La Policía de Nicaragua le impuso el viernes el arresto domiciliario al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y envió a una prisión policial a varios de sus colaboradores tras acusarlo de incitar al odio y organizar grupos violentos. Las detenciones son el colofón de semanas de creciente tensión entre la Iglesia católica y el gobierno de Daniel Ortega.
En un comunicado la policía informó que realizó un operativo en la Curia episcopal de Matagalpa, en el norte del país, y trasladó a Managua a Álvarez y a sus acompañantes para realizar “indagaciones de ley”. No precisó cuántos eran los otros detenidos ni dio detalles de su identidad.
“El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital”, agregó el documento. Las demás personas “continúan cumpliendo las diligencias respectivas en la Dirección de Auxilio Judicial”, conocida como la cárcel de El Chipote, donde están encerrados varios líderes opositores al gobierno de Ortega.
Según la prensa local el grupo de colaboradores de Álvarez lo conforman cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.
Álvarez y sus allegados permanecieron 15 días en la Curia de Matagalpa rodeados por efectivos y patrullas de la policía, que anunció que investiga al obispo por “incitar al odio” y “organizar grupos violentos”.
La policía adujo que esperó durante días una “comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse”. Según el informe, el operativo se realizó porque persistieron “las actividades desestabilizadoras y provocadoras” por parte del religioso.
El comunicado aseguró que monseñor Álvarez se ha reunido con familiares y fue visitado por el cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, y que en la Curia de Matagalpa permanece “sin ninguna restricción policial o de movilidad” el vicario monseñor Oscar Escoto.
“Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes”, dice el comunicado.
A primera hora del viernes la diócesis de Matagalpa publicó en las redes sociales el mensaje: “#SOS #Urgente. A esta hora la Policía Nacional ha ingresado a la Curia episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”.
En un mensaje de Twitter, “con el corazón indignado y dolido”, el exiliado obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, condenó “el secuestro nocturno” de Álvarez y exigió información sobre su paradero.
“¡Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo! ¡Que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen! De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico”, escribió monseñor Báez, a quien el Vaticano retiró de Nicaragua en 2019.
El arresto del prelado también mereció una condena del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al gobierno nicaragüense su “liberación inmediata” y garantizar “su vida e integridad personal”.
Almagro también exigió en su cuenta de Twitter la libertad inmediata de todos los “presos políticos”.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica”, dijo el portavoz Farhan Hag en rueda de prensa.
Varias conferencias episcopales en Latinoamérica, entre ellas de Costa Rica y Perú, se solidarizaron con el obispo Álvarez y demás religiosos detenidos, el pueblo y la Iglesia católica nicaragüense. “La violencia nunca ha construido, solamente ha sembrado las semillas de la pobreza y del odio”, señaló la Conferencia Episcopal Peruana en una carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez.
Los obispos costarricenses llamaron al “respeto a la libertad religiosa, a la dignidad de las personas y a la misión de la Iglesia que en Nicaragua llevan adelante fieles laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos”.
El gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes. Decenas de líderes políticos de la oposición fueron arrestados el año pasado, incluidos siete posibles candidatos para desafiarlo a la presidencia, y fueron condenados a prisión en juicios rápidos y cerrados al público.
A su vez el Congreso, dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, ordenó el cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa.
En un mensaje de vídeo, Pablo Cuevas, abogado del no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos, condenó la detención de Álvarez pero dijo que no era inesperada. “Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez”, afirmó.
Edwin Román, un sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos, tuiteó: ”¡DIOS MÍO! Qué barbaridad, se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él”.
Álvarez ha sido una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega llevó a una represión que dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
Según Ortega la revuelta social fue un “fallido golpe de Estado” con apoyo extranjero y de la Iglesia católica nicaragüense. La oposición sostiene que en el país hay al menos 190 “presos políticos”, pero Ortega asegura que son “delincuentes y terroristas”.
Un mes después del estallido de las protestas Álvarez reclamó reformas electorales que garantizaran elecciones libres, justas y transparentes con observación internacional.
El obispo ha mantenido esos llamados a la democracia durante los últimos cuatro años, lo que enfureció a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Anteriormente, el gobierno había cerrado ocho radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua. Siete de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia católica.
Días atrás la Arquidiócesis de Managua expresó su apoyo a Álvarez. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “acoso constante” al pueblo y a la Iglesia nicaragüense.
Sin embargo, el Vaticano guardó silencio público durante casi dos semanas, lo que provocó las críticas de intelectuales latinoamericanos y activistas de derechos humanos.
El viernes pasado monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a las partes que “busquen vías de entendimiento”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ortega ha tenido una relación complicada con la religión predominante de Nicaragua y sus líderes durante más de cuatro décadas. El exguerrillero marxista enfureció al Vaticano en la década de 1980 pero gradualmente forjó una alianza con la Iglesia mientras intentaba recuperar la presidencia en 2007 después de un largo período fuera del poder.
Inicialmente invitó a la Iglesia a mediar en las conversaciones con los manifestantes en 2018, pero desde entonces ha tomado una posición más agresiva.
Días antes de las elecciones presidenciales del año pasado -en las que obtuvo un cuarto mandato consecutivo mientras sus más fuertes opositores estaban encarcelados-, acusó a los obispos de haber elaborado una propuesta política en 2018 “al servicio de los yanquis” y consideró que los prelados eran ”terroristas”.
En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en el país.