Walter de la Cruz bajó por una pendiente gigantesca de arena en medio de la niebla hasta una roca frente al Pacífico de Perú, donde ha pescado por tres décadas. Tiró el anzuelo varias veces sin atrapar ningún pez. En uno de sus intentos, sacó un trozo de plástico manchado de petróleo.
El pescador dijo que el derrame de 11.900 barriles de crudo sobre uno de los mares más biodiversos del mundo y frente a una refinería costera de Repsol convirtió casi en mendigos a más de 2.500 pescadores, les despojó de un trabajo intenso entre enero y marzo y elevó la incertidumbre sobre el futuro de la pesca en una preocupación mayor que la del coronavirus
“No le pedíamos a nadie. Con el sudor de nuestra frente, sacábamos la riqueza del mar”, recordó De la Cruz, de 60 años, junto a su canasta vacía, mientras las olas golpeaban las rocas. “Nos sentimos desesperados” dijo y enumeró con sus dedos las deudas que lo abruman, incluidas un crédito bancario, los recibos de agua, luz, gas, así como una lista de artículos escolares para sus dos nietos.
Perú calificó al suceso —ocurrido el 15 de enero— como su “peor desastre ecológico” y expertos de Naciones Unidas entregaron un reporte al gobierno calculando que el vertimiento “liberó unas 2.100 toneladas de crudo, muy por encima de las 700 toneladas consideradas por la International Tanker Owners Pollution Federation Limited como el umbral para ser clasificado como un gran derrame”.
Los expertos también indican que no existe experiencia mundial previa de “derrame de esta envergadura” en el mar con las características de un crudo extraído de Buzios, el mayor campo petrolífero del globo en aguas profundas y el más productivo de Brasil.
De la Cruz comprendió desde los primeros días que la marea de contaminación extendida por mar y tierra en más de 106 kilómetros cuadrados —una área más grande que la ciudad de París— había frenado por primera vez una actividad realizada por siglos en la costa del Pacífico Sur. “Vi el fruto de mi sustento destruido, como si uno tuviera una tienda y alguien viene y le prende fuego”, dijo.
Los pescadores afectados pertenecen al segmento más vulnerable dentro de la actividad pesquera de Perú, extraen pocos volúmenes muy cerca de la costa en embarcaciones pequeñas o sin ellas, dijo Juan Carlos Sueiro, un economista experto en temas pesqueros de la organización internacional Oceana. “Están en el umbral de la pobreza, sus ingresos varían día a día”, comentó.
Perú —con una economía informal de 78%— no tiene datos exactos del número de pescadores afectados, ni de quienes trabajaban en los muelles, ni de los que integran la cadena de servicios perjudicada en más de 20 playas contaminadas, que incluyen restaurantes, vendedores de helados, de dulces, los que alquilan sombrillas y los transportistas de triciclos o botes en los balnearios.
Por eso, después del derrame tras anunciar que evaluaban dar un bono, el gobierno tardó tres semanas en construir una lista de 2.500 pescadores a quienes ayudarían con dinero. Dos semanas más tarde el gobierno anunció que había acordado, tras una reunión con Repsol, que ahora sería la energética la que otorgaría un adelanto de compensación por hasta 799 dólares a más de 5.600 afectados. Los pescadores se quejaron de que no intervinieron en el acuerdo. Tampoco quedó claro si la promesa del bono seguía vigente. La AP preguntó a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el destino del apoyo económico estatal, sin obtener respuesta.
Muchos pescadores ni siquiera tienen un certificado que pruebe que se dedicaban a esa actividad. De la Cruz es uno de ellos. Lo único cierto, dice, es que desde hace 30 años llegaba muy temprano al mar con una canasta en la espalda y cuando la llenaba comerciaba los productos frescos con los dueños de restaurantes, con las amas de casa de los barrios desérticos de Lima o incluso llevaba algunos pescados a casa, donde su esposa preparaba sabrosos platillos que vendía a sus vecinos.
Luego de no atrapar ningún pez, De la Cruz enrolló el hilo y retiró un crustáceo que le sirvió de carnada a su anzuelo. “Los peces son sensibles, olieron petróleo y se fueron”, se justificó con amarga alegría parado frente al abismo marino. Quería comprobar por sí mismo que si atrapaba un pescado la carne era desagradable y las agallas estaban oscurecidas, tal como le había dicho un colega.
Indicó que para los pescadores la desesperación por no tener con qué mantener a sus familias era más fuerte que el miedo al coronavirus. “¿Cómo reaccionas cuando un millonario te quita lo poco que tienes? ¿Quién levanta la voz contra Repsol?”, dijo acomodando su bolsa vacía en su espalda.
Días después del derrame recordó que sintió “quebranto” al ver “su zona de trabajo” visitada por una multitud de periodistas que reportaban cómo el petróleo había invadido zonas marinas donde los peces, crustáceos y moluscos colocaban sus huevos. Quería contar lo que sentía, para que las autoridades lo sepan, pero no sabía cómo. Consiguió un trozo de cartón y con un rotulador de tinta azul escribió “pescadores necesitamos ayuda por favor”. Un fotógrafo de la AP lo retrató el 21 de enero, abrumado y sentado con su infaltable canasta sin peces junto a una playa contaminada.
Entonces el presidente Pedro Castillo visitó la zona, pasó cerca de De la Cruz, prometió ayuda y tras mirar los charcos de petróleo meneó la cabeza. “Esto no puede ser”, pronunció en voz alta. En otra playa, Castillo recogió arena con petróleo y con las manos sucias de crudo reconoció la gravedad del derrame. “¿De qué sirve dar redes si ya no tienen dónde pescar?”, dijo el mandatario.
Pero esa supuesta empatía presidencial que encendió las esperanzas de De la Cruz no ha dado frutos. Dos meses después de esa visita, la ayuda estatal no existe. “Pasan los días y no recibimos nada”, dijo desilusionado mirando exactamente la misma zona desde donde vio por primera vez el derrame, pero ahora vacía de periodistas.
Edward Málaga, legislador del centrista partido Morado, quien ha conversado con los pescadores, recorrido zonas contaminadas y dialogado con funcionarios del gobierno y de Repsol, describió un escenario de desorden e improvisación dentro del Ejecutivo debido a la inestabilidad política.
Desde que ocurrió el peor desastre ecológico peruano, se han sucedido tres gabinetes ministeriales, incluyendo a tres ministros del Ambiente. Uno de ellos fue un maestro escolar sin experiencia, pero miembro del partido oficialista que apenas duró una semana en el cargo.
“Hablas con un funcionario y a la semana siguiente hay otro que empieza de cero”, dijo Málaga, un microbiólogo que cuestiona la falta de liderazgo en la respuesta estatal frente al derrame con hasta cuatro ministerios involucrados y hasta 34 órganos adscritos que no trabajan de forma integrada.
El legislador afirma que el desorden no sólo dificulta la planificación de acciones, sino la información pública. “No hay una página web en la que se vea el trabajo de cada sector, día tras día, cuánta fauna se ha rescatado, cuántos animales han sido reportado muertos, cuánto se ha limpiado”, dijo.
Los pescadores han llevado sus redes vacías hasta la catedral de Lima, han protestado frente a la refinería de Repsol, han bloqueado vías, pero al momento no hay respuesta a asuntos claves, como quién ocasionó el derrame petrolero, a cuánto asciende la pérdida económica de los pescadores ni cuánto tiempo demorará la remediación para que ellos vuelvan a pescar.
Repsol asegura que no causó el derrame, sino que acusan del vertimiento al barco petrolero Mare Doricum. La compañía dueña de la embarcación le ha respondido pidiéndole que no proporcione información “incorrecta o engañosa” porque las investigaciones continúan.
Los afectados no realizan esas distinciones y le reclaman a Repsol.
Hasta ahora la compañía ha entregado entre una o dos tarjetas -por un valor de 135 dólares cada una- a los afectados para cambiarlas por alimentos en un supermercado. Al ser insuficiente, los pescadores organizan almuerzos comunitarios con alimentos donados por la iglesia católica y otras organizaciones. En esas reuniones la falta de dinero es el tema recurrente.
La abogada Ady Chinchay, investigadora en derecho ambiental, recordó que los pescadores pueden solicitar una demanda de indemnización por lucro cesante —por el dinero que dejan de ganar por no poder trabajar debido al derrame— en un juzgado civil, pero recordó que existen desafíos.
“El juez va a conceder y otorgar la indemnización en razón a las pruebas” que los pescadores presenten sobre sus ingresos, dijo Chinchay, quien añadió que para muchos afectados será “casi imposible” determinar esa cantidad porque no emiten recibos cada vez que venden sus pescados.
Ese es el caso de De la Cruz, quien por 30 años vendió “tramboyos, chitas, lenguados y pintadillas”, pero jamás emitió una boleta de venta.
“De aquí sacaba el día a día”, comentó el pescador. “Imagínese la desesperación en mi hogar”, añadió tras relatar que su esposa vende empanadas para intentar pagar las deudas, pero que ya no compra antiinflamatorios para la artritis que le provoca dolor en las manos.
“Tengo que pedirle hasta para pagar el transporte, pero ella me dice ‘ya no tengo’, ayer a las justas hemos conseguido pagar el gas”, dijo.