Author: Carlos Manuel Bueno Bueno

La Policía Nacional usará masivamente un sistema de depuración mediante una plataforma tecnológica que le permitirá conocer el estatus delictivo de las personas en el mismo lugar donde son retenidas.

En el Sistema Integral de dirección, mando y control (Constantino), creado por el general Juan Gerónimo Brown Pérez, “se registran las denuncias presenciales o telefónicas, los  reportes policiales, las alteraciones al orden público, los informes de inteligencia, las diligencias preliminares de las investigaciones, los procedimientos policiales y los sometimientos ante el ministerio público, permitiendo su verificación  y documentación desde el lugar de los hechos”.

La utilización del sistema fue dispuesto por el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, como parte “del proceso de transformación institucional que impulsa el presidente Luis Abinader”.

Con esta herramienta tecnológica se podrá hacer depuración de cédulas, vehículos, armas de fuego, rostros y huellas dactilares, así como el mapeo del delito.

“Se trabaja sin descanso en la adquisición de equipos y softwares que permitirán optimizar las distintas bases de datos sobre hechos delictivos, lo cual permitirá mejorar la prevención”, dijo el general Then.

Sostuvo que las herramientas tecnológicas serán aplicadas para investigar todos los delitos que se registren en el país, ya que de esta manera se permite agilizar los procesos.  Se destaca que con el soporte tecnológico se busca tener un registro actualizado con fotografías biométricas, huellas, tatuajes y señas particulares de personas que cometen delitos.

Además, no será necesario viajar a la capital para denunciar un robo de vehículo, sino desde donde se produzca.

UTILIDADES
El sistema integra las querellas recibidas por las fiscalías, las órdenes de arresto, de conducencia, de alejamiento y de protección, emitidas por los jueces de la instrucción, combinando todo esto con el registro civil, el registro de vehículos de motor de la DGII, de licencias de conducir, de armas de fuego, telefónicos y otras fuentes de información policial.

A un mes de los conflictos y agresiones que se esce­nificaron en el canódromo “El Coco”, los ciudadanos que asisten a buscar sus vehículos aseguran que desde entonces los servi­cios han mejorado en cali­dad y velocidad.

“Parece que tenía que pasar eso (refiriéndose a la agresión policial) para que atendieran a uno más rápi­do”, expuso Andrés Encar­nación, quien no pudo lle­varse su carro la mañana de este miércoles por falta de documentación.

Al igual que Encarna­ción, otros de los presen­tes, que entraban y salían sin esperar mucho en la puerta del centro de reten­ción vehicular de la Direc­ción General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coin­cidieron en que el cambio de administración “agilizó las cosas”.

Hansel Cuevas, por ejemplo, explicó que su motor tenía dos meses re­tenido en “El Coco” y lo consiguió después de va­rios viajes.

Mientras desempolvaba la motocicleta y evaluaba su estado, Cuevas detalló que las autoridades le despoja­ron del vehículo luego de ir a reportar un accidente de tránsito.

“Yo fui disque a repor­tarlo y me quitaron el mo­tor”, indicó, al tiempo que señaló que fue por medio de los videos del encon­tronazo en el que agentes de la Digesett agredieron al titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a periodistas del Listín Dia­rio y CDN que pudo hallar su motor entre los cientos apilados.

“Yo lo vi y lo ubiqué de una vez”, dijo entre risas.

Otro que llegó tempra­no al canódromo a buscar una de las unidades fue Ri­cardo Vicente, quien junto a su hermano procuraba una motocicleta detenida desde hace cuatro meses.

Vicente argumentó que “no había suerte con la mu­jer que había (la anterior encargada del lugar, coro­nela Ysbelita de los Santos Pérez, destituida tras el con­flicto)”, por lo que rescatar “cualquier vehículo era una lucha”.

“Esa mujer era el… y le hablaba mal a todo el mun­do”, puntualizó.

Asimismo, destacó que la anterior dotación que junto a De los Santos Pérez tenía a su cargo “El Coco” sustraían los motores de quienes iban a acompañar a otros ciuda­danos a recuperar los suyos.

“Ellos decían que uno no se podía parar en la ori­lla y hasta te quitaban el motor y te lo metían para allá”, agregó.

Comisión
Por el momento, una comi­sión integrada por repre­sentantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Po­licía (MIP), el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacio­nal de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Di­gesett, examinan el estatus jurídico de todos los vehí­culos para posteriormente realizar una entrega “expe­dita” a los ciudadanos que muestren la documenta­ción que los acredite como sus legítimos propietarios.

El atropello
Entre las doce y la una de la tarde del 11 de abril pasado, la libertad de prensa en la República Dominicana sufriría un golpe porque lo que se consideraba una labor normal de la prensa para investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el Canódromo El Coco, se convirtió en una agresión, despojo de equipos de tra­bajo periodístico y golpeo físico a periodistas y el De­fensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Oficiales y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que retienen vehículos en el Canódromo El Coco impidieron violentamente la labor de la prensa y la inspección del Defensor del Pueblo.

Los policías golpearon con macanas, palo de golf y puños a los periodistas, lo que fue registrado por videos que inundaron los medios de comunicación y las redes sociales.

SEPA MÁS
Entrega vehículos
Será expedita
La comisión dijo que examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos retenidos y se realizaría una entrega “expedita” a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios.

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres agentes policiales implicados en la muerte de un barbero que fue detenido y agredido  mientras se encontraba en el destacamento del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.

El capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos; el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez enfrentan cargos criminales por la muerte  a golpes del barbero Richard Rafael Báez, indica un comunicado dado a conocer anoche por el Ministerio Público.

Los tres incurrieron en los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo, señala. En la solicitud de medida de coerción se establece que el pasado 21 de marzo, los imputados produjeron golpes mortales a la víctima.

Indica que los agentes policiales formaban parte de una patrulla motorizada que efectuaba un operativo preventivo en la comunidad El Semillero, del referido distrito municipal, en donde detuvieron a Báez.

Precisa que la víctima fue perseguida hasta su casa y que recibió múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de la vivienda, mientras gritaba y pedía auxilio a su padre para tratar de salvar la vida ante el ataque de los agentes policiales actuantes.

Mientras estuvo en el cuartel, la víctima denunciaba que los agentes le habían sustraído la suma de 30 mil pesos, cuya devolución exigía, pero a cambio recibía golpes de los agentes policiales, dice el Ministerio Público.

Los policías imputados llegaron incluso a trasladar a la víctima al Hospital de Cienfuegos, en donde una médico lo atendió pasadas las 6:00 de la mañana del citado día.

La doctora que lo evaluó, dice el informe, verificó que Báez presentaba laceraciones en el área temporal derecha y en ambos codos, por lo que presentaba dolor. Por esa razón, entregó al teniente Jerez Suarez una indicación para aplicar al paciente una antitetánica, una crema y analgésicos, así como una radiografía AP y lateral de cráneo, indicación que el imputado ocultó.

En cambio, regresaron al imputado a una celda del destacamento donde volvieron a golpearlo. Más tarde, lo presentaron al médico legista y ante el fiscal en la sede de la Policía Nacional y lo trasladaron al centro de detención que opera en el Palacio de Justicia de Santiago.

Estando en el centro del Palacio de Justicia Báez convulsionó y fue trasladado al Hospital Estrella Ureña, ubicado frente al edificio, de donde lo remitieron al Hospital Regional Cabral y Báez.

Mientras Báez estuvo vivo en el Cabral y Báez, y por diligencias del Ministerio Público, el médico legista Iván Joel Guzmán, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), realizó una evaluación del paciente que, al final, lamentablemente falleció producto de los golpes que le propinaron los imputados.

El Ministerio Público informó que el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio no ha podido demostrar en el juicio que se sigue en su contra cómo adquirió un apartamento de 495 mil dólares justo en el momento en que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) distribuyó los sobornos para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.

El exministro de defensa es enjuiciado por su vinculación a los sobornos junto al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las firmas 4D Business Group y Magycor.

La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el avance del proceso.

“En el día de hoy, la defensa de Peña Antonio realizó su discurso de clausura sin hacer referencia a los temas nodales que el Ministerio Público había presentado en las conclusiones anteriores”, detalló a miembros de la prensa a la salida de la sala donde el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce el caso.

Manifestó que “el Ministerio Público continúa firme en su solicitud al tribunal de que estos imputados sean condenados a una pena de 10 años y al pago de multas”.

Al ser cuestionada sobre si la empresa colabora con el proceso, la representante del Ministerio Público expresó: “La empresa Embraer se declaró culpable, pagó la multa que le fue establecida por el tribunal y en su momento entregó todos los elementos de pruebas pertinentes a este caso”.

En torno a que si existen elementos probatorios para condenar a los imputados, dijo que “el Ministerio Público aportó todas las pruebas, presentó todos los testigos y la batería de documentos que acreditan la acusación y que conducirán a una condena contra  todos los imputados”.

Al presentar sus conclusiones formales, el Ministerio Público pidió el pasado martes al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, ha solicitado el pago de una multa consistente en US$7 millones.

También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.

El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el caso que conocen en esta etapa las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera.

El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.

Por este caso de corrupción administrativa, la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.

Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.