Author: Carlos Manuel Bueno Bueno

 Los legisladores dominica­nos podrán expresar opi­niones que violenten los derechos fundamentales a la intimidad, honor y buen nombre, sin enfrentar con­secuencias.

Así lo establece el proyec­to de ley que regula el ejer­cicio para la protección civil de los derechos a la intimi­dad, el honor, el buen nom­bre y la imagen propia, esta­blecidos en la Constitución, que fue aprobado este miér­coles en primera lectura en el Senado de la República.

Exenciones
El artículo 13 del proyecto de ley establece las exencio­nes de “intromisión ilegíti­ma” y en su numeral 2 hace referencia a la potestad que tienen los legisladores.

“No se considerará viola­ción a los derechos protegi­dos por esta ley cuando se trate de opiniones manifes­tadas por diputados o sena­dores en el ejercicio de sus funciones conforme lo esta­blece la Constitución de la República”, indica.

Y justamente la Constitu­ción también avala que las opiniones de los legislado­res tengan inmunidad.

El artículo 85 de la Carta Magna indica la inmunidad por las opiniones que expre­sen los integrantes de am­bas cámaras legislativas pe­ro hace la aclaración que es “en las sesiones”.

Aun así, también la carta magna, en su artículo 44, establece que “toda autori­dad o particular que viole los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen, está obligado a resarcirlos o re­pararlos conforme a la ley”.

Más allá de esta permisi­vidad que otorgar tanto la Carta Magna como el pro­yecto de ley, el artículo 23 establece que no prohíbe o restringe el derecho y el de­ber que tienen las personas de denunciar ante la autori­dad pública o judicial com­petente las infracciones que cometa cualquier funciona­rio o empleado público en el desempeño de sus funcio­nes.

La pieza legislativa
La iniciativa tiene por ob­jetivo que los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen, que están establecidos co­mo “derechos fundamenta­les”, sean delimitados y pro­tegidos frente a todo tipo de intromisiones ilegítimas.

Sobre esto, en sus conside­randos resalta la función esencial que tiene el Estado de proteger los derechos de las personas, y que los dere­chos fundamentales están establecidos en el artículo 44 de la Constitución.

De igual manera, indica la necesidad de delimitar “de forma clara” en qué consis­ten los derechos menciona­dos y como pueden ser re­sarcidos.

Derechos
En ese sentido, específica en que consiste cada uno de los derechos:

Derecho fundamental a la intimidad: El derecho a la intimidad constituye aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona de­sea excluir del conocimien­to de personas fuera de su círculo más íntimo y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad.

Derecho fundamental al Honor: El derecho al honor es la estimación, a aprecia­ción que un individuo tie­ne de sí mismo en virtud del reconocimiento que los de­más hacen de su dignidad como persona.

OTROS DERECHOS
Buen nombre.
Derecho Fundamental al Buen Nombre: El De­recho al Buen Nombre es la prerrogativa que se tiene a que nadie afecte, menoscabe o aminore, sin apego a la veracidad, la fama o reputación que, de una persona fí­sica o jurídica, tienen las demás personas.

Propia imagen.
Derecho Fundamental a la Propia Imagen: El De­recho a la Propia Ima­gen es la prerrogativa de toda persona física de usar su propia imagen o autorizar su uso por par­te de un tercero.

Las Oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) trabajaban bajo un régimen similar al que actualmente operan los consulados dominica­nos, con claros márgenes de discrecionalidad que terminaban beneficiando a quienes dirigían esas en­tidades.

Esto consistía en que el oficial del Estado Civil era el que establecía el precio de las tasas, las cuales se cobraban por los servicios del Registro Civil. Además de cuánto se cobraba por documentos como actas de nacimiento, de matri­monio, y cuánto cobraba un oficial del Estado Ci­vil por celebrar un matri­monio tanto dentro como fuera de la oficialía.

Cada oficialía, según explica Roberto Rosario, expresidente de la JCE, es­tablecía un costo distinto sin tener interés en de qué manera esto perjudicaba al ciudadano.

Además de ello el ex presidente de la entidad indicó que alrededor de las oficialías se crearon mafias, las cuales dificul­taban el proceso de obten­ción de la documentación de las personas.

Algo que facilitó esta acción era que, en ese en­tonces, más del 98% de los trabajos en esas en­tidades eran manuales. Así que en conjunto a em­pleados del interior de la Junta y personal del exte­rior, se extorsionaban a los ciudadanos, quienes te­nían en ocasiones que pa­gar grandes cantidades de dinero para poner tener un documento, e incluso im­plicaba extensos periodos para conseguirlo, por esos mismos obstáculos.

El también expresidente de la JCE dijo que, al igual que en la actualidad, todo el mundo conocía sobre la si­tuación, tanto así, que se ve­nía arrastrando desde alre­dedor de los años 80 y 90.

El entramado estaba ahí y todos lo sabían, pero no era de interés de los que pa­saban por el cargo, según Rosario.

“Nosotros sabíamos qué estaba ocurriendo porque, así como el Listín Diario lo publica ahora, otros medio lo denunciaron en ese mo­mento”, explicó, agregan­do que, tomando en cuenta las denuncias que salieron en medios escritos y televi­sados, en el año 2007 se so­metió un reglamento al ple­no de la JCE para que esta procediese a declarar esos ingresos como públicos.

Reglamento y beneficios
En ese reglamento, según lo detallado por Rosario, se estableció que, a partir de ese momento, el salario que recibía un el Oficial del Es­tado Civil pasaría a ser un salario que pagaría la JCE, contrario a como ocurría anteriormente que de todo lo ingresado a la oficialía se cubrían los costos de fun­cionamiento de la entidad y lo restante iba en beneficio a ese oficial.

El servidor público de­claró que había alrede­dor de 30 o 40 Oficialías que tenían ingresos supe­riores al mes de más de RD$800,000 y, en algu­nos casos, superando los RD$2,000,000 mensuales.

Al momento de poner­se en marcha lo establecido por el reglamento someti­do, el primer año se produ­jo un ingreso anual, por ese concepto, de RD$600 mi­llones y al año 2016 ya esa cifra iba por RD$1,200 mi­llones por esas actividades de autogestión.

Expuso que, en el ca­so de los consulados, exis­ten algunos que funcionan bajo el mismo criterio, po­niendo como ejemplo los de Nueva York, Madrid, Barce­lona y los de Haití, donde de cierta manera operan la “discrecionalidad, regula­rización y de total autono­mía” sobre los fondos, los cuales son aportados por el ciudadano.“Son fondos pú­blicos que se manejan de manera privada y que se utilizan con el único propó­sito de favorecer a alguien”, señaló Rosario.

Voluntad política
Igualmente, puntualizó que el gobierno actual había prometido en la campaña que, de asumir la dirección del Estado, resolvería y eli­minaría esos “privilegios” y los convertiría en ingresos públicos, pero que no existe voluntad política.

Lo cual, en el caso de que ocurriese, se mejoraría el servicio civil que ofrecen los consulados y los ciuda­danos recibirían un me­jor servicio y más barato. Criticó, también, que ac­tualmente República Do­minicana tiene el servicio consular más caro de Amé­rica Latina.

Y alegó que la Constitu­ción pone a cargo del pre­sidente el control y la dis­posición de las políticas del exterior, tanto desde el ám­bito administrativo como el funcional. “Solo basta con un decreto del presidente o con una decisión que emita la dirección del Mirex para que eso se regularice igual que lo hizo la JCE”.

“Cuando yo sometí el reglamento, nadie me lo pidió, nadie lo exigió, sim­plemente había la volun­tad política de disminuir los costos a los ciudada­nos, de facilitar la vida de estos y eficientizar ese ser­vicio”, comentó Rosario.

SEPA MÁS
Los resultados.
Rosario dijo que gracias a esos ingresos, el 98% del papeleo que era ma­nual ahora el 100 % está automatizado, mientras el patrimonio de la JCE aumentó “sustancial­mente” y casi todas las oficinas en el interior del país fueron construidas con los recursos que pro­vinieron del pago de los ciudadanos.

Control de ingresos.
Dijo que así como lo hi­zo la JCE en 2007, lo puede hacer el Mirex ahora, y emitir una re­solución o un reglamen­to que la ley orgánica le permite, asumiendo el control de esos ingresos.

Las lluvias continúan causando estragos a importantes sistemas de abastecimiento de agua potable en el país, donde hay fuera de servicio 33 acueductos.

Así lo reportó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), al explicar que los daños a los acueductos mantienen a 308,763 personas sin el servicio de agua en sus hogares.

Frente a este panorama, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que las condiciones del tiempo sobre República Dominicana, hasta el momento, no presentan cambios significativos por la incidencia de una vaguada que se ha mantenido sobre el país, dejando acumulados de lluvias importantes.

“Seguiremos bajo los efectos de la vaguada y se pronostican en horas de la tarde, nublados con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre diferentes poblados del noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y algunos sectores de la zona fronteriza”, precisa el informe.

Explica que la vaguada mantendrá humedad e inestabilidad para las próximas 36 horas. Se espera que los niveles de humedad vayan disminuyendo permitiendo que las lluvias sean menos frecuentes con relación a los días pasados.

Las alertas

Fruto de las lluvias caídas y las que se esperan, el  Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a 28 el número de provincias bajo alerta, de las cuales 16 permanecen en alerta amarilla y 12 en verde.

Estas medidas fueron emitidas para prevenir daños a causa de las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

Las provincias bajo alerta amarilla son Hato Mayor, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona

El Seibo, Santiago Rodríguez, La Romana, San Pedro de Macorís y La Altagracia

Mientras que en alerta verde están San Juan de La Maguana, Sánchez Ramírez, Peravia, Azua, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Samaná, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde y Duarte.

Todas las provincias citadas están bajo alerta meteorológicas también.

“Se les recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además de no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen”, advierte el informe.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que la propuesta de reforma constitucional del Gobierno será reintroducida en la próxima reunión de la mesa temática de transparencia e institucionalidad del diálogo de las reformas, la cual es coordinada por el Consejo Económico y Social (CES).

Esa próxima reunión está pautada realizarse el miércoles cinco de mayo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM).

Justo antes del asueto de la Semana Santa, tanto el propio consultor como el portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa, habían adelantado la reintroducción de la propuesta y que la misma sería discutida en la mesa con la “presencia o no” de los partidos que se retiraron de los debates en rechazo a la posible modificación de la Carta Magna.

Esos partidos fueron los opositores de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo y sus representantes en esa mesa manifestaron que esa posición del Gobierno es “inoportuna” e “innecesaria”.

Representantes de esos partidos le han señalado en reiteradas ocasiones al LISTÍN DIARIO que no volverían a formar parte de esas discusiones, lo que significaría que esas posibles modificaciones podrían llegar al Congreso Nacional.

Las discusiones de la reforma constitucional en la mesa temática de reforma e institucionalidad habían sido suspendidas, \”hasta nuevo aviso\”, luego del retiro de la oposición política de los debates.

Abinader señaló a inicios del mes de marzo que estaba dispuesto a sentarse a dialogar con los líderes de esos partidos y recalcó que no busca un beneficio “político”, sino “fortalecer” la institucionalidad del país, sin embargo ninguno de esos encuentros ha sido realizado.

La pieza propone la modificación de las atribuciones del Procurador General de la República, comenzando por cambiarle el nombre a “Fiscal General”, además de delimitar que los aspirantes a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las Altas Cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección y unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, para que las mismas sean celebradas el tercer domingo del mes de mayo del año electoral.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que las tropas rusas han matado a un total de 1.126 civiles, al menos 40 de ellos menores, en la región de Kiev desde el comienzo de la guerra iniciada por Rusia a finales de febrero.

En un discurso ante el Parlamento portugués, Zelenski ha subrayado que el horror de la ciudad de Bucha célebre tras conocerse la matanza de civiles al abandonarla las tropas rusas también se puede presenciar en ciudades como Chernígov, Sumi o Járkov, así como en otras regiones donde han estado presentes las Fuerzas Armadas de Rusia.

El mandatario ha sacado el ejemplo de Yahide, una localidad de la región de Chernígov donde los soldados rusos \”llevaron a todos los ciudadanos al sótano de la escuela y los mantuvieron allí durante semanas\”.

\”Es una pequeña escuela de pueblo, un pequeño sótano en el que murieron unas diez personas solo por asfixia. El niño más pequeño en el sótano tenía tres meses y el mayor tenía 93 años. En total, allí había unas 400 personas\”, ha explicado Zelenski, según recoge la agencia Ukrinform.

También ante el Parlamento portugués, el presidente ucraniano ha acusado a Rusia de \”deportar\” a más de 500.000 ciudadanos de Ucrania hacia regiones \”remotas\” de los países euroasiáticos.

\”Los ocupantes rusos ya han sacado al menos a 500.000 de nuestros ciudadanos del territorio que han ocupado. Había gente, y no hay ninguna (…) Esto es deportación, esto es lo que hicieron los peores regímenes totalitarios del pasado\”, ha zanjado Zelenski.

El presidente ruso Vladimir Putin declaró la victoria el jueves en la batalla por Mariúpol a pesar de que se calcula que unos 2.000 combatientes ucranianos siguen atrincherados en una gigantesca fábrica de acero, y ordenó a sus soldados que no ataquen el bastión sino que lo aíslen “para que no pase ni una mosca”.

Putin expresó su preocupación por la vida de los soldados rusos al decidir no enviarlos a desalojar la extensa planta siderúrgica de Azovstal, donde los acérrimos defensores se ocultan en un laberinto de pasillos subterráneos.

El mandatario hizo sus comentarios en un momento en que imágenes satelitales mostraron más de 200 nuevas tumbas dentro de un pueblo donde, según las autoridades ucranianas, los rusos han estado enterrando a los residentes de Mariúpol que han fallecido en los combates. Las imágenes, procedentes de Maxar Technologies, muestran largas hileras de tumbas que se extienden desde un cementerio ya existente en el poblado de Manhush, en las afueras de Mariúpol.

El alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, acusó a los rusos de “ocultar sus crímenes militares” al llevarse los cuerpos de los civiles de la ciudad y enterrarlos en Manhush.

Después de casi dos meses de bombardeos letales que han reducido en gran medida a Mariúpol a unas ruinas humeantes, las fuerzas rusas parecen controlar el resto de la estratégica ciudad del sur, incluido su vital puerto, el cual se encuentra muy dañado.

Pero unos pocos miles de soldados ucranianos, según estimaciones de Moscú, han resistido obstinadamente durante semanas en la planta siderúrgica, a pesar de los ataques de las fuerzas rusas y de las repetidas exigencias para que se rindan. Unos 1.000 civiles también están atrapados allí, según funcionarios ucranianos.

En lugar de enviar soldados para acabar con los defensores en un asalto frontal potencialmente sangriento, Rusia parece tener la intención de mantener el asedio y esperar a que los combatientes se rindan cuando se queden sin alimentos o municiones.

Boychenko rechazó cualquier idea de que Mariúpol haya caído en manos rusas.

“La ciudad era, es y sigue siendo ucraniana”, declaró. “Hoy nuestros valientes guerreros, nuestros héroes, están defendiendo nuestra ciudad”.

La toma de Mariúpol representaría la mayor victoria del Kremlin hasta ahora en la guerra de Ucrania. Ayudaría a Moscú a asegurar una mayor parte de la costa, a completar un puente terrestre entre Rusia y la península de Crimea —de la que se apoderó en 2014— y a liberar más fuerzas para unirse a la batalla de mayor tamaño y potencialmente mayores consecuencias que se está librando por el Donbás, el corazón industrial del este de Ucrania.

En una comparecencia conjunta con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, Putin declaró: “La finalización de los trabajos de combate para liberar Mariúpol es un éxito”, y felicitó a Shoigu.

Shoigu pronosticó que la planta siderúrgica podría ser tomada en tres o cuatro días, pero Putin dijo que eso sería “inútil” y pondría en riesgo vidas rusas.

“No hay necesidad de subir para meterse a estas catacumbas y arrastrarse bajo tierra a través de estas instalaciones industriales”, señaló el mandatario ruso. “Bloqueen esta zona industrial para que no pase ni una mosca”.

La planta cubre 11 kilómetros cuadrados (4 millas cuadradas) y cuenta con unos 24 kilómetros (15 millas) de túneles y búnkeres.

“La agenda rusa ahora no es capturar estos lugares realmente difíciles donde los ucranianos pueden resistir en los centros urbanos, sino intentar capturar territorio y también rodear a las fuerzas ucranianas y declarar una gran victoria”, dijo el contralmirante británico retirado Chris Parry.

Desde hace semanas, funcionarios rusos han dicho que capturar la región del Donbás, mayoritariamente de habla rusa, es el principal objetivo de la guerra. Las fuerzas de Moscú abrieron la nueva fase de los combates esta semana a lo largo de un frente de 480 kilómetros (300 millas) desde la ciudad nororiental de Járkiv hasta el Mar de Azov.

Aunque Rusia continuó con sus intensos ataques aéreos y de artillería en esas zonas, no pareció ganar terreno significativo en los últimos días, según analistas militares, que dijeron que las fuerzas de Moscú seguían intensificando la ofensiva.

Un alto funcionario de defensa estadounidense, que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la evaluación del Pentágono, dijo que los ucranianos estaban obstaculizando el esfuerzo ruso para avanzar hacia el sur desde Izyum.

Varios cohetes cayeron sobre un barrio de Járkiv el jueves, y al menos dos civiles murieron quemados en su coche. Una escuela y un edificio residencial también fueron alcanzados, y los bomberos intentaron apagar un incendio y buscar si había alguien atrapado.

Mientras tanto, naciones occidentales se apresuraron a enviar armas pesadas a Ucrania para ayudarla a contrarrestar la ofensiva en el este.

El presidente estadounidense Joe Biden anunció ayuda militar adicional por 800 millones de dólares, que incluye artillería pesada, 144.000 cartuchos y aviones no tripulados. Pero también advirtió que los 13.600 millones de dólares aprobados el mes pasado por el Congreso para ayuda militar y humanitaria están “casi agotados” y se necesitarán más.

En total, se cree que más de 100.000 personas están atrapadas con poca o nada de comida, agua, calefacción o medicinas en Mariúpol, cuya población antes de la guerra era de unos 430.000 habitantes. Más de 20.000 personas han muerto en el asedio, según las autoridades ucranianas.

La ciudad ha acaparado la atención mundial por ser el escenario de algunos de los peores sufrimientos de la guerra, incluyendo ataques letales sobre un hospital de maternidad y un teatro.

El diputado nicaragüense Wilfredo Navarro cargó este jueves contra el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien llamó \”gorila\” porque supuestamente pretende desconocer una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los derechos de Nicaragua en el mar Caribe.

\”Hoy Colombia está tratando nuevamente de desconocer ese derecho soberano de Nicaragua, que nos reconoce la Corte Internacional de Justicia y está pretendiendo desconocer la sentencia\”, señaló Navarro ante el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) durante una sesión ordinaria.

El presidente Duque aseguró este jueves que su Gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el mar Caribe, ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Duque reaccionó así luego de conocer el nuevo fallo de la CIJ que consideró que Colombia ha violado \”la soberanía y la jurisdicción\” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses y le ordenó \”cesar de forma inmediata\” su conducta.

\”Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia\”, manifestó Duque en una declaración desde la isla de San Andrés, acompañado por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, la cúpula militar y policial y otras autoridades.

Navarro, un liberal disidente aliado de los sandinistas, criticó a los Gobiernos colombianos \”que han estado, en el pasado, hablando de cumplimiento de respeto a los derechos humanos\” y \”son los primeros en violentarlo, al provocar esta situación donde desconocen un fallo internacional\”.

\”El tribunal del mundo tendrá que juzgar a Colombia por su desconocimiento, su afán, su soberbia y las actitudes del gorila presidente de Colombia que no solo desconoce los fallos internacionales, sino que violenta día a día los derechos humanos de los colombianos\”, continuó Navarro.

\”¿Será el gorila Duque defensor de los derechos humanos cuando está incumpliendo una sentencia que está dada por el máximo tribunal de justicia internacional?\”, prosiguió.

\”CONTUNDENTE VICTORIA\” DE NICARAGUA

Durante la sesión parlamentaria, los diputados sandinistas catalogaron de \”contundente victoria\” para Nicaragua la resolución de la CIJ.

\”La Haya sigue dándole la razón histórica a Nicaragua y a la revolución nicaragüense\”, celebró el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

\”Nicaragua entera logró una contundente victoria en la Corte Internacional de Justicia\”, dijo, por su lado, el diputado sandinista Adolfo Pastrán.

Pastrán observó que la CIJ resolvió \”que Colombia efectivamente violó la soberanía de Nicaragua\”. Ha mandado, añadió, \”detener esas acciones de agresión contra la soberanía de nuestro país y la intervención ilegal en los territorios marítimos que nos corresponde desde la sentencia de noviembre de 2012\”.

La zona del mar Caribe que Colombia no quiere reconocer a Nicaragua, asegura el legislador, \”es muy importante para nuestros intereses y nuestro derecho, por ser zona exclusiva económica donde hay muchas riquezas pesqueras y posible de hidrocarburos\”.

\”Esta es una victoria importante, legal, de Nicaragua, ejerciendo el derecho internacional y ha dejado en claro que Colombia ha violado nuestra soberanía y la tiene que respetar\”, remarcó.

El fallo de este jueves tiene sus orígenes en una sentencia de la CIJ emitida el 19 de noviembre de 2012, por la que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

Nicaragua denunció entonces ante la CIJ, con sede en La Haya, que Colombia había violado el derecho internacional por no aplicar esa sentencia porque su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden y el Gobierno colombiano expidió el decreto que estableció una \”zona contigua integral\”.