Ministerio Público ensucia lucha contra la corrupción
Santo Domingo.-La mejor demostración de que el ministerio público carece de elementos probatorios para sustentar en un tribunal las acusaciones que formula contra exfuncionarios, es que quiere que un juez los envíe a la cárcel con una condena sin juicio, disfrazada de medida de coerción.
Si contando con todos los recursos del Estado los fiscales pasan dos años interrogando y escarbando a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, estos colaboran con la investigación y nunca faltan a una cita, pero en lugar de formularle una acusación ante un tribunal lo que hace el ministerio público es encarcelarlos y luego pedir prisión, es señal de que sin pruebas, quiere lograr una condena sin juicio.
Y actuando así, los fiscales se pasan por la cola el principio de la libertad como la norma y la prisión como la excepcionalidad, haciendo un daño terrible a la lucha contra la corrupción.
También anulan la presunción de inocencia y filtrando el contenido de las acusaciones, vulneran el proceso penal que está claramente establecido como secreto en la fase de investigación, cerrada la audiencia de medida de coerción y juicio oral, público y contradictorio.
La realidad está a la vista: el ministerio público salta por encima de la ley y la Constitución, destruyendo derechos fundamentales, en nombre de una supuesta lucha contra la corrupción que es abiertamente selectiva para no tocar a los allegados del presente gobierno.
¡Cárcel, cárcel, cárcel!
El ministerio público, cuando se trata de perseguir a “corruptos” del PLD, su modelo de operación es acosar por años, molestar, allanar y trancar.
Los fiscales no se dan por enterados nunca de los hechos de corrupción en el presente gobierno, a pesar de que debían saberlos no solo por los escándalos que provocan sus acciones, sino porque el presidente Luis Abinader, que ha dicho que tiene amigos pero no cómplices, los cancela por decreto.
Pero en la leyenda mitológica del ministerio público independiente, mientras haya corruptos del bando político fuera del gobierno, ¿para qué mirar, y mucho menos, enjuiciar a los corruptos de su propia tribu?
Una vez presos los exfuncionarios del pasado gobierno, los fiscales se esmeran en ponerles un mote mafioso para estigmatizarlos (Pulpo, Medusa, Calamar), filtran la investigación a los medios y a la ‘sociedad civil’ a pesar de que está en fase secreta, montan un cerco a los jueces de la atención para inducir presión y colocarlos contra las cuerdas para que esos magistrados no tengan más salida que dictar prisión preventiva o ser villanos por ‘complicidad con la corrupción’.
En todos los casos es lo mismo: una larga cadena de interrogatorios a los que acuden los perseguidos sin ser conducidos, llegado el ‘momento oportuno’ montan decenas de allanamientos simultáneos y llenan la cárcel preventiva de ‘corruptos’.
Con una precisión propia de la Inteligencia Artificial, con los perseguidos encarcelados, el escrito de los fiscales se filtra a los medios de comunicación antes de ser llevado al juez que debe conocer los presupuestos para saber si acepta el pedido invariable de 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo.
Actuando así, el ministerio público, en nombre de la persecución del crimen, vulnera la ley y los derechos individuales de los investigados, erigiéndose en verdugo del derecho y fuerza de tarea para presionar a los jueces.
Dando voluminosas cifras de millones robados, crean un estado de consenso contra los ladrones, aunque no tienen pruebas. Y como faltan estas, acuden a los ladrones ‘buenos’ que se convierten en delatores premiados.
