemia, y que el aumento de su uso en adultos solteros de países centroamericanos ayudará a prepararse para el vencimiento del 23 de mayo.

Alrededor del 14% de los adultos solteros de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron procesados bajo las leyes de inmigración durante un periodo de siete días que terminó el jueves, dijo Núñez-Neto. Esta cifra es superior al 5% de marzo, según las cifras del gobierno.

Los adultos solteros de esos países han sido objeto de la norma porque México ha aceptado acogerlos mientras la norma esté en vigor, una opción que desaparecerá para las autoridades estadounidenses cuando se levanten las facultades.

No estaba claro qué tan rápido se pronunciará el juez federal Robert Summerhays, designado por el expresidente Donald Trump, sobre la solicitud de los estados de una orden de restricción.

Mientras tanto, el estado de Texas interpuso el viernes su propia impugnación a la finalización de la norma ante un tribunal federal de Victoria, Texas. El caso no había sido asignado a un juez para el viernes por la tarde. El Departamento de Justicia declinó comentar sobre la demanda de Texas.

Se ha expulsado a migrantes más de 1,8 millones de veces bajo el amparo de la norma, que fue invocada por el gobierno de Trump en marzo de 2020 para prevenir la propagación del COVID-19.

Los defensores de los solicitantes de asilo respaldan el fin de la norma, la cual —señalan— pone en riesgo a la gente que huye de persecuciones en sus países e infringe el derecho a solicitar protección de conformidad con las leyes estadounidenses y los tratados internacionales. Los estados que impugnan al gobierno federal alegan que Estados Unidos no está listo para la llegada de migrantes resultante de la finalización de la norma, lo cual generará presiones sobre los servicios públicos y las economías locales.

El rebrote del Covid-19 en la ciudad de Shangai en China ha impuesto un confinamiento que podría afectar el comercio marítimo desde esa nación hacia República Dominicana ocasionando importantes retrasos en la importación de mercancias y problemas en el manejo logístico.

La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) manifestó que siendo China un jugador tan importante para el comercio mundial el cierre del puerto de Shanghái supone una natural disrupción para la cadena de suministro y logística global y afirmó que esta situación puede causar retrasos en entrega de mercancías, disminución de contenedores disponibles, entre otras situaciones.

A pesar de esto, el sector naviero visualiza que, de igual manera, esto representa una oportunidad importante para el país, a través de la figura del “nearshoring”, una actividad estratégica para captar inversiones y negocios de mercados cercanos en movimiento.

La ANRD, en respuesta a Listín Diario respecto al impacto que podría tener el cierre de este puerto, refirió que República Dominicana comparte con Estados Unidos usos, horarios similares, la cercanía geográfica, permitiendo así que los clientes viajen y tengan reuniones cara a cara con sus proveedores, lo que le da oportunidades para replantearse y buscar alternativas.

Mitigar efectos
En cuanto a medidas para mitigar este impacto de cara a la compra de insumos y materias primas, la Asociación de Navieros indicó que existen lecciones aprendidas de situaciones pasadas en las que la misma Asociación se ha hecho portavoz y que apuntan a la búsqueda de fuentes alternas de abastecimiento de mercados más cercanos y diversificar.

“Los desafíos serán parte de esta nueva normalidad que nos ha traído el Covid y que debemos enfrentar con una perspectiva de innovación, resiliencia y eficiencia”, expuso el gremio.

Destacó que entre 2019 y 2020, el sector naviero invirtió más de US$300 millones para aumentar capacidad, mejorar infraestructura, realizar dragados adicionales para continuar eficientizando sus procesos, por lo que afirman que continuarán trabajando para mitigar potenciales impactos y seguir manteniendo la economía a flote.

La primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú ha estado muy dinámica. El día inaugural la mayor atención la captaron los discursos oficiales, que se centraron básicamente en la importancia del tratado y en motivar a los países que faltan a que ratifiquen.

El primero en manifestar su intención de sumarse activamente al tratado fue Gabriel Boric, presidente de Chile, país anfitrión de la COP1 que solo funge como observador porque es uno de los que no ha ratificado.

“Espero que pronto nos convirtamos en Estado Parte”, expresó el mandatario en su discurso central, donde expresó una frase clave para motivar a los países de América Latina y el Caribe a se unifiquen para impulsar el primer tratado ambiental de la región.

“O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. El Acuerdo de Escazú apunta justamente a la idea de salvarnos juntos”, manifestó Boric refiriéndose a la urgencia de enfrentar los retos medioambientales de Latinoamérica.

La vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, también expresó que es un desafío sumar a los países que no ratificado el convenio, entre los que se encuentra República Dominicana.

Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, pero solo 12 lo han ratificado, que son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

República Dominicana se compromete a ratificar

En una breve intervención, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Milagros De Camps, quien preside la delegación dominicana que participa en la COP1, reafirmó el compromiso del país de ratificar el acuerdo y de cumplir con los compromisos que el mismo establece.

“República Dominicana ha estado organizando los esfuerzos necesarios para llevar a la ratificación del acuerdo a la mayor brevedad posible”, afirmó De Camps.

Actualmente el Acuerdo de Escazú se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC) para validar si no se contrapone con la Constitución de la República, pero tiene más de un año en revisión.

El impasse que matizó el segundo día

El segundo día transcurría con normalidad hasta que una inesperada propuesta de Bolivia para modificar las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluyendo las modalidades para la participación significativa del público, alteró los ánimos.

Las representantes del país sudamericano planteaban que su objetivo era lograr una “mayor inclusión de la sociedad civil y de los pueblos indígenas”, pero en el fondo lo que haría era limitar la participación del público en la Conferencia de las Partes, que ahora es muy significativa y sin limitaciones.

La propuesta de Bolivia encontró el rechazo de la sociedad civil y de los delegados de varios países, principalmente de los que estuvieron trabajando por alrededor de dos años en la elaboración del documento oficial que se estaba discutiendo.

Una de las intervenciones que captó mayor atención (y aplausos) fue la del coordinador técnico del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD) de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Nadino Calapucha Cerda.

Calapucha, quien es representante del público y delegado de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica en la COP1, manifestó que “no podemos estar intentando eliminar la participación del público..si quitamos estos artículos y promovemos el cambio estaríamos quitando el propio espíritu del Acuerdo de Escazú…”.

A la vez manifestó preocupación porque se estaba proponiendo la participación de representantes indígenas designados por los Estados, quienes representarían los intereses de los Gobiernos y no de los pueblos ni las comunidades.

Finalmente, luego de intensos debates, las reglas de procedimiento se aprobaron sin las sugerencias de Bolivia, que finalmente cedió pero con la condición de que sean consideradas en la próxima COP, que se celebrará en el 2024 nuevamente en Chile.

Análisis

Luego de ese impasse, un grupo de periodistas que cubre la COP con el auspicio de las organizaciones Climate Tracker y Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) conversó sobre lo sucedido con los representante electos del público en la COP, Andrea Sanhueza (Chile); Tomás Severino (México); y Andrés Nápoli (Argentina) para conocer sus impresiones respecto a lo acontecido ayer y esto fue lo que nos contaron.

Sanhueza comentó que el día fue muy tenso y difícil, pero destacó que aunque “se corrió todo riesgo”, afortunadamente, y gracias al apoyo de los demás Estados, se pudo cerrar el tema las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes.

Sanhueza expresó que aunque el objetivo de Bolivia era que la COP fracasara finalmente, luego de un proceso de diálogo de alto nivel político, flexibilizó y aceptó que sus propuestas sean analizadas en la próxima conferencia, que será dentro de dos años.

Para Nápoli, Bolivia hizo esto a propósito porque esta fue una situación muy “desprolija”, que no suele suceder en este tipo de negociaciones.

Severino precisó que la secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recibirá de manera formal las propuestas de Bolivia para incorporarlas conforme a los procedimientos correspondientes.

Severino también hizo énfasis en la necesidad de que más países pueden tener una participación activa en situaciones como esta. Dijo que ojalá República Dominicana y los demás Estados que faltan ratifiquen para que se puedan sumar a las discusiones porque ahora solo están como observadores.

“Solo tenemos doce países y necesitamos más. Somos 33 y hoy solamente están jugando doce…”, lamentó.

Indicó, no obstante, que participación de los Estados del Caribe angloparlante ha sido muy activa. Dijo que algunos expresaron activamente su oposición a Bolivia.

Finalmente, los representantes electos del público manifestaron que aunque se estuvo a punto de “perder todo”, la jornada del segundo día fue exitosa porque se definieron algunos de los temas claves de la COP.

Este trabajo fue producido como parte del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.

Los clientes de los sistemas eléctricos aislados (SSAA) manifiestan su oposición a la medida que procura eliminar gradualmente la exención de los impuestos a los combustibles para la generación de energía indicando que esto implicaría una violación a la seguridad jurídica de las inversiones que se han realizado.

A mediados de febrero, el Gobierno anunció que iniciará el desmonte gradual de las exenciones fiscales en combustibles que reciben las empresas generadoras de electricidad establecidas en sistemas aislados o para consumos propios no interconectados hasta la eliminación completa de lo que califica “un privilegio”.

Mediante una comunicación a las ocho empresas del sector, el gobierno explica que la medida se enmarca dentro del proceso de organización financiera del Estado para fortalecer su capacidad recaudatoria y lograr la sostenibilidad fiscal.

En un documento al que tuvo acceso Listín Diario, se explica que son los hoteles de las principales zonas turísticas del país, los clientes de estos sistemas aislados, y que estos nunca han recibido subsidio del Gobierno en la tarifa eléctrica, por lo que su régimen tarifario corresponde a los costos reales de la prestación del servicio sin distorciones.

Aseguran, además, que eliminar la exención únicamente a estos sistemas implicará un aumento de la tarifa eléctrica que afectará su competitividad y provocaría una mayor espiral inflacionaria.

Refieren que los sistemas eléctricos aislados se basan en la competencia igualitaria con las empresas que operan el SENI (Sistema Eléctrico Nacional Interconectado), en lo que respecta a la generación de electricidad mediante hidrocarburos.

Agregan que los sistema eléctricos aislados garantizan a las zonas turísticas un suministro estable, continuo y a precios competitivos lo que ofrece mayores garantía de sostenibilidad a este sector.

Capacidad instalada 
Asimismo, explican que la capacidad instalada de generación de energía de los sistemas aislados apenas representan un 10% de la capacidad de generación total del país, por lo que la medida de eliminar la exención de manera gradual no tendría efectos considerables en la reducción del déficit fiscal pues el restante 90% se mantendría recibiendo la devolución del impuesto.

Gran daño
En el documento, los usuarios de este modelo eléctrico destacan que la aplicación de esta medida podría causar “un gran daño” al sector turístico, industrial y agropecuario, incluyendo a toda la cadena de valor de la industría turística.

Desmonte de exención
El Gobierno, através del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, notificó a las ocho empresas que reciben exención que inicirá de manera escalonada el desmonte del mismo.

En la comunicación entregada a las empresas,se explica que un alto porcentaje de las ventas de electricidad en los sistemas aislados tienen tarifas comerciales que permiten que los impuestos formen parte de los costos operativos.

RD$18,626.6 millones.
Se estima que solo en exenciones por el impuesto selectivo al consumo (ISC) a los hidrocarburos el Estado dejará de percibir este año RD$18,626.6 millones, un 6.5 % del total del sacrificio fiscal para 2022, que ascendería a RD$285,688.7 millones.

RD$6,014.8 millones.
En exenciones fiscales para la generación eléctrica, el Estado estimó que dejará de recibir en este año RD$6,014.8.

Empresas
Las empresas que son generadores de sistemas eléctricos aislados y que fueron notificadas por el Gobierno, son: la Corporación Energética Turística Juanillo, Consorcio Energético Punta Cana-Macao, Corporación Turística de Servicios Punta Cana, Costasur Dominicana, Generadora Eléctrica de Samaná, Compañía de Electricidad de Bayahíbe, Cementos Cibao y Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Alto Bandera).

Objetivo
La eliminación de los subsidios forma parte del proceso de evaluación completa de la totalidad de las exenciones de los combustibles que otorga el Gobierno para desmontarlo de manera gradual.

La Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), acordaron intercambiar, entre sí, informaciones y estadísticas de las actividades comerciales, a fin de facilitar el comercio legal y mejorar las condiciones de competitividad del país.

El director Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón indicó que el trabajo realizado por el Ministerio de Industria y Comercio ha sido reconocido por las principales instituciones reguladoras del Estado, en cuanto a transparencia y eficiencia.

“Estoy convencido de que este acuerdo será una herramienta efectiva con la finalidad de que de nuestras Aduanas y el  Ministerio de Industria y Comercio, podamos afrontar las  problemáticas  y desafíos todos los días, por eso me llena de muchísima satisfacción poder firmarlo”, expresó Sanz Lovatón.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, destacó que este acuerdo interinstitucional está en consonancia con el reciente decreto del presidente Luis Abinader, que establece el Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones, para propiciar políticas públicas y estrategias tendentes al desarrollo, fomento y competitividad del sector exportador.

“Nosotros hoy estamos mandando un mensaje de trabajo en equipo, de se servicios para el país, con un objetivo en conjunto de ser una mejor República Dominicana”, expresó el titular de Industria y Comercio.

El funcionario del MICM detalló que la disponibilidad de las estadísticas de comercio en el país es de gran utilidad para el fortalecimiento del sector productivo exportador dominicano, la industria nacional, la identificación de oportunidades de comercio y nuevos nichos de mercados.

A partir de su ejecución, dichas instituciones estarán compartiendo datos afines, de manera tabulada, para que sean analizados en conjunto, en miras de apoyar y mejorar el diseño de políticas públicas basadas en evidencias e implementarán tableros de datos económicos vinculados al comercio, al sector industrial, las zonas francas, los regímenes especiales y el sector exportador.

Así mismo, colaborarán en la programación y la ejecución de las iniciativas innovadoras que favorezcan al desarrollo económico dentro de la legalidad, el emprendimiento y las alianzas estratégicas que contribuyan a lograr una mayor competitividad.

“Servir de enlace para el suministro de informaciones relacionadas con la detección de hallazgo de comercio ilícito de combustibles por parte del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM)”, establece uno de los puntos del convenio.

Las instituciones designarán un representante o enlace técnico, cuya responsabilidad será la de coordinar la ejecución de actividades dentro del marco del acuerdo.

Las características técnicas de los datos a intercambiarse, en apego al presente acuerdo, serán los establecidos en la NORTIC A4:2014 aprobada por  Oficina la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), su guía de implementación NORTIC A4-2015 y posibles modificaciones.

El acuerdo garantiza que la información intercambiada sea utilizada de manera exclusiva en las funciones propias de cada institución.

El exfutbolista colombiano Freddy Rincón hacía mal uso del cinturón de seguridad al momento del accidente de tránsito que le provocó la muerte hace una semana, informaron este viernes las autoridades al frente de la investigación.

En una exposición ante los medios en Bogotá, el experto forense Jorge Paredes aseguró que Rincón no estaba utilizando el cinturón de seguridad \”de manera adecuada\” al chocar contra un autobús el pasado 11 de abril en Cali (suroeste).

Por la brusca sacudida el exfutbolista sufrió un \”hematoma sutural\” (hemorragia en el cerebro), una lesión en el tallo cerebral y otros \”traumas y rupturas\” que llevaron a su muerte dos días después, a los 55 años, explicó el perito de Medicina Legal (autoridad forense).

\”El cerebro giró\” dentro del cráneo, graficó Paredes.

Junto con la vicefiscal Martha Mancera, los investigadores sostuvieron que el exmediocampista del Real Madrid y Nápoles llevaba el cinturón en la cintura y no atravesando su torso, como indican las normas de tránsito.

También se mantuvieron en que Rincón conducía el automóvil pese a que la familia alega que el exjugador viajaba como copiloto. Antes de chocar, omitió un semáforo en rojo.

Videos y fotografías tomados poco antes del accidente muestran a Rincón al volante y una joven identificada por la fiscalía como Manuela, que sufrió algunas heridas, a su lado, según Mancera.

Pese a que el automóvil fue embestido por la parte del copiloto, Paredes explicó que la mujer \”tenía muy bien puesto el cinturón de seguridad\” y \”por eso el trauma fue minimizado\”. Los tres pasajeros de la parte trasera salieron ilesos.

Los expertos profundizaron en los detalles sobre la fatídica madrugada del 12 de abril: el ídolo del fútbol cafetero estuvo en una discoteca, luego visitó un restaurante y hacia las 4H15 de la mañana fue impactado por el autobús. Aún no han determinado si estaba alcoholizado.

Rincón, quien en 2013 sufrió varias fracturas en otro accidente vial, integró una generación dorada de la selección de Colombia que clasificó a tres mundiales consecutivos (1990, 1994 y 1998).

Su mejor desempeño en clubes lo alcanzó en Brasil, donde conquistó dos campeonatos paulistas e igual número de Brasileiraos con Palmeiras y Corinthians. Con el \’Timão\’ fue capitán del plantel que ganó la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA en 2000.

El argentino Diego Schwartzman y el español Pablo Carreño se medirán el sábado en semifinales del Torneo de Barcelona, tras imponerse a Felix Auger-Aliassime y Casper Rudd, en cuartos en respectivamente.

Schwartzman se impuso al canadiense Auger-Alliassime, tercer favorito del torneo, 3-6, 6-2, 6-3.

Pablo Carreño selló su billete para semifinales al imponerse a Ruud, segundo cabeza de serie, 4-6, 7-6 (10/8), 6-3.

Schwartzman y Carreño se clasificaron en una maratoniana jornada, en el que los dos se vieron obligados a jugar en el mismo día su partido de octavos y de cuartos, después que la lluvia prácticamente obligara a suspender la jornada del jueves.

En otro de los partidos de cuartos, Carlos Alcaraz se enfrenta este viernes al griego Stefanos Tsitsipas.

El ganador de este encuentro se medirá en semifinales al australiano Alex de Miñaur, que se impuso al británico Cameron Norrie 6-3, 5-7, 6-1 en los cuartos de final.