Author: Carlos Manuel Bueno Bueno

El presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa), Pedro Espinal, llamó la atención del Gobierno sobre la situación del sector arrocero del país, la cual indicó \”es preocupante, ya que los productores están viviendo angustia y desesperación\”.

“Definitivamente el arroz con la situación actual de los precios de los insumos y cómo se está vendiendo el arroz es insostenible, por eso estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de Fenarroz que prácticamente el sector arrocero está entrando a cuidados intensivos”, expuso Espinal haciendo un llamado al Gobierno para que vaya en su auxilio.

El gremialista indicó que el costo de producción al 2021 rondaba los RD$7,000 y al día de hoy alcanza los RD$9,200 la tarea, lo que dijo representa cerca de un 30% de aumento.

“Nos unimos a lo que fue la declaración de Castañuela del inicio de la semana por las demandas y reivindicaciones que exige el sector arrocero organizado”, manifestó Espinal señalando que se hace imprescindible buscar una solución urgente al tema de los precios de la fanega de arroz.

Sostuvo que Animpa está de acuerdo con el precio propuesto para la fanega corta de 100 kilos que es de RD$2,700 y la fanega larga de 120 kilos se venda a RD$3,200.

Agregó que desde el año pasado han estado llamando la atención sobre la estabilidad del sector arrocero y la sostenibilidad de los productores y aseguró que si el Gobierno no va en auxilio de este reclamo definitivamente puede venir un colapso de la producción arrocera nacional y una quiebra masiva de nuestros arroceros.

Las clínicas privadas no es­tán violentando la ley cuan­do cobran depósito o antici­pos a pacientes al momento del internamiento, asegu­ró ayer el presidente de la Asociación Nacional de Clí­nicas y Hospitales Privados (Andeclip), quien atribuyó las dificultades que afectan a los pacientes a que no se aplica la Ley de Seguridad Social.

El doctor Rafael Mena aseguró que la responsabi­lidad de las clínicas es es­tabilizar a todo paciente que llega a sus servicios de emergencia, lo cual se ha­ce siempre, pero que al mo­mento de ingresarlo debe tener una garantía de finan­ciamiento, porque esos cen­tros no reciben subsidio del Estado; no reciben el ajus­te por inflación por los ser­vicios que brindan a afilia­dos y en ocasiones, aunque tienen carnet de seguro, no tienen la cobertura del ser­vicio que se les brinda.

El presidente de Ande­clip respondió así a las fre­cuentes quejas que han sur­gido en los últimos días en el país de parte de pacientes que van desde indiferencia y otras manifestaciones de des­humanización en la atención hasta la exigencia de depósi­to económico para el ingreso y dificultades de acceso a una cama de hospital y medica­mentos.

Dijo que esas quejas y de­bilidades que tienen los pa­cientes y de que adolece el sistema es fruto de la no apli­cación de la ley, y a que en el Consejo Nacional de la Segu­ridad Social (CNSS) los acto­res que conocen y les duelen los pacientes, no tienen voto ni poder de veto.

Señaló que la situación económica de los centros de salud no les permite ingre­sar pacientes sin la garantía de pago, sobre todo porque, aunque la Ley de Seguridad Social establece que deben revisarse y ajustarse las tari­fas de los servicios prestados a los afiliados de acuerdo al índice por inflación, eso no se hace.

Dijo que la ley dice que to­do paciente que llega a emer­gencia el centro de salud está la obligación de estabili­zarlo y eso se hace en las clí­nicas, pero no habla de inter­namiento.

“Es un problema que si se quiere resolver hay que sentarse con la cabeza fría y tratar de que los actores par­ticipen apegados al cumpli­miento de lo que dice el siste­ma”, dijo Mena.

Dijo que aunque la ley es­tablece que las tarifas de ser­vicios a los prestadores debe irse ajustando de acuerdo a la inflación, eso no se hace, lo que limita económicamen­te a los centros de salud y les genera dificultades económi­cas.

Señaló que desde hace 20 años Andeclipp está pidien­do que se aplique ese ajuste y no se hace, por lo que el gre­mio anunciará próximamen­te a cual ARS empezará a pa­ralizarle los servicios de sus afiliados, para que las auto­ridades del sistema cumplan con lo establecido en la ley.

“Si a nosotros nos hubie­sen hecho caso, hace tiempo que esos problemas no exis­tieran, porque nosotros tene­mos años luchando porque se aplique la ley 87-01 y no se nos ha hecho caso”, seña­ló Mena.

Entiende que en ese or­ganismo deben participar los actores que juegan papel importante y que conocen el sistema.

ADARS lamenta barreras
Sobre el tema, el presiden­te ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administra­doras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Var­gas, entiende que todos los actores del sistema deben ponerse de acuerdo en bene­ficio del paciente, sobre todo en momento en que todavía se vive bajo el impacto de la pandemia del Covid-19.

Recordó que el ajuste por inflación es una disposición que debe adoptar el CNSS tras la revisión de la inflación del último año.

En torno al cobro de depó­sito en los centros de salud, dijo que las autoridades de­ben hacer valer lo que está establecido en la ley, porque si un paciente llega con su carnet de seguro y la patolo­gía a tratar forma parte de la cartera de cobertura, no de­bería exigirse depósito.

Entiende que los prestado­res deben ponerse de acuer­do con las autoridades para que no haya esas barreras de acceso al servicio de sa­lud que va en perjuicio del paciente y del afiliado al sis­tema.

La disposición
La Resolución Administrati­va 00156-2008 emitida por la Superintendencia de Sa­lud y Riesgos Laborales (Si­salril) dispone en su artícu­lo primero que “ Se ordena a las Administradoras de Ries­gos de Salud (ARS) garanti­zar a partir de la presente re­solución, que en ningún caso o circunstancia las Presta­doras de Servicios de Salud (PSS) contratadas por éstas, exijan a los afiliados del Se­guro Familiar de Salud (SFS) pagos por concepto de anti­cipos o depósito como garan­tía por los servicios de aten­ción médico-quirúrgicos que estos requieran, o nieguen el servicio por no realizar dicho depósito o anticipo”.

Consultado en torno a las diferentes quejas externa­das por pacientes y familia­res tanto a través de diversos medios y redes sociales co­mo en entrevistas con redac­tores de Listín Diario, el día anterior el viceministro de Salud Colectiva del Ministe­rio de Salud Pública, Eladio Pérez, había señalado que se investigarán las denuncias.

Recordó que el Ministerio de Salud Pública es rector del sistema de salud dominica­no, por lo que se harán des­censos en centros donde se hacen denuncias de cobros irregulares o debilidades en la calidad de la atención para indagar al respecto.

Señaló que las esperas en las emergencias se registran en ocasiones por la sobrede­manda de servicios en algu­nos centros de salud.

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Las quejas
Aunque se trata de que­jas que por años han es­tado presentes como “punto negativo” de la atención médica en el país, es en esta última semana cuando han surgido denuncias de pacientes y familiares que describen la crude­za con que en ocasiones reciben los servicios.

Rebotes
Entre las denuncias fi­guran indiferencia y otras manifestaciones de deshumanización en la atención; exigencia de depósito económico para el ingreso; “rebo­tes” o alegación de fal­ta de camas al momen­to de un referimiento y largas horas en emer­gencias en espera de camas, son parte de las quejas y denuncias que hacen pacientes y fami­liares.

El dirigente del Parti­do de la Liberación Domi­nicana (PLD), José Dan­tés Díaz, aseguró que en el partido opositor se en­cuentran debatiendo la propuesta. Igual plan­teó el presidente del Re­formista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún.

Mientras en la Fuerza del Pueblo, su secretario general Antonio Florián, recalcó la posición de ese partido de no aprobar una modificación a la Carta Magna, al entenderla “in­necesaria” .

El vocero de ese partido en la Cámara de Diputa­dos, Rubén Maldonado, expresó que la Fuerza del Pueblo, que encabeza Leo­nel Fernández, está vigi­lante ante cualquier intento del gobierno del presidente Luis Abinader, de reformar la Constitución.

El presidente del Partido Revolucionario Dominica­no (PRD), Miguel Vargas, sostuvo que esa organiza­ción se opone a una modi­ficación de la Constitución.

“El país lo que espera en este momento no es refor­ma, sino que se resuelvan los problemas más acucian­tes que tiene el pueblo do­minicano, aquí hay un al­to costo de la vida, hay una carestía que se hace más in­accesible constantemente y a eso es que tenemos que contribuir a buscar solucio­nes”, sostuvo Vargas.

 A finales de la pasada se­mana, el Poder Ejecutivo en la persona de su con­sultor jurídico, Antolia­no Peralta, depositó an­te el Consejo Económico y Social (CES) las ideas puntuales acerca de su propuesta de Reforma Constitucional para que sea discutida por los dife­rentes sectores de la socie­dad dominicana.

La pieza propone la modificación de las atri­buciones del Procurador General de la Repúbli­ca, comenzando por cam­biarle el nombre a “Fiscal General”, además de de­limitar que los aspirantes a componer la Junta Cen­tral Electoral (JCE) y las altas cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los cin­co años previos a su elec­ción y unificar las elec­ciones presidenciales y congresuales con las mu­

nicipales, para que las mis­mas sean celebradas el ter­cer domingo del mes de mayo del año electoral.

Presidente la justifica
Sin embargo, a pesar de to­das las propuestas el pro­yecto no establece como será escogido ese “fiscal ge­neral” e incluso contiene una “disposición transito­ria” de que hasta tanto no sea delimitada una ley para ese uso, el mismo se desig­ne mediante decreto presi­dencial.

Sobre ese particular y du­rante su recorrido por San Pedro de Macorís, el presi­dente Luis Abinader asegu­ró que el mismo se dejó fue­ra de las modificaciones en orden de que la forma de que esa posición sea desig­nada, surja de los debates que se produzcan en las dis­cusiones con los partidos.

“Para eso es que lo es­tamos haciendo, para una discusión…. ojalá todo el país pueda ponerse de acuerdo en tener ese minis­terio público independien­te, para tener una justicia que sea alejada de toda in­tención política”, dijo al ser abordado por miembros de la prensa en el medio de sus actividades pautadas en la provincia del Este.

Mientras el ministro Admi­nistrativo de la Presiden­cia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, propuso que se lleve a cabo un gran “pacto nacional”, para buscar consenso en la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo. “Llamamos a un gran pac­to nacional, que podamos celebrar un gran encuentro nacional con todas las fuer­zas políticas del país para lograr institucionalizar la independencia del Ministe­rio Público”, expresó el diri­gente perremeísta.

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No están en agenda.
Al ser cuestionado acerca de la negativa adelantada que han ex­presado varios partidos políticos, ya que hay “temas más importan­tes” en el ámbito nacio­nal, el presidente del PRM, dijo que esos te­mas no “están en agen­da”.

Ámbito electoral.
Paliza también mani­festó que no tienen nin­guna intención política con relación a la refor­ma Constitucional y re­calcó que no se tocará ningún ámbito electo­ral, lo que es de conoci­miento de los partidos.

El gobierno de Estados Unidos instó el jueves al gobierno del primer ministro Justin Trudeau a que utilice sus competencias federales para poner fin a un bloqueo de camiones por parte de canadienses que protestan contra las restricciones implementadas por la pandemia de COVID-19, debido a que la manifestación obligó a las plantas automotrices en ambos lados de la frontera a suspender o reducir su producción.

Por cuarto día consecutivo, un gran número camioneros que participan en la llamada Caravana de la Libertad bloquearon el paso en el puente Ambassador que conecta a Windsor, Ontario, con Detroit, Michigan, interrumpiendo el flujo de autopartes y otros productos entre ambos países.

La Casa Blanca dijo que el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el secretario de Transporte Pete Buttigieg conversaron con sus homólogos canadienses y les pidieron que ayuden a resolver el conflicto.

Ante la creciente presión política y económica, el alcalde de Windsor Drew Dilkens anunció que la ciudad buscará una orden judicial para poner fin a la protesta.

“El daño económico no es sostenible y debe terminar”, señaló.

En tanto, Estados Unidos se preparaba para la posibilidad de protestas similares, mientras que las autoridades de París y Bélgica prohibieron los bloqueos de carreteras para evitar que afectaciones en esos países.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló en un comunicado enviado a agencias policiales locales y estatales que ha recibido informes de que algunos camioneros planean “la posibilidad de bloquear caminos en las principales ciudades” en una protesta contra los mandatos de vacunas y otras cuestiones.

La agencia dijo que la caravana podría comenzar en el sur de California incluso este mismo fin de semana, con la posibilidad de afectar el tránsito en las zonas donde se llevarán a cabo actividades relacionadas con el Super Bowl, y llegar a Washington en marzo, a tiempo para el discurso anual del Estado de la Unión, según una copia del boletín del martes al que The Associated Press tuvo acceso.

La Casa Blanca dijo que la agencia desplegará “personal adicional” al Super Bowl como medida preventiva.

Las prohibiciones a los bloqueos de caminos en Europa y la amenaza de tiempo en prisión y fuertes multas se implementaron en parte debido a mensajes que circulan en internet de parte de grupos que exhortan a los conductores a reunirse en París y Bruselas durante los próximos días.

El puente Ambassador es el cruce fronterizo de mayor actividad entre Estados Unidos y Canadá, por el que circula el 25% de todo el comercio entre los dos países, y los efectos del bloqueo no tardaron en repercutir en la zona.

Ford dijo que su planta de motores en Windsor, Ontario, reabrió el jueves después de cerrar el día anterior debido a la falta de piezas. Sin embargo, la fábrica y la planta de ensamblaje de la compañía en Oakville, Ontario, cerca de Toronto, operan a capacidad reducida, precisó la automotriz.

Por su lado, GM canceló el segundo turno del miércoles y el primero del jueves en su fábrica de camionetas SUV en las afueras de Lansing, Michigan.

Toyota dijo que tres de sus plantas en Ontario cerraron por el resto de la semana debido a una escasez de autopartes, además de que también se redujo la producción en Georgetown, Kentucky.

El nuevo primer ministro peruano Aníbal Torres declaró el miércoles que su equipo de ministros “no confrontará con la oposición”, en medio de una crisis política en el gobierno del presidente Pedro Castillo por haber tenido que reorganizar su gabinete cuatro veces en seis meses.

“Nos provocarán, pero allí quedará porque nosotros no responderemos”, dijo Torres en una conferencia de prensa, y añadió que en los próximos 30 días se presentarán ante el Parlamento con el fin de buscar los votos de respaldo necesarios para continuar en sus cargos, como lo establece la ley.

Antes de asumir su nuevo puesto de presidente del Consejo de Ministros, Torres fue ministro de Justicia durante los últimos seis meses. Se ha mostrado partidario de enviar a una cárcel común al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión y actualmente recluido en una cárcel especial construida para él. Es el padre de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, una de las principales opositoras al gobierno.

El centrista Partido Morado dijo más temprano que no respaldará al nuevo gabinete porque Castillo persiste en “el error de designar a personas no idóneas, sin considerar la meritocracia, para dirigir los destinos del país”.

Las críticas se concentraron en el nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, designado en medio de una tercera ola de contagios de COVID-19. Condori promocionó en redes sociales un tipo de agua medicinal no avalada por la ciencia que supuestamente retrasa el envejecimiento.

Castillo nombró a Condori en reemplazo de Hernando Cevallos, quien encabezó el Ministerio de Salud en los últimos seis meses e impulsó la vacunación contra el virus.

Castillo no ha explicado las razones del cambio en ese ministerio. Condori, un médico de la Amazonía, es miembro del partido Perú Libre, grupo con el que el mandatario llegó al poder.

Condori recomendó en sus redes sociales el consumo de “agua arracimada”, que supuestamente retrasa el envejecimiento e hidrata las células. Se vende en el país en frascos de 118 mililitros a un precio de hasta 68 dólares. El producto no está avalado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Elmer Huerta, un médico peruano especializado en salud pública, dijo en su cuenta de Twitter que el “agua arracimada” tiene “las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento”.

En una conferencia de prensa se le preguntó a Condori sobre las bondades de dicha agua, pero no ofreció ninguna evidencia científica para respaldarlas.

Castillo asumió el puesto el 28 de julio de 2021.