Author: Carlos Manuel Bueno Bueno

El juez del Primer Juzgado remitió a la oficina de Defensa Pública el expediente para que le designe un defensor público al general  Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, y quien está involucrado en el caso Coral.

Hasta julio pasado, la defensa legal de Cáceres Silvestre estaba compuesta por los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romer Jiménez.

En varias ocasiones los abogados habrían hecho declaraciones públicas sobre restricciones de tiempo con su cliente, quien guarda prisión en el Centro Correccional Najayo Hombres, o que simplemente no lo dejaban ver.

Prisión

El 10 de mayo de 2021, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante resolución impuso medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en contra de Cáceres y otros encartados, luego de haber declarado el caso complejo.

Ordenó también arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.

Además de Cáceres y Girón, fueron imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, todos acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Familiares de personas que han sido asesinadas, presuntamente por nacionales haitianos en la región del Cibao, ofrecen alta suma de dinero, como recompensa,  para  que ofrezcan pistas sobre sus paraderos.

Juan Martínez Mendoza  explica cómo dos haitianos, el 24 de enero del 2021, le quitaron la vida a su hermano Eddy Martínez, en Las Praderas de Cerro Alto, Santiago y un año después las autoridades policiales no han dado con los responsables, por lo que su familia, se han visto en la obligación de ofrecer la suma de un millón de pesos, por  informaciones que ayuden al arresto de los autores materiales del crimen.

Martínez  dijo que pese que existe vídeos y otras pruebas que evidencian que fueron los dos haitianos que mataron a su hermano  en la construcción de una casa, donde   era el encargado de esa obra, no han sido apresados.

\”La  Policía Nacional  en Santiago no ha hecho nada para dar con la captura de los asesinos\”.

 Otros caso

La pasada semana dos hombres de nacionalidad haitiana fueron arrestados  por supuestamente matar y enterrar en su propia finca a quien fuera su patrón, el hacendado Ángel Danilo Matías, de unos 82 años de edad.

El apresamiento se produjo días después de que los parientes del señor Ángel Matías  ofrecieran la suma de 300,000 pesos, como recompensa a quienes ofrecieran información.

El hecho ocurrió el pasado 30 de enero en la comunidad Piloto, Guayubín, provincia Montecristi y el apresamiento de los dos haitianos se produjo el 3 de este mes de febrero.

La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó que los supuestos homicidas fueron identificados como Wesly Teófilo, mejor conocido como Wesly o Wily, de 25 años y Belle Louis alias \”Benye\”, de 28 años, ambos indocumentados.

Desde  abril de 2021, el país cuenta con un nuevo régimen  carcelario,   instaurado mediante  la ley 113-21,  la cual regula el sistema penitenciario y correccional.

Aunque es poco conocida, fue aprobada  en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo en tres meses, entre febrero y abril de 2021.   Deroga la antigua ley 224, del 26 de junio de 1984.

Crea una nueva estructura. Unifica el sistema penitenciario, que había estado funcionando en dos modelos,  uno que regenteaba solo  los centros de corrección y rehabilitación, y otro  que dirigía las cárceles tradicionales,  a través de la Dirección de Prisiones.  Funcionaban separados, como dos cuerpos,  aunque ambos dependían directamente de la Procuraduría.

Dispone, en su artículo  55, que los centros de corrección y rehabilitación deben contar con servicios idóneos de alojamiento para dormitorios, servicios sanitarios de salud y alimentación. También, áreas educativas, laborales, deportivas, recreativas y espirituales, servicios de comunicación telefónica, y espacio para recibir visitas,  a fin de que los  privados de libertad puedan llevar una vida digna y recibir el tratamiento adecuado para su reeducación y posterior reinserción social.

Faculta a la Procuraduría  implementar las vías de comunicación y bloqueo de la comunicación de los internos dentro de los centros, conforme reglamento interno, y que las políticas para el diseño, construcción, ejecución y equipamiento de las edificaciones penitenciarias y correccionales sean regidas, supervisadas y puestas en ejecución por la Procuraduría, exclusivamente.

En noviembre pasado la procuradora general Miriam Germán Brito dispuso varias medidas, con el propósito de adelantar la aplicación de la ley, principalmente con la designación de funcionarios al frente de las nuevas estructuras que instituye.

Nueva estructura
Además de un Consejo Nacional, se establece una Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), que actualmente dirige Roberto Hernández Basilio, quien se desempeñaba como director de Prisiones desde septiembre de 2020.

Otra dirección es la de Centros de Corrección y Rehabilitación,  a cargo de Patricia Lagombra, que dirigía el Nuevo Modelo Penitenciario desde agosto del 2020. La ley habilita también la Dirección del Medio Libre, así como  subdirecciones de tratamiento, administrativa, de vigilancia y seguridad correccional, y de supervisión regional.

Se establece un Consejo Nacional Consultivo de Servicios Penitenciarios y Correccionales, como órgano asesor y de consulta,  presidido por la procuradora general, o un procurador general adjunto que ella designe, y lo integran también  el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales y los ministros de Salud Pública, de Trabajo, de Interior y Policía, de Educación y de Deportes o sus representantes.

La  Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales (antigua Dirección de Prisiones) es el órgano de la Procuraduría responsable de aplicar y hacer valer las políticas públicas en materia correccional, según se define en la ley.    Están subordinadas a ésta las direcciones de Centros de Corrección y Rehabilitación (antes Nuevo Modelo)  y la Dirección de Medio Libre.

Fin del “nuevo modelo”
Entre las motivaciones, se establece  que “el régimen penitenciario y el proyecto de nuevo modelo, ya no se encuentran acorde a las nuevas tendencias de educación integral a los fines de ofrecer una reinserción social eficiente y eficaz.

EN PUNTOS
Medio libre por ley.
El artículo 1, señala que el objeto del medio libre es la protección de la integridad y dignidad de los privados de libertad, reducción de consecuencias negativas de su estado, condiciones adecuadas para su desarrollo personal, y corrección, reeducación y reinserción en la sociedad.

El papa emérito Benedicto XVI pidió hoy perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido.

El papa emérito ha realizado esta declaración en una carta publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich.

\”Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica\”, subraya Benedicto XVI.

Joseph Ratzinger, de 94 años, añade en la misiva que \”tanto más grande es mi dolor por los abusos y errores que han ocurrido durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares\” y asegura que es necesario, por parte del clero, \”el momento de la confesión\”.

Asimismo añade: \”Roguemos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas, nuestras grandes y grandísimas culpas\”.

\”En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia\”, admite.

A pesar de su petición de perdón, Benedicto XVI niega en un documento publicado también hoy por sus colaboradores cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania.

En su carta, Ratzinger empieza defendiendo el \”gigantesco\” trabajo en la redacción del documento de respuesta a la investigación que entregó en su momento a los investigadores y explica que \”se produjo un descuido\” sobre su participación en el Ordinariato (reunión de obispado de Munich y Freising) del 15 de enero de 1980.

En aquella reunión, según la investigación, se trató el traslado de un sacerdote acusado de abusos a menores, Peter H., quien después volvió a cometer abusos en la archidiócesis de Múnich, lo que motivó que fuera trasladado de nuevo. 

En un principio, Benedicto XVI aseguró que él no había participado en esa reunión, pero después se retractó de esta declaración y explicó que se había tratado de un error.

\”Este error, que desgraciadamente se ha producido, no ha sido intencionado y espero que sea disculpable\”, escribe el papa emérito, quien añade que le ha \”sorprendido profundamente\” que el descuido haya hecho dudar de su veracidad y que incluso le hayan presentado \”como un mentiroso\”, al tiempo que destacó haber recibido numerosas cartas de apoyo y las oraciones del papa Francisco.

Benedicto XVI concluye la carta diciendo: \”Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. Aunque mirando hacia atrás en mi larga vida puedo tener muchos motivos de temor y miedo, sin embargo, tengo un estado de ánimo alegre porque confío firmemente en que el Señor no sólo es el juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido él mismo mis carencias y es, por tanto, como juez, al mismo tiempo mi abogado\”.

Un total de 25.000 maestros del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, incluyendo aquellos en posiciones transitorias, recibirán un aumento salarial de 1.000 dólares mensuales (874 euros) a partir de julio tras varios días de protestas protagonizadas por los docentes en distintos puntos del país.

\”Hemos logrado identificar fondos federales para hacer realidad el aumento solicitado de 1.000 dólares al mes para todos los maestros y maestras de nuestro sistema público en Puerto Rico\”, ha declarado el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que ha explicado que que se sufragará con fondos federales que estarán disponibles hasta septiembre de 2024.

En este sentido, ha anunciado que, desde julio de este año, en vez de recibir solo los 235 dólares de aumento mensual –que es lo que se incluye en el plan fiscal certificado– recibirán 1.000 dólares de aumento, con la diferencia de que 765 dólares serán provenientes de los fondos federales, tal y como recoge el diario \’Primera Hora\’.

\”Quiero ser claro, protesten o no protesten, yo siempre los he escuchado. Respeto sus manifestaciones y valoro sus reclamos. Pueden estar seguros de que, igual que en este caso, sigo trabajando y buscando alternativas para lograr atender los reclamos de nuestros empleados y de nuestro pueblo\”, ha agregado el gobernador.

El Secretario de Educación de Estados Unidos alentó a Pierluisi a utilizar fondos federales para mejorar los salarios de los maestros, según recoge el diario \’El Nuevo Día\’.

A pesar de este incremento salarial hay otra protesta masiva de maestros convocada para el próximo miércoles que sigue en pie.

La Federación de Maestros de Puerto Rico, ha convocado a los profesores para marchar desde el parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra hacia La Fortaleza a las 8.00 horas (hora local) para solicitar \”una jubilación digna\”.

\”Ya aparecieron mil mensual. Lo dijimos. Para que vean lo que hace la lucha. Hasta que no lo veamos no lo creerémos. Ahora queremos nuestra jubilación digna que es lo más importante. ¡Vamos con fuerza y unidos!\”, ha indicado la Federación de Maestros.

SALARIO Y JUBILACIÓN DIGNOS PARA LOS PROFESORES

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, ha aseverado que la noticia representa \”justicia\” para los docentes.

\”Por años hemos esperado este momento, nosotros representamos a los 25.000 maestros. Hoy, en una reunión tuvimos el honor de estar con nuestro gobernador. Hace justicia a los tres puntos más importantes de nuestra institución. Uno es el aumento salarial que va a recibir cada maestro. Hemos iniciado, con este anuncio, la lucha por la justicia salarial que merecen los compañeros maestros del sistema público\”, ha celebrado Bonilla.

Las protestas por el aumento del salario han provocado ausencias masivas de profesores en las aulas del país, registrando el pico más alto el pasado viernes, cuando un 72 por ciento de los docentes no asistieron a sus puestos de trabajo.

El viernes una manifestación masiva de profesores partió desde el Capitolio y recorrió las calles hasta La Fortaleza reclamando un salario y unas condiciones de jubilación dignas.

El Gobierno británico anunció este martes una propuesta legislativa para obligar a los proveedores de contenidos pornográficos en internet a verificar la edad de los usuarios, a fin de prevenir el acceso de menores de edad.

En el Día Internacional de Internet Seguro, el secretario de Estado de Digital, Chris Philp, explicó que el proyecto de Ley de Seguridad en Línea, que se prepara actualmente, se fortalecerá con una disposición adicional que requerirá a las páginas web y otras plataformas de distribución introducir \”controles sólidos\” para garantizar que quienes las usan tienen al menos 18 años.

El ministerio de Cultura, Digital, Deportes y Medios de comunicación precisa en un comunicado que las empresas tendrán libertad para elegir el tipo de control que aplican, que podría ser \”tecnología segura de verificación de edad\”, para comprobar que poseen una tarjeta de crédito y son mayores de 18 años, o que un servicio externo confirme la edad del solicitante tomando como referencia información que ya tiene el gobierno, siempre con respeto a la normativa de protección de datos.

Si los sitios no toman medidas, el regulador Ofcom \”podrá multarlos con hasta el 10 % de su facturación mundial anual o bloquearlos para que no sean accesibles en el Reino Unido\”, señala la nota, que avisa de que los responsables de estas webs podrían afrontar cargos penales si no cooperan.

El proyecto de Ley de Seguridad en Línea, que se tramitará en los próximos meses, se suma a la existente Ley de Economía Digital de 2017, pero ampliará su alcance al extenderse \”tanto a proveedores comerciales de pornografía como a los sitios que alojan contenido generado por los usuarios\”.

Philp afirma en el comunicado que en la actualidad \”es demasiado fácil para los niños acceder a la pornografía en línea\”.

\”Los padres se merecen tener la tranquilidad de saber que sus hijos están protegidos en la red\”, añade.

El ministerio constata que existe la preocupación entre padres y educadores de que este acceso al porno \”afecta a cómo los jóvenes entienden las relaciones, el sexo y el consentimiento\”, así como la visión de las mujeres.

Según un estudio realizado en 2020 por la Junta Británica de Clasificación de Películas, citado en este comunicado, al menos un 51 % de los niños de entre 11 y 13 años ha visto pornografía en este país, y muchos de ellos, algunos de tan solo 7 años, se topan sin querer con ella en internet.

En 2021 se registró el mayor Producto Interior Bruto mundial de la historia, pero también seis de cada siete personas aseguraron sentirse inseguras, advirtió este martes el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) que subrayó que \”el progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad\”.

En un estudio publicado hoy, el PNUD asegura que la sensación de inseguridad entre la población es cada vez mayor a pesar del avance del desarrollo, por lo que llama a \”promover la solidaridad y reorientar los esfuerzos en el ámbito del desarrollo\”.

La covid-19, el cambio climático, la hambruna, las tecnologías digitales, las desigualdades, la capacidad de los sistemas de salud ante nuevos retos, además de los conflictos armados, que afectan a unos 1.200 millones de personas, han seguido generando ansiedad, miedo a sufrir carencias o a no poder vivir dignamente.

La agencia de la ONU recuerda que la esperanza de vida ha caído a nivel mundial por segundo año consecutivo debido a la pandemia del coronavirus y advierte de que los cambios de temperatura podrían causar la muerte de 40 millones de personas de aquí al final del siglo.

\”A pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos\”, dice la PNUD, antes de advertir de que estados \”con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años\”.

El PNUD mide esta inseguridad a través del Índice de Desarrollo Humano, que mantuvo una mejora continuada desde que comenzó a elaborarse en 1994, hasta que se hundió en 2019-2020 coincidiendo con la irrupción de la covid-19.

Aunque en 2021 experimentó una recuperación, el PNUD calcula que en dos años el índice perdió las mejoras logradas en cinco años, entre 2014 y 2019.

\”A pesar de que el mundo disfruta de una riqueza sin precedentes, la mayoría de las personas sienten preocupación por el futuro, sentimientos que probablemente se han visto exacerbados por la pandemia\”, dijo el administrador del PNUD, Achim Steiner, citado en un comunicado.

Además, insistió en que existe una estrecha relación entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad.

\”Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás\”, lo que afecta a las relaciones diarias de convivencia.

Para Steiner, la solución pasa por \”prestar atención a las señales que emiten las sociedades que sufren un estrés inmenso y redefinir el verdadero significado de progreso\”.

En este sentido, insta a un modelo de desarrollo que se levante sobre la protección y la restauración del planeta, con nuevas \”oportunidades sostenibles\” para todos.

El PNUD sostiene que los agentes del cambio deberían promover la solidaridad, el empoderamiento y la protección en todos los ámbitos y evitar que la mejora de un aspecto implique el empeoramiento de otro.

El total de la deuda de largo plazo con Petrocaribe fue de cerca de RD$214 millones al 2017, año en el que terminó el acuerdo y de que el Gobierno entrara en una negociación con la compra a descuento del 52% de la acreencia, generando un ahorro importante para el Estado dominicano.

El remanente de deuda se negoció con bonos. Y, la compra de la deuda fue de US$1,933 millones, a descuento.

José Ramón Suriel, excoordinador general de la oficina  de negociaciones de Petrocaribe, afirmó que se pagaron RD$33 millones a proveedores nacionales y RD$30 millones con medicamentos, y por tanto prácticamente quedaron RD$15 millones, de los cuáles se pagó una parte en efectivo.

El acuerdo petrolero fue firmado por los presidentes Leonel Fernández y Hugo Chávez Frías en Montego Bay, Jamaica, el 6 de septiembre de 2005. Se consideró un convenio político de Chávez para ayudar a 17 países de América Latina y el Caribe no petroleros que se enfrentaban a la compra de crudo venezolano y mundial a un alto costo. Posteriormente se conformó por 18 naciones al agregar a otro.

Para el año 2017 el acuerdo se fue extinguiendo y se pagó el remanente que quedaba, “al parecer al presidente Luis Abinader no le dieron la información correcta”, dijo.

Este domingo el primer mandatario manifestó que  el Gobierno y el pueblo dominicano están pagando en la actualidad la deuda de intereses dejados de pagar a Venezuela por quienes se beneficiaron del acuerdo de Petrocaribe.

“Si yo tuviera un Petrocaribe, los combustibles estarían más baratos”, indicó, tras precisar que a la población se le transfería el costo de US$70 dólares el barril, como si fuera a ese precio que lo compraban.

Suriel recordó que el acuerdo de Petrocaribe garantizaba una gracia de dos años, era un préstamo que se daba dependiendo del valor del petróleo, en el que cuando pasaba de US$50 República Dominicana se quedaba con el 30% como financiamiento.

El acuerdo permitía la compra de hasta 50,000 barriles diario, “y lo más que llegó fue a 28,000 barriles diario”, indicó Suriel, quien agregó que la gasolina premium se traía de Estados Unidos, porque Venezuela no refina el crudo y la Refidomsa tenía capacidad para refinar todo el crudo que se importa.

Desde 2011 Venezuela mandaba 10,000 barriles, y el país asumió un programa para pagar con productos en vez de buscar bonos a precios altos. Ese programa consistió en un plan de intercambio de deuda por alimentos para vender a Venezuela, y se exportaron harinas, espaguetis, habichuelas negras y otros.

Según explicó Suriel, esos  alimentos se compraban y se pagaban en pesos a los productores dominicanos y lo último que se mandó fueron medicamentos.

Con bonos
Suriel explicó que la deuda que se puede citar es la que se compró con bonos soberanos a una tasa de 5%  para reducir el endeudamiento y que sirvió de ayuda a Venezuela que necesitaba liquidez, además de que fue con un 52% descuento.

Además, dijo que  hay que preguntarse cuánto se ahorró República Dominicana. Agregó que era una deuda que se empezaba a pagar a los dos años y variaba con una tabla. Con el precio de US$50 a US$80 b/d el país se quedaba con un 40% como préstamo y el 60% restante se empezaba a pagar a los 90 días, incluyendo 30 días de esos, sin intereses.

Negociación
La deuda fue de US$4,383 millones, se pagaron US$1,933 millones con descuento de un 52%.

Final
Desde 2016, Venezuela no volvió a enviar petróleo a República Dominicana y se adeudaba unos US$214 millones.

Precio de mercado
Los precios del petróleo comprados con Petrocaribe fue según el mercado.

La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso hoy que las entidades de intermediación financiera (EIF) retiren de sus listas de contactos, para el ofrecimiento de nuevos productos y servicios, a los usuarios que así lo soliciten.

Mediante la Circular SB: Núm. 004/22, el ente supervisor destaca que los usuarios tienen derecho a rechazar de manera expresa la recepción de comunicaciones comerciales y llamadas no solicitadas, así como revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado para recibir esas comunicaciones.

La circular otorga a las entidades un plazo de 90 días para implementar las adecuaciones necesarias que permitan a los usuarios canalizar las solicitudes que sometan en este sentido.

Pasado este periodo, las EIF deberán tener en funcionamiento los distintos canales a través de los cuales se recibirán estas solicitudes, proveyendo a los usuarios de la debida constancia. La Superintendencia de Bancos exige que los canales a utilizar sean ágiles y efectivos.

\”Si bien reconocemos que las entidades tienen derecho de mercadear sus productos, los usuarios tienen derecho a la privacidad e intimidad. La circular marca un trato justo entre esas dos prerrogativas\”, explicó Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos, al referirse a la disposición.

Las entidades financieras tendrán hasta cinco días, a partir del momento de la solicitud, para atender los requerimientos de exclusión de las listas de contactos.

En el documento se precisa que las EIF podrán contactar a aquellos usuarios con los cuales tengan una relación comercial para gestiones de cobro, actualización de datos y demás actividades ordinarias relativas al vínculo de la entidad con sus clientes, de acuerdo con la normativa aplicable.

Las entidades de intermediación financiera que ignoren estas disposiciones pueden ser sancionadas por la Superintendencia de Bancos, en base a las facultades que le otorga la Ley no. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y el Reglamento de Sanciones, aprobada por la Junta Monetaria en la Quinta Resolución del 18 de diciembre de 2003 y su modificación.

Los usuarios podrán formalizar reclamaciones en la entidad y ante la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), según corresponda, en caso de incumplimiento de esta disposición.