La vida de las carmelitas descalzas del Convento San Bernardo, en el norte de Argentina, parecía transcurrir en calma en medio de sus continuos rezos, el trabajo en la huerta, las labores manuales y los esporádicos contactos con allegados a través de las rejas.
Pero la paz que uno imagina entre los muros de la imponente construcción colonial no era tal. Así se desprende de la denuncia presentada por las 18 carmelitas que residen allí contra el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, y otros dos religiosos por presunta violencia física y psicológica, lo que ha generado un sismo en esa localidad situada a unos 1.400 kilómetros de Buenos Aires, una de las más católicas de Argentina.
La denuncia de las monjas es un hecho inédito que ha derivado en algo también sorprendente: la citación por parte de la justicia a Cargnello y los otros dos sacerdotes -el emisario del Vaticano Martín de Elizalde y el auxiliar en la catedral salteña Lucio Ajalla- para que el martes den su versión sobre las acusaciones.
La audiencia fue convocada por un juzgado de Violencia Familiar y de Género de Salta luego de que el 12 de abril las carmelitas denunciaron a los religiosos. El juzgado dictó medidas de protección para las mujeres en el marco de leyes nacionales y provinciales y de la “Emergencia pública en materia social por violencia de género” que rige en la provincia de Salta. Asimismo intimó a los sacerdotes a “abstenerse de ejercer actos de violencia” y acercarse al convento, custodiado por la policía.
Sin embargo, un día antes de la fecha prevista, la audiencia se suspendió luego de que la defensa del arzobispo presentó una nota diciendo que Cargnello estará participando de las deliberaciones de la Conferencia Episcopal Argentina cerca de Buenos Aires, informó el Poder Judicial de Salta. También apeló ante un tribunal una resolución de la jueza que había declarado que la justicia ordinaria es competente en el caso, en lugar de la canónica.
De los otros dos acusados no se conocen oficialmente sus posturas puesto que no presentaron abogados.
Eduardo Romani, abogado del arzobispo, ha negado que el prelado haya maltratado a las religiosas y ha acotado que “estamos a la expectativa de que se investigue el verdadero trasfondo de esta historia que puede ser económico”. En ese sentido dijo a The Associated Press una semana atrás que hay que poner el foco en un laico que está administrando propiedades de las carmelitas.
“Para la Iglesia las monjitas son motivo de orgullo, no queremos que se las utilice. No lo vemos como enfrentamiento”, sostuvo el letrado. Poco después la justicia ordenó que los abogados de las partes no hicieran más declaraciones periodísticas.
El caso llegó al Vaticano. Varios meses antes de presentar la denuncia, las monjas habían elevado a la Santa Sede sus quejas sobre el presunto maltrato reiterado del arzobispo. La Santa Sede designó a Elizalde para escucharlas y evaluar su gestión del convento, pero el religioso terminó salpicado por las acusaciones.
La actitud de las carmelitas ha puesto en pie de guerra a las agrupaciones feministas en un país que está a la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y ha movilizado a su vez a grupos civiles y religiosos, como el Presbiterio de Salta, en defensa de los denunciados.
“Es histórico en la lucha feminista que un obispo y otros religiosos sean apercibidos así por la justicia”, dijo a The Associated Press Tania Kiriaco, asesora legal de la Fundación Gema, Género y Masculinidades.
Bajo la consigna “Hermana Sí Te Creo” y pese a la suspensión de la audiencia judicial, el grupo convocó a un abrazo simbólico al convento el martes junto a una veintena de agrupaciones. Las feministas argentinas, que en general se expresan en contra del catolicismo, están sorprendidas del paso que han dado las religiosas en una provincia conservadora que es escenario de continuos casos de violencia de género.
“Lo que hicieron supone una ruptura del orden, del maltrato ejercido por un superior religioso. Ellas saben que tienen derechos”, destacó Kiriaco.
La actitud de las religiosas generó apoyo entre vecinos de Salta entrevistados por AP.
“Quiero que se le aplique la ley como a cualquiera… si es encontrado culpable que vaya preso. Esto ha sorprendido a todo el mundo, que las monjas se hayan animado a denunciar, al obispo nada menos”, dijo Enzo Di Gianantonio.
Anabel Alfarano afirmó que “las mujeres no nos estamos callando más y mucho más en el norte, donde hablar significa vergüenza y te señalan”.
La jueza buscaba determinar, a partir de los argumentos esgrimidos durante la audiencia por los acusados y los informes psicológicos que deben realizarse todas las partes, cuáles iban a ser las próximas medidas, que pueden incluir acciones penales. Se desconoce si la magistrada fijará una nueva fecha.
Encabezadas por la priora María Fátima del Espíritu Santo -máxima autoridad del convento-, las religiosas decidieron actuar porque no soportaban más ser maltratadas, dijeron sus defensores a AP con anterioridad a que el juzgado ordenara a las partes guardar silencio.
“La clausura no las aparta del conocimiento del dolor… Desde su condición de mujeres se sienten violentadas, ejercen un derecho y hacen un pedido de auxilio desesperado”, afirmó la abogada Claudia Zerda Lamas.
Según dijo, las monjas han sentido “miedo sostenido a lo largo de muchos años” a raíz de la posibilidad de perder su condición de carmelitas y otras supuestas amenazas.
El episodio que empujó a la formalización de la denuncia ocurrió en el convento en octubre de 2020, durante el velatorio de una monja.
Según las carmelitas, Cargnello dio un responso de muy mal talante ante el féretro porque cerca estaba instalada una imagen de la llamada Virgen del Cerro, muy popular en Salta luego de que una mujer dijo en los años 90 que se le había aparecido y a la cual el arzobispo no reconoce, lo que genera tensiones con las monjas desde hace tiempo.
Sin embargo, apuntan sus defensores, en 1997 el anterior arzobispo autorizó a las carmelitas difundieran a los visitantes del convento los mensajes de esa Virgen que atrae a miles de personas todas las semanas a un santuario por considerar que no estaban en contra de la fe católica.
Cargnello habría dado un agresivo discurso a las monjas “con distintos tipos de amedrentamientos”, señalaron Zerda Lamas y su colega José Viola.
El momento de violencia física habría ocurrido cuando, por pedido de la priora, una hermana filmó el momento del velatorio, lo que fue observado por el sacerdote Ajalla, quien acompañaba al arzobispo “como un guardaespaldas” y el cual “se abalanzó sobre la monja para quitarle la filmadora”. Tras ello, la priora recuperó la máquina de manos de Ajalla, lo que hizo que éste la golpeara en un brazo y el arzobispo en el otro para que soltara la cámara.
Este material visual y audios acompañaron la denuncia, que recogió además supuestas agresiones ocurridas en otras ocasiones.
Las religiosas también cuestionaron que Cargnello mantenga bloqueada la renovación del cargo de la priora, cuyo mandato venció en febrero, lo que generaría problemas para administrar el monasterio con su consiguiente perjuicio económico.
No es la primera vez que Salta es protagonista de un escándalo que salpica a religiosos. El último fue la condena en marzo al obispo emérito Gustavo Zanchetta a más de cuatro años de cárcel por el abuso sexual de dos seminaristas.
En tanto, en 2021 Agustín Rosa Torino perdió su estado clerical luego de ser condenado por la justicia local a 12 años de prisión por abusar de dos novicios y una monja.