Colegio de Abogados condena presiones contra jueza del caso Jet Set
Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), en voz de su presidente, Trajano Potentini, expresó su respaldo a la independencia y autonomía funcional con la que deben actuar los jueces del país, ante la ola de cuestionamientos y presiones que ha surgido en torno al accionar de la magistrada Fátima Veloz, quien conoció la medida de coerción en el sonado caso Jet Set.
Este caso, que ha provocado una intensa conmoción social por tratarse de la trágica muerte de más de 236 personas, ha desatado una avalancha de reacciones mediáticas, reclamos ciudadanos y pronunciamientos del Ministerio Público y de los abogados de las víctimas, lo cual, según el CARD ha desbordado los límites del respeto institucional y del debido proceso de ley.
La magistrada Fátima Veloz, en el ejercicio de su rol como autoridad judicial, dictó una medida de coerción conforme a los principios del derecho penal y procesal penal dominicano, amparada en su facultad constitucional y legal, cuya medida, aun cuando es distinta a la prisión preventiva, no equivale a una decisión impune, ni representa el cierre del proceso, sino que, por el contrario, forma parte del inicio del mismo, en que se deberán determinar responsabilidades, correspondiendo en lo adelante al Ministerio Público y a los abogados de la víctima llevar el proceso hasta las últimas consecuencias.
Esta medida no debe ser interpretada como una absolución anticipada ni como una negación de justicia, sino como una actuación basada en criterios jurídicos. El proceso apenas comienza, y será en ese curso procesal donde deberán presentarse las pruebas y ejercerse los derechos tanto de las víctimas como de los imputados.
En su intervención, Potentini calificó como jurídicamente desproporcionada la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados, en un caso en que, conforme a las normas actuales y salvo que se presenten agravantes probadas, la eventual pena podría oscilar entre tres meses y dos años. No podemos permitir que el sistema de justicia se vea distorsionado por decisiones que parezcan responder más al clamor popular que a la razón jurídica.
